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Las hipótesis del crimen

Por: Agencia Freelance, {{ dateString(fecha_noticia) }}

Investigaciones

La Paz, México.- Cuando el ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE), fue asesinado la mañana de hoy, Carlos Palos Arocha estaba a escasos 500 metros de una comandancia del Mando Mixto a cargo de la Policía Estatal Preventiva.

Los cuatro homicidas que presuntamente participaron en la ejecución –según los primeros testimonios—ya lo estaban esperando a bordo de un automóvil de color blanco VW Jetta.

Los asesinos aguardaban desde muy temprano estacionados en una esquina del lado de la comandancia policiaca, localizada en la calle de Insurgentes entre Coromuel y del Tesoro en el exclusivo Fraccionamiento Benito Juárez, cuando observaron que salía alrededor de las 9:35 de la mañana de su residencia particular.

El abogado salió y subió a su automóvil de color gris VW Jetta, y cuando estaba sentado en el asiento del piloto –de acuerdo a testigos—llegó repentinamente el automóvil de los agresores, colocándose justamente en la parte frontal del vehículo de la víctima.  

Posteriormente, uno de los ocupantes, sacó un arma de fuego y empezó a disparar en su contra, logrando pegar tres tiros en la espalda y uno más en la cabeza.

Después del ataque al estilo de la mafia, el cuerpo del abogado, yacía en el piso del copiloto entre el asiento derecho y el tablero, lo que –según un perito de la PGJE—denota que la víctima alcanzó a ver el rostro de los criminales e intentó evadir los disparos de arma de fuego.

En la escena del crimen –y tras consumarse el asesinato—únicamente pudieron verse dos mujeres: una mujer que lloraba y caminaba alrededor del carro, y una abogada con crisis nerviosa, y las cuales fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil.

Durante una entrevista exclusiva con Metrópoli, el Procurador General de Justicia del Estado, Palemón Alamilla Villeda, informó que el abogado Carlos Palos Arocha, había desempeñado un sinnúmero de cargos desde el 2011 dentro de la institución.

Primeramente fue Agente del Ministerio Público del Fuero Común, después subdirector de Dictámenes, posteriormente subprocurador de Control de Procesos, y luego subprocurador de Averiguaciones Previas hasta finalmente ser separado de su cargo el 30 de octubre de 2015.

En la entrevista, el Procurador no dijo cómo y porqué fue dado de baja, pero confirmó que hasta antes de ser asesinado el abogado no había presentado alguna denuncia penal que hiciera suponer que estaba amenazado de muerte.

Por ahora, y de acuerdo a las primeras pesquisas, las principales hipótesis son las siguientes:

La primera vinculada a un grupo de la delincuencia organizada rival del ex jefe de la plaza del narcomenudeo en Cabo San Lucas, Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, en virtud de que la víctima estaba defendiendo al ex jefe criminal, después de haber sido vinculado en un proceso penal, derivado de un investigación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).

La segunda ligada al grupo criminal que comandó el propio Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, y quien pudo haber tomado venganza contra el litigante por haber fallado en el proceso de liberación del ex líder criminal.

La tercera asociada a un quebrando de 21 millones de dólares en el Hotel Finisterra de Cabo San Lucas, y donde la víctima defendía en el proceso penal al empresario Luis Alberto Coppola Jofroy, sobre las acusaciones presentadas por el Representante Legal de Inversiones “El Vigía, S.A de C.V”, Jesús Gilberto Ortiz Yarahuán.

 

Caso “El Babay”

El ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJE, Carlos Palos Arocha, se puso en la mira de la mafia desde el 27 de junio pasado, cuando fue registrado oficialmente como el abogado defensor del ex jefe de la plaza del narcomenudeo de Cabo San Lucas, Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, después de haber sido capturado el 19 de junio pasado en un operativo por efectivos de la Secretaría de Marina.

