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La hipótesis del crimen

Por: Agencia Freelance, {{ dateString(fecha_noticia) }}

Investigaciones

La Paz, México.- Cuando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho fue atacado y asesinado alrededor de las 6:57 de la noche del pasado 20 de noviembre, iba acompañado de su esposa, Silvia Lucero Castro, de 45 años, y de sus dos hijos, Fernando, de 20 años, y Silvia Marian, de 17.
Los criminales prácticamente lo estaban cazando, cuando salió de compras de la tienda Sears, localizada en la plaza comercial de Soriana Forjadores, se subió a su camioneta de color plata Ford Explorer, acompañado de su familia, y avanzó sobre el estacionamiento de Telcel a City Club, doblando por la calle Carabineros, y posteriormente incorporándose por el boulevard Luis Donaldo Colosio.

Cuando pasaba justamente la sede del Palacio Municipal de La Paz, y a escasa media cuadra del Hospital Militar, el ombudsman fue emboscado por un comando armado, en el cruce del boulevard Luis Donaldo Colosio entre avenida de los Deportistas y avenida Forjadores en la colonia ex pista aérea de la ciudad capital.
Los asesinos atacaron el vehículo del servidor público de 47 años de edad, abriendo fuego con armas largas contra los cuatro ocupantes, por lo que la camioneta último modelo, perdió el control, subió la banqueta del carril derecho y se detuvo contra la pared de un local de una plaza comercial de esa zona.

Posteriormente, uno de los atacantes, se bajó rápidamente con una pistola en mano, abrió la puerta trasera del lado del piloto, y dio el tiro de gracia al ombudsman sudcaliforniano, asegurándose así de que Silvestre de la Toba Camacho, quedará muerto, subió a la camioneta y huyó en compañía de sus tres presuntos cómplices, a bordo de una unidad Dodge Nitro, y la cual más tarde apareció quemada sobre el libramiento Santiago Oceguera.

Dentro del vehículo de las víctimas, quedó sin vida el presidente de la CEDH, Silvestre de la Toba Camacho, y su hijo, Fernando de la Toba Lucero, resultando herida de gravedad, la esposa Silvia Lucero Castro, con un disparo en la cabeza y el abdomen, y su hija, Silvia Marian, con un tiro en el rostro, tórax y costado izquierdo.

Lo anterior es el resultado de las primeras investigaciones oficiales, después de 48 horas de consumado el asesinato, obtenidas con base en evidencias recolectadas en la escena del crimen, grabaciones de cámaras de seguridad, y versiones de testigos obtenidas por agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

La hipótesis

La principal hipótesis en el artero asesinado del ombudsman hasta ahora —según las primeras investigaciones oficiales— es que se trata de una agresión diseñada y planeada para ser dirigida en contra del gobierno del estado de Baja California Sur.

La razón –de acuerdo al móvil del homicidio—es el intentó de acorralar y doblegar a la administración del gobernador Carlos Mendoza Davis, después de que tomara la decisión de militarizar la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial del Estado y Policía Municipal de La Paz, lo que de entrada, habría roto todo tipo de compromisos adquiridos por policías y mandos, vinculados con células de los grupos criminales en pugna.

Lo anterior quedó más que evidenciado en dos hechos --uno anterior y otro posterior-- al ataque armado del ombudsman que, según las investigaciones oficiales, están relacionados de la siguiente manera:

1.- El 31 de octubre pasado fue colgada una narcomanta en el kiosco del malecón costero de La Paz, y donde textualmente uno de los grupos delictivos en disputa, concedió “20 días para encuartelar a su bola de perros”, porque advirtió “empezara la limpia”, así que “rompan tratos y alinéense”.

2.- El día de hoy, 22 de noviembre por la madrugada fueron colgadas tres narcomantas con el siguiente mensaje: “Sr del gobierno, ya está más que demostrado que estamos trabajando en la limpia de todo lo que nos estorba, así que alinéense o correrán la suerte del ministerial y de Silvestre y su familia”.

