La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, resolvió el ejercicio de la No Acción Penal contra Milena Quiroga, en el escándalo de corrupción del Caso Chayanne, observándose la mano del gobernador Víctor Castro, y la del ex procurador, Daniel de la Rosa Anaya.
Con una investigación deficiente, y un traje a la medida de Milena Paola Quiroga Romero, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, resolvió el ejercicio de la No Acción Penal en contra de la presidenta municipal de La Paz por el delito de peculado, desvió de recursos públicos y ejercicio indebido del servicio público, en el escándalo de corrupción del Caso Chayanne.
En el acuerdo firmado por el Coordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Juan Carlos Lupercio García, se lavó las manos para que antes de que el caso pase a la materia penal, primero sean agotadas otras instancias, como principio de definitividad y exhaustividad por considerar que existen aspectos de Derecho Administrativo que deberán agotarse por estar dentro de los órganos de control, como es la Contraloría Municipal de La Paz y la Contraloría General del Estado.
Es decir, el caso únicamente prosperará hasta que los órganos de control interno, pueda resolver, y entonces a su vez, se pueda dar vista a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para que, entonces sí, abra una Carpeta de Investigación.
Si en realidad, el Coordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en Baja California Sur, Juan Carlos Lupercio García, y el Fiscal Lennin Emiliano Ortiz Amao, tuvieran el compromiso real de combatir la corrupción, hubieran individualizado el caso.
Por un lado, el tema administrativo, dando vista a la Contraloría General del Estado, y por otro, iniciar la investigación de la conducta delictiva de la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, y la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Bertha Montaño Cota, después de que fue presentada una ampliación de la denuncia en la Carpeta de Investigación LPZ/8686/2024.
En resumen, según el contenido del acuerdo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, únicamente esgrimió la conducta delictiva de la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, llevándolo a la materia administrativa.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se apresuró a resolver el caso, después de la ampliación de la denuncia penal, cuando fue probado plenamente el delito de peculado, después de que presentar pruebas documentales de que el dinero utilizado en el pago del anticipo de Chayanne, salió de un crédito bancario etiquetado para ser destinado única y exclusivamente a “cubrir problemas de liquidez de carácter temporal”.
Sospechosamente, las pruebas documentales no fueron revisadas y menos valoradas, por lo que en un tiempo récord, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal, cuando su obligación constitucional era investigar.
El delito cometido por Milena Paola Quiroga Romero y Bertha Montaño Cota, se consumó desde el mismo momento en que ni el Cabildo ni el Congreso del Estado, aprobaron el gasto de la presentación del cantante Chayanne.
La derogación no aparece en el presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2024.
Peor aún.
La alcaldesa no pudo demostrar documentalmente en qué “programa social” fue incluida la contratación del cantante Chayanne, y en qué programa, según ella, tenía deficiencia presupuestaria.
La prestación de servicios del cantante ya fue consumada, porque el cantante Chayanne, ya se presentó .
El Acuerdo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción fue resuelto con un criterio para abrir el camino a Milena Quiroga Romero y desechar su culpabilidad, dejando únicamente la conducta delictiva de la titular de la Secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, en cuanto al peculado.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, debió invocar y dividir el tema administrativo y el tema penal.
Porque lo cierto es que existen elementos bastante sólidos de hechos administrativos y delictivos.
Desde luego que el Acuerdo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción evidentemente fue vendido para deslindar de toda responsabilidad a Milena Paola Quiroga Romero, y entregar a Bertha Montaño Cota, como la única culpable del delito de peculado.
En la determinación del Acuerdo imperó todo aquello que parece administrativo, y pretende hacer creer que la resolución fue con el criterio del buen derecho, empantanando el caso y no enfocarse en el tema del delito penal.
La resolución pareciera más una defensa a favor de Milena Paola Quiroga Romero, por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado, metiéndola al terreno administrativo, y sacándola de la materia penal.
En la resolución, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, no habló absolutamente nada de la ampliación de la denuncia penal, donde fue probada la conducta delictiva de la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, después de que transfiriera recursos etiquetados para cubrir una “insuficiencia de liquidez temporal”, en el pago de un espectáculo musical de un supuesto programa social que no está debidamente aprobado por el Cabildo y el Congreso.
No investigó el destino final de los 18 millones de pesos, como si expuso una y otra vez que la compañía Modaclean, S.A de C.V., recibió la adjudicación directa por tener un Contrato de Derecho de Exclusividad, firmado entre la compañía Modaclean, S.A de C.V., y la empresa representante del cantante Chayanne, denominada Chaf Enterprises, lo que es completamente FALSO.
La única compañía que posee los Derechos Exclusivos de Promoción y Contratación en México, es OCESA, tal y como pudo comprobarse en la cuenta oficial de Instagram del propio cantante.
En resumen, la Fiscalía fue a fondo en el tema administrativo, pero en el terreno penal, después de probarse plenamente el delito de peculado, no dijo nada y guardó silencio cómplice.
El Coordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Juan Carlos Lupercio García, fue literalmente omiso, porque de antemano supo que la conducta delictiva y los hechos realmente constitutivos de delito estaban en la ampliación de la denuncia.
De tal modo que, si la Fiscalía hubieran querido combatir la corrupción, divide desde ese momento el tema administrativo y el tema penal, iniciando la investigación contra Bertha Montaño Cota por el delito de peculado, y remite el expediente a la Contraloría General del Estado para que abra una investigación contra Milena Paola Quiroga Romero.
Desde luego que esta apresurada determinación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, violó un derecho fundamental establecido en el Artículo 17 de la Constitución, porque la Fiscalía, negó el acceso a la justicia.
No sabemos si lo hicieron porque hasta ahí les alcanzó o porque sabían que se puede combatir en los tribunales.
En la resolución se puede observar la mano del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pero mas la del ex procurador Daniel de la Rosa Anaya.
