El bloqueo en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos por las desapariciones de jóvenes obligó a las autoridades a reaccionar prometiendo que escucharan a las familias, pero la desconfianza sigue intacta.
La Paz, Baja California Sur.- Luego de horas de tensión, bloqueos carreteros y presión social que paralizó uno de los accesos clave al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, el Gobierno del Estado anunció la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional para atender de frente la crisis de desapariciones en el municipio.
El anuncio llega tras la localización con vida de los jóvenes Juan Luis Chico Torres y de Omar Antonio García Rosas, derivando en el levantamiento del bloqueo que provocó un caos la tarde del 23 de marzo en el destino turístico. En respuesta, el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, encabezará un encuentro clave junto a autoridades estatales y municipales, en lo que promete ser un punto de quiebre ante la exigencia de justicia de colectivos de búsqueda y familias.
El mensaje que se pretende lanzar es que los familiares de personas desaparecidas están al centro. Tras acuerdos logrados la noche previa, se acordó instalar una mesa de trabajo permanente que no solo informará avances, sino que abrirá el micrófono a las víctimas indirectas, quienes por años han denunciado abandono, lentitud y opacidad en las investigaciones.
En esta mesa participarán figuras clave del aparato de seguridad y justicia, entre ellos el procurador de justicia en Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública estatal, Capitán Luis Alfredo Cancino, así como la fiscal especializada en búsqueda de personas desaparecidas, Flor Leticia Peña Martínez, entre otros funcionarios de alto nivel.
Del bloqueo a la negociación.
El detonante fue la desaparición de Juan Luis Chico Torres el pasado 22 de marzo, lo que llevó a familiares, amigos y colectivos a bloquear completamente la carretera al aeropuerto de Los Cabos. La presión fue tal que obligó a las autoridades a actuar de inmediato.
Tras confirmarse su localización, se liberó la vía, pero el reclamo social no se disipó. Por el contrario, se transformó en una exigencia directa de resultados reales, no promesas.
Uno de los objetivos centrales de esta mesa será la revisión detallada de cada expediente. Las autoridades en materia de seguridad aseguran que los familiares tendrán acceso directo a información de primera mano sobre las diligencias, tanto de campo como de gabinete.
Además, se promete que las investigaciones avanzarán con rigor científico y bajo el debido proceso, en un intento por recuperar la confianza de una sociedad golpeada por los constantes hallazgos de fosas clandestinas en la entidad.
El Gobierno estatal insiste en que la sensibilidad y el respeto al dolor de las familias serán los ejes rectores. Sin embargo, para varios colectivos de búsqueda en Baja California Sur, esta no es la primera promesa. Los integrantes de los grupos de localización de personas desaparecidas se siguen cuestionando si la mesa de diálogo será el inicio de soluciones reales a la crisis que azota la entidad, o acaso será un intento más por contener la indignación social. Mientras tanto, la presión sigue bajo los reflectores ciudadanos.