El asesinato del presidente de la CEDH, y de acuerdo al análisis de un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública del Estado, sobrevino casualmente 20 días después de que fuera colgada la primera narcomanta en el kiosco del malecón costero, y la cual fue atribuida al mismo grupo que el día de hoy se adjudicó el ataque y homicidio de Silvestre de la Toba Camacho y de su familia.

Lo anterior viene a robustecer la principal hipótesis hasta este momento, y donde –según la versión de Lizeth Collins Collins, visitadora de la CEDH— el ombudsman “no tenía problemas con nadie”, porque jamás se caracterizó por ser un servidor público problemático o conflictivo, amén de que hasta donde se sabe “no tenía amenazas de muerte por la delincuencia organizada”, lo que de entrada descarta el ajuste de cuentas como móvil del homicidio.

Paralelamente, y un día antes del crimen del presidente de la CEDH, es decir, el 19 de noviembre fue asesinado el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Fernando Rojas Pérez, y el cual  habría sido el primero de la lista --según la narcomanta-- de "todo lo que nos estorba", y en caso de no "alineearse", otros servidores públicos "correrán la suerte".

Lo anterior --y según un experto en el tema de delincuencia organizada consultado por Metrópoli-- es prácticamente un "reto abierto", y a su vez, "el pateaguas para que el gobierno estatal actúe en consecuencia, porque de lo contrario, y si cede a las presiones criminales, estaríamos quebrantando el estado de derecho, y al borde de un estado fallido".

Lo que sí, y mientras se investiga el caso, es que la ejecución del ombudsman generó un cisma político de tal magnitud que derivo en lo siguiente:
1.- Calentar el ambiente político en víspera del proceso electoral, y donde se habrán de renovar 5 presidencias municipales en el estado, 16 diputaciones locales, 2 diputaciones federales y dos senadurías de la república.
2.- Generar una crisis en el gobierno de Baja California Sur, y donde los partidos de oposición, inmediatamente salieron a solicitar cuando menos la remoción del Procurador Palemón Alamilla Villeda, y del secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, y hasta la renuncia del gobernador Carlos Mendoza Davis.

3.- Atraer la atención de la opinión pública nacional e internacional.

 

Las reacciones

Dos horas y media después del artero asesinado del ombudsman, el primero en reaccionar fue el propio gobierno del estado de Baja California Sur, y quien por conducto del secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, condenó el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho y la agresión contra toda su familia, y aseguró que habrá un “castigo ejemplar” contra los responsables.

Durante una breve conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia del Estado, Palemón Alamilla Villeda, dio a conocer que el gobernador Carlos Mendoza Davis, había entablado comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de garantizar que se realizaría una investigación que permita esclarecer los hechos, y dijo que no tenía ningún inconveniente para recibir a los visitadores que decidan intervenir y conocer de primera mano el asunto y atender paso a paso la investigación realizada por la PGJE.

El propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, citó textualmente en un tweet: “El @gobmx respalda la valiosa labor de los ombudsman del país. La @PGR_mx apoyará a la @PGJEBCS en la investigación del condenable ataque a Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la CEDH de BCS, y a su familia. Mis condolencias para sus seres queridos”.

Lo mismo sucedió en el caso del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y quien al fijar su postura, manifestó su más amplia y enérgica condena del artero asesinado del ombudsman sudcaliforniano, exigiendo a las autoridades estatales y federales realizar una investigación a fondo para ubicar y detener a los asesinos materiales e intelectuales, a fin de que el homicidio no quede impune.

Después del artero ataque, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció que había ordenado activar todos los protocolos de seguridad para dar a la brevedad con los responsables del crimen.

Los presidente de las comisiones estatales de Derechos Humanos de distintos estados del país, también reaccionaron por el crimen, como es el caso de la representante de Nuevo León, Sofía Velazco Becerra; el de Puebla, Adolfo López Badillo; el de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén; el de Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega; el de Chiapas, Juan Trinidad Palacios; el de Hidalgo, José Alfredo Sepúlveda Fayad; el de San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinoza;  la de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos; el de Chihuahua, José Luis Armendáriz González y el de Coahuila, Xavier Diez de Urdanivia Fernández.


BCS, CEDH, SilvestredelaToba

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