El megaproyecto turístico de más de 500 hectáreