Un día después de descalificarlo públicamente, Víctor Castro lamentó como una “cobardía” el homicidio del ex titular de la SADAI.
La Paz, Baja California Sur.– El asesinato de Bernardo Soriano Castro, ex subprocurador de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cimbró este miércoles a Baja California Sur y colocó en duda el discurso oficial del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien pasó de descalificar públicamente al exfuncionario horas antes a condenar su homicidio como “una verdadera cobardía”.
La mañana de este 25 de febrero, Soriano fue ultimado en un ataque directo en una brecha del fraccionamiento Hispania, al sur de la ciudad de La Paz. El hecho rompió, según el propio mandatario estatal, una racha de varios meses sin homicidios de alto impacto en la capital sudcaliforniana.
Presuntamente consternado, Castro Cosío lamentó el asesinato y aseguró que su administración tiene como prioridad absoluta esclarecer el crimen. “Nos toca investigar y dar con los responsables para que no queden impunes”, declaró. El Ejecutivo estatal informó sobre un despliegue tecnológico para revisar cámaras de videovigilancia y reforzar operativos, además de exhortar a la ciudadanía a aportar información a través del 089, la línea de denuncia anónima.
Sin embargo, el crimen no ocurre en el vacío político. La mañana del 24 de febrero, durante un evento militar, el gobernador arremetió públicamente contra Soriano tras su salida de la PGJE. El ex subprocurador difundió un video en el que acusó censura interna y cuestionó decisiones del procurador Antonio López Rodríguez, particularmente en torno a la atención a colectivos de búsqueda.
La respuesta del mandatario fue tajante: “El señor tenía siete años de subprocurador y ahora está pateando el pesebre… empezó a denostar a la institución que lo mantuvo varios años “.También calificó las críticas como producto de “resentimiento” y “odios “, señalando que cualquier inconformidad debió expresarse mientras Soriano estaba en funciones.
Dos semanas después de dejar el cargo, el exfuncionario fue asesinado. Hoy, el mismo gobernador sostiene que el Estado está “muy, muy interesado” en que el caso se esclarezca y envió condolencias a la familia.
El conflicto expuso fisuras internas en la Procuraduría. Soriano sostenía que su salida se debió a expresar opiniones sobre cómo mejorar la procuración de justicia. Además, criticó que la institución priorizara recorridos en colonias sobre reuniones con colectivos de personas desaparecidas.
El Gobierno estatal, por su parte, defendió la gestión del procurador López Rodríguez y exigió que cualquier señalamiento se hiciera con pruebas. El contraste entre ambas posturas no pasó inadvertido en la opinión pública. La narrativa oficial transitó en cuestión de horas de la confrontación política al luto institucional.
El homicidio de un ex alto mando especializado en delitos de alto impacto representa un desafío directo a la estructura de seguridad estatal. Más allá del discurso, el caso pone a prueba la capacidad de respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia PGJE.
Si bien el gobernador ha insistido en que no se tolerarán agresiones contra quienes han servido en la procuración de justicia, el contexto previo obliga a una revisión más profunda sobre el ambiente interno en las corporaciones.
Porque en un estado que presume estabilidad, el asesinato de un ex subprocurador no solo es un crimen; es un mensaje que demanda respuestas firmes, transparencia y rigor institucional.
El reto para el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío no será únicamente capturar a los responsables, sino sostener la credibilidad de su discurso frente a una opinión pública que hoy observa con lupa cada palabra y cada acción.
