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Sección: Opiniones

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Asuntos de Política

Por: Edgar García Colin, {{ dateString(fecha_noticia) }}

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Edgar García Colin

Edgar García Colin

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Ejecutivo corporativo y consultor en... Leer más

El Crimen Legal de Malova

La deuda que deja el gobierno del exgobernador Mario López Valdez por más de quince mil millones de pesos, es poco menos que un crimen, solo que totalmente legal. Y la pinza a este fraude la va a cerrar la actual legislatura con la complacencia del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en caso de que le aprueben la última cuenta pública que quedó pendiente de revisar del gobierno malovista. De aprobarse, ambos poderes van a demostrar que sobre endeudar a casi 3 millones de personas no constituye ningún delito, ni reviste acción legal alguna. Pudo Malova, y puede ahora Quirino endeudar 10 veces más al estado y estas acciones al parecer no pueden ser sancionadas legalmente.

Sin embargo, lo anterior constituye un crimen en toda la extensión de la palabra. Dejar sin medicinas asequibles, con equipos obsoletos o inservibles y sin pago a una buena parte de los trabajadores en los servicios de salud, es un crimen; Dejar a cientos de proveedores y sus familias, que durante mucho tiempo pusieron incluso de su bolsa para sacar adelante obra pública, servicios y otras prestaciones, sin el pago que les correspondía, es un crimen; Dejar a muchos de los trabajadores al servicio del estado y de la educación sin el pago que les corresponde, o “jinetearles” sus dineros es un crimen; Dejar las arcas del nuevo gobierno con apenas para cubrir ciertos gastos y paralizar la actividad económica de miles de personas es un crimen; Y, sobre todo, el crimen mayúsculo es dejar esa enorme deuda que no terminarán de pagar siquiera nuestros nietos.

Para desgracia de los sinaloenses, no existe legislación eficaz ni ley que se aplique o prevenga en lo formal este tipo de acciones. Es por ello que nada pudo detener la codicia de Malova. Y es aquí en donde aparecerán los esbirros del exgobernador  para decirnos que ahí están las cuentas, que ahí están “los comprobantes”, cuando todos sabemos que miles de facturas legales podrán comprobar los gastos que se quieran, pero eso de nada sirve a los ciudadanos. Al amparo del poder, cualquier gobierno puede despilfarrar fortunas públicas sin que esto represente un delito.

El crimen se constituye solo en el orden de lo moral, ya que en otras instancias no existe. Sin embargo, moral es precisamente lo que no tiene la clase política de Sinaloa y al parecer seguirá andando el mismo camino ya que, aunque va a pasar a una revisión más “exhaustiva”, es casi un hecho la aprobación de la cuenta pública del gobierno saliente por parte de los diputados locales ya que así está pactado desde el principio entre Malova y Quirino.

Ante estas nefastas tropelías, la sociedad está amarrada de manos a pesar de tratarse este tema de los recursos que todos los ciudadanos aportaron con su trabajo y el pago de sus impuestos. Solo el dispositivo de la manifestación pública puede modificar este asunto, como sucedió recientemente en Baja California que, gracias a la expresión y movilización multitudinaria de los ciudadanos, lograron echar abajo la Ley del Agua que propuso el gobernador Francisco “Kiko” Vega, la cual pretendía privatizar el servicio de distribución del vital líquido. En un hecho sin parangón reciente, los ciudadanos tomaron el congreso y en plena sesión obligaron a los diputados y al gobernador a recular en sus intenciones de transar con los intereses del pueblo.

Así pues, a Sinaloa le esperan tiempos muy difíciles. El narcotráfico y la violencia tienen en jaque a una población desconcentrada en su papel de entes vivos y generadores de cultura y se entretiene con banalidades que solo dan para pasar el rato. Los sectores productivos están cooptados por la misma clase política que los controla y son incapaces de defender siquiera sus propios intereses, como es el caso de la CMIC, los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos y otras organizaciones de la construcción, que solo observan detrás de la barrera como el gobierno fraudea a sus agremiados.

A pesar de todo, el estado sigue funcionando por la simple y sencilla razón de que la gente sigue trabajando y no deja de producir; el ciudadano sigue generando recursos para –a veces- sacar adelante a sus familias. De esto se aprovecha el gobierno y en su visión de tratar al pueblo como engranes indestructibles de “su maquinaria”, no tiene la menor intención de que el sistema cambie a favor del ciudadano o cuando menos que este empiece a ser diferente.

Ante todo esto, los ciudadanos no deben desdeñar la posibilidad de manifestarse y presionar por todos los medios a su gobierno. Ahí está el ejemplo de los bajacalifornianos y de tantos otros movimientos ciudadanos que han podido producir cambios tangibles en sus sistemas de gobierno. Definitivamente no es fácil, pero cuando el malestar ya es general, y cuando se ha llegado al límite del abuso, hasta el ciudadano más dócil se puede convertir en la punta de la flecha que dé en el hígado de la corrupción que tanto le aqueja.


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