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El responsable de la inseguridad

Por: Agencia Freelance, {{ dateString(fecha_noticia) }}

Investigaciones

La Paz, México.- Desde el 12 de enero de 2016, el secretario general del gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, es el responsable directo de “salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas”, después de que tomara el control de los cuerpos de seguridad municipales, cuando los alcaldes Armando Martínez Vega, Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante, Arely Peralta Arce y Cecilia López González, cedieran el control del poder de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Seguridad Pública de sus respectivos municipios a la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública.

Lo anterior quedó escrito y firmado en la estrategia denominada “Cuerpos Policiacos Coordinados en Baja California Sur”, y la cual no es otra cosa que la entrega del control de las policías municipales al famoso Mando Mixto, tal y como quedó transcrito en el “convenio de colaboración y coordinación en materia de seguridad pública”, celebrado entre el gobernador Carlos Mendoza Davis, el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo y el procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda, con los presidentes municipales de La Paz, Comondú, Los Cabos, Loreto y Mulegé.

Las presiones para tomar legalmente el control de la policía municipal, según datos recabados por Metrópoli, comenzaron desde que Álvaro de la Peña, empezó a venderse como el “súper secretario” que vendría a resolver el problema de inseguridad, requiriendo a los cinco alcaldes del estado, cabildeando con ellos, y finalmente convenciéndolos para que presentaran una iniciativa con Punto de Acuerdo al seno del cabildo y lograr que los regidores autorizaran la firma del convenio de “colaboración y coordinación” en materia de seguridad pública con el gobierno de Baja California Sur.

El convenio llamado “Cuerpos Policiacos Coordinados en Baja California Sur”, según consta en una copia en poder de este medio, es bastante explícito.

La clausula primera establece que “la Policía Estatal Preventiva, y con la rectoría del estado, establezca la dirección de las funciones de coordinación, manejo, operación, supervisión y de control de los cuerpos de seguridad pública, tales como la policía municipal y cualquier otro que por adenmun y de naturaleza análoga sea convenido su adhesión al presente convenio, en coordinación con el municipio”.

El principal propósito –de acuerdo al convenio—“es coadyuvar con la integración de los Cuerpos Policiacos Coordinador del Estado de Baja California Sur, a efecto de regular la actuación conjunta y coordinada de los elementos policiacos, a través de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, los cuerpos municipales de seguridad a cargo del municipio, y aquellos que se incorporen a los Cuerpos Policiacos Coordinados del Estado”.

La finalidad –según el convenido de colaboración y coordinación—es la siguiente:

a).- Salvar la integridad, derechos y bienes de la personas.

b).- Preservar la libertad, el orden y la paz pública, con estricto apego a la protección de los derechos humanos.

c).- Prevenir la comisión de infracciones administrativas y delitos.

d).- Combatir a la delincuencia, identificando los factores criminógenos.

e).- Investigar los delitos y perseguir a los probables responsables, conforme al marco legal aplicable.

f).- Optimizar la labor de las instituciones policiales en la prevención de infracciones administrativas y el combate a la delincuencia.

g).- Procurar la reinserción social de los sentenciados y de los adolecentes infractores.

h).- Orientar a las víctimas del delito y sus familiares respecto a sus derechos, buscando que reciban atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes.

i).- Apoyar a la población en casos de siniestro o desastres naturales.

j).- Generar entre la población la confianza en las instituciones de seguridad pública.

k).- Coordinar acciones con los diferentes ámbitos de gobierno para asegurar el cumplimiento de los mecanismos de colaboración.

l).- Prestar apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de seguridad pública.

m).- Homologar los protocolos de actuación policial, apegados a los establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad.

n).- Optimizar los recursos financieros, humanos, materiales y presupuestales que estén disponibles para el combate de la delincuencia, la prevención de los delitos, la protección civil y la participación ciudadana.

o).- Capacitar, profesionalizar y evaluar al personal operativo del municipio, por conducto de las autoridades estatales que desarrollan funciones de seguridad pública.

La clausula segunda –de acuerdo al convenio— transcribe el compromiso de “someter al mando del estado por conducto de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, al personal operativo y administrativo de los cuerpos de seguridad en el ámbito del convenio”.

En la clausula tres – según el documento—“el estado determinará la forma en que ejercerá el mando y como operará la estructura de la policía municipal, en términos del presente instrumento”.

El convenio –según la copia del documento-- tendrá una vigencia desde el 12 de enero de 2016, y hasta el terminó de la administración de los alcaldes Armando Martínez Vega, Arturo de la Rosa Escalante, Francisco Pelayo Covarrubias, Arely Arce Peralta y Cecilia López González.

Así, y tal como está estipulado en el convenio, los alcaldes quedaron jurídicamente fuera de toda responsabilidad en la “coordinación, manejo, operación, supervisión y de control de los cuerpos de seguridad pública”, en sus respectivos municipios, dando todo el poder a quien hoy en día resultó un verdadero fracaso, generando de paso un grave descaste político al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.

 

Las inconformidades

Desde el momento en que los agentes de la policía municipal supieron que Álvaro de la Peña Angulo, tendría el mando de todos los cuerpos de seguridad a través de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, comenzaron a brotar una serie de inconformidades.

La primera reacción surgió de la policía municipal de La Paz, cuando agentes protestaron por la llegada de Jesús Manuel Guzmán Flores, como director operativo y recomendado del entonces comisario de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Javier Moreno Montaño, y quien dicho sea de paso, fue separado de su cargo por presuntos vínculos criminales con delincuentes, y a petición de la Secretaría de Marina.