El ex funcionario estatal habrían logrado la liberación del jefe criminal, cuando en el caso bajo el número de expediente 96/2017 del Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, acreditó que su cliente no había sido detenido en la vía pública, tal y como oficialmente informó en un comunicado de prensa la Secretaría de Gobernación,  sino dentro de su domicilio particular en el exclusivo Fraccionamiento de El Pedregal de Cabo San Lucas, lo que valió que fuera puesto en libertad por presuntas violaciones en el debido proceso.

Sin embargo, después de la orden del juez Eduardo Velazco Treviño, cuando Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, salía del Centro de Justicia Federal, volvió a ser detenido por efectivos de la Secretaría de Marina, tras ser ejecutada una orden de aprehensión.

El juez de la causa consideró que había elementos para detenerlo y trasladarlo de La Paz hasta la Ciudad de México, y donde fue declarado por un Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO.

 

Caso Coppola

En el caso del empresario Luis Alberto Coppola Jofrroy, el abogado Carlos Palos Arocha, libraba una batalla legal contra sus propios familiares, después del hallazgo de un supuesto quebrando de 21 millones de dólares en el Hotel Finisterra de Cabo San Lucas.

El ex funcionario estatal derivado de sus contactos en la PGJE, había logrado amparar a tiempo a su cliente, a fin de que no fuera detenido cuando fue informado discrecionalmente de la liberación de una orden de captura en contra de Coppola.

Todo empezó cuando el Representante Legal de Inversiones “El Vigía”, S.A de C.V, Jesús Gilberto Ortiz Yarahuán, presentó un denuncia penal y expuso que los anteriores consejos de administración alteraron el contrato original firmado en enero de 2008 sobre el arrendamiento del Hotel Finisterra, cuando el presidente del Consejo de Administración –en ese tiempo—era Alberto Guisseppe Coppola Joffroy.

El abogado presentó el contrato original, y donde el grupo Inversiones “El Vigía”, S.A de C.V y Desarrolladora Naajal, S.A de C.V., firmaron un contrato de arrendamiento de 20 años, y donde se pactó un pago de un millón 280 mil dólares.

No obstante, el representante legal, argumento un quebrantó de 21 millones de dólares, porque –según el—“los anteriores consejos de administración, habían firmado y autorizado bajar el precio de la renta de una manera drástica”. Enseguida –y según el expediente-- entregó la copia de dos convenios más.

El primer contrato fechado el primero de enero de 2009, y el segundo el 31 de diciembre de 2010.

En los convenios, y por acuerdo de ambas partes, la renta quedó de la siguiente manera:

1.- 480 mil dólares anuales en el 2009.

2.- 400 mil dólares anuales en el 2010.

El argumento –según el expediente—es que los inversionistas españoles, tras haber recibido físicamente el control del desarrollo turístico, levantaron un estudio e hicieron una inspección física de las instalaciones por parte de especialistas, y determinaron que el Hotel Finisterra, debía ser reparado y remodelado incluso construirían nuevas instalaciones, y por lo que invertirían aproximadamente 20 millones de dólares. Por lo que –entonces-- acordaron con el Consejo de Administración encabezado por Alberto Guisseppe Coppola Joffroy, bajar el precio de la renta. De otra manera, cancelarían y se irían.

La primera vez, la renta pasó de un millón 280 mil a 480 mil dólares anuales, es decir, casi 800 mil dólares de diferencia.

La segunda vez, el arrendamiento bajo de 480 mil dólares anuales a 400 mil dólares, es decir, alrededor de 80 mil dólares anuales.

Lo anterior, por obvias razones levantó sospechas de todos los socios, sobre todo del propio ex senador del PAN, Luis Alberto Coppola Joffroy, y quien en septiembre de 2006, renunció a la presidencia del Consejo de Administración de Inversiones “El Vigía”, S.A de C.V, y dejó en su lugar a su hermano Alberto Guisseppe, en virtud de que el primero de septiembre de 2006, tomaría protesta como Senador de la República, y estaría en el cargo hasta el 29 de agosto de 2012.

Los convenios prácticamente se firmaron durante la ausencia del ex legislador, y quien al darse cuenta –tras dejar el cargo en el Senado de la República—solicitó una reunión urgente del Consejo de Administración, y destituyó a su hermano, Alberto Guisseppe, volviendo entonces a asumir el cargo de presidente.

Obviamente, el caso generó una fractura en la familia Coppola Joffroy, lo que desencadenó la destitución de Luis Alberto Coppola Joffroy como presidente, y el nombramiento de un nuevo presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración.

Los hermanos del ex senador, Mario y Elionora se unieron a los Aréchiga, y pesar de ser minoría de forma particular, y juntando sus acciones alcanzaron a reunir el 67.16% del control de la compañía, y por ende, comenzaron a tomar decisiones y dirigir el grupo de Inversiones “El Vigía”, S.A de C.V.

Casi tres años después, es decir, el 15 de enero de 2015, el nuevo consejo presentó una denuncia penal, y responsabilizó del quebranto a los siguientes:

1.- Luis Alberto Coppola Joffroy.

2.- Alberto Guisseppe Coppola Joffroy.

3.- Martha Judith Avila Romero, secretaria del ex senador.

4.- Mireya Beltrán Castro.

5.- Germán Daniel Argueso Mendoza.

6.- José Rafael García Castro.

Sobre estos hechos, los hermanos del ex senador panista, Mario y Elionora, fijaron una postura al respecto.

Confirmaron que efectivamente un grupo de inversionistas de la empresa Inversiones “El Vigía, S.A de C.V”, entre los que están Elionora, Mario, incluso el propio Luis Alberto de apellido Coppola Joffroy, acordaron en una asamblea de sociedad, entablar ante las autoridades correspondientes, las acciones legales que fueran necesarias por haber advertido hechos que pudieran haber constituido el delito de administración indebida en la que lamentablemente resultaron involucrados nuestros propios hermanos Luis Alberto y Alberto Guisseppe.

Los familiares del ex legislador expusieron que “hemos sido orillados a dar este paso al comprobar con sumo pesar, que incurrieron en diversas acciones deshonestas que han impactado severamente nuestro patrimonio”.

“Se ha expuesto con toda claridad en la denuncia presentada antes las autoridades,  los elementos probatorios de los ilícitos cometidos por Luis Alberto y Alberto Guisseppe. Esta es la verdad lisa y sana. Cometieron un delito y deben responder por el y reparar el daño”, transcribieron.

Los hermanos Coppola, lamentaron que “de manera dolosa estos personajes han iniciado una estrategia tendiente a desvirtuar los hechos y situarlos en el terreno político, queriendo involucrar autoridades y empresarios que no tienen relación en los hechos ilícitos”, por lo que expresaron que “no es de extrañar está actitud, pues quien se atreve a defraudar y robar el patrimonio  de sus propios hermanos, es capaz de cualquier cosa”.

“Luis Coppola se asume como víctima política queriendo involucrar al PAN, al gobierno del estado y a un empresario (Raúl Aréchiga Espinoza) que no es accionista de está empresa ni está involucrado en estas acciones”, señalan y agregan: “sería muy lamentable que esto le valiera para escabullirse de la aplicación de la Ley, pues en un Estado de Derecho, no valen amiguismos ni vínculos políticos”.

Comentaron que “Luis Alberto y Alberto Guisseppe, tienen expeditos sus derechos para demostrar su inocencia, de modo que estamos ampliamente informados de las acciones judiciales en su contra, en las que han actuado en los procedimientos ante las autoridades, no existen ninguna razón para que pretendan hacer uso de otros medios, cuando es ante las autoridades del caso, donde deben acudir en defensa de sus intereses”.

Finalmente, y por este caso, el Juez de la Causa había librado una orden de aprehensión en contra de Carlos palos Arocha, la cual no pudo se cumplimentada, en virtud de que se encontraba amparado hasta el día de su muerte.  


Asesinato, BCS, CarlosPalos, PGJE

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