El nombramiento del ex agente de la Policía Estatal Preventiva, Jesús Manuel Guzmán Flores, cayó como un balde de agua fría en comandantes y agentes de la policía municipal paceña, lo que detonó una crisis al interior, teniendo que intervenir el entonces secretario general del XV Ayuntamiento de La Paz, Isidro Ibarra Morales.

Durante una entrevista con Metrópoli, el hoy ex secretario expuso que con “estos cambios vamos a tratar de eficientar los recursos desde el punto de vista administrativo (sic) y operativo aumentando la presencia de la policía municipal  (sic)”.

El entonces funcionario reconoció que “hay un problema serio de seguridad evidente en las calles”, y donde “el gobernador del estado y presidente municipal de La Paz, han tomado los acuerdos necesarios para poder establecer un plan de trabajo, una estrategia clara y sencilla y donde sea revisando el tema de los sectores y perfiles de los mandos que están trabajando en la policía municipal”.

--¿Usted cree que con todas estas medidas va a regresar la tranquilidad a la ciudad?, se le preguntó.

--Es mucho más integral el tema, yo creo que ustedes tienen una visión más clara de muchas cosas. Aquí el asunto es que necesitamos el apoyo en primer lugar de los elementos de la policía, y creo que hay que regresar al punto esencial de las cosas que es un sentido ético, sencillo y práctico, y el cual nos permita regresar la seguridad a todos, y todos los que estamos participando tengamos muy claro como va a ser esa estrategia y poder al final del día y regresar a la ciudadanía.

Sin embargo, a un año y 8 meses después de que los cinco alcaldes entregaron el control de la policía municipal al secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, el tema de seguridad es un reverendo fracaso.

 

Los vínculos

Un experto en el tema de delincuencia organizada consultado por Metrópoli fue explícito: “Por parte del gobierno del estado vemos que no hay estrategia ni plan ni ruta trazada que pueda ser susceptible de medición”, y fue más allá cuando textualmente citó: “el grupo de seguridad sigue perdido, sigo creyendo que la autoridad estatal no está siendo sincera, y no comparten información que por fuerza, poseen por ser el primer respondiente”.

El especialista consideró que “en realidad el estado no está colaborando decididamente y los resultados saltan a la vista”, desde la perspectiva de que “las áreas de seguridad no están siendo dirigidas por personas comprometidas, y con el perfil profesional y personal que los cargos requieren en estos momentos tan críticos”.

“Así no se pueden esperar resultados, y no los va haber, mientras no haya cambios en la Secretaría General de Gobierno”, lo que –según dijo—“podemos ver claramente cuando vemos como han matado ex servidores públicos que en su momento debieron combatir a los delincuentes, y resulta que algunos hasta en sus abogados se convirtieron”, tal es el caso de los siguientes:

1.- Samgar Gómez Reyes, nombrado interinamente subprocurador de Investigaciones Especiales por el Procurador General de Justicia del Estado, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, y ejecutado el 29 de junio de 2016.

2.- Juan Salvador Díaz Moreno, nombrado por el ex comisario de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Francisco Javier Moreno Montaño, como comandante del Grupo Especial de Operaciones de la PEP, y asesinado el 5 de abril de 2017.

3.- Luis Manuel Arellano Colomo, nombrado secretario privado por el ex comisario de la PEP, Francisco Javier Moreno Montaño, y asesinado el 7 de julio de 2017.

3.- Carlos Palos Arocha, ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJE, ejecutado el 23 de agosto de 2017.

“Los crímenes de funcionarios o ex funcionarios es una evidencia muy clara de realmente existe la relación entre servidores públicos y delincuentes”, opinó.

 

El deslinde

Durante los últimos días, el clima de la inseguridad particularmente en el municipio de La Paz, levantó una gran polémica por los dimes y diretes sobre la pregunta de ¿quién es el responsable de la seguridad pública en el municipio de La Paz?.

En el municipio de La Paz, según datos recabados por Metrópoli, se han cometido alrededor de 9 mil delitos, del 16 de junio de 2016 al 16 de junio de 2017, distribuidos de la siguiente manera:
1.- 5, 728 robos y asaltos
2.- 978 delitos de daños a la propiedad
3.- 830 de violencia familiar
4.- 758 de lesiones
5.- 495 de amenazas
6.- 178 asesinatos.

Lo anterior derivado principalmente de la falta de vigilancia, por lo que el director interino de la Policía Municipal de La Paz, Godofredo Contreras Figueroa, se desligó y fue claro: “en el convenio firmado entre el gobierno del estado y el municipio fue determinado que se crearía el Mando Mixto para atender los casos de seguridad pública, y el cual está a cargo desde la fecha de celebración de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, y quien tiene a su vez integrados a elementos de la policía municipal, bajo el mando de la subsecretaría del gobierno del estado”.

El funcionario explicó que la firma del convenio generó “derechos y obligaciones” en el tema de seguridad pública, siendo “contractuales” y “no hay excepciones en el convenio”, por lo que “tenemos que respetar las jerarquías y la decisión de quién quedo a cargo del Mando Mixto y sabemos que en este caso el responsable de la seguridad pública es la Policía Estatal Preventiva”.

El jefe policiaco dijo haber llegado al cargo, después de consumarse la firma del convenio de “Cuerpos Policiacos Coordinados en Baja California Sur”, no obstante, comentó que está debidamente enterado de que los agentes de la Policía Municipal están bajo el mando de comandantes de la Policía Estatal Preventiva, a pesar de que reciben su sueldo por parte del XV Ayuntamiento de La Paz.

Finalmente, Contreras, dijo que aparte de coadyuvar con las acciones de la Policía Estatal Preventiva, las facultades del gobierno municipal son exclusivamente las relacionadas a la vialidad, movilidad y transporte público.


AlvarodelaPeña, BCS, Inseguridad

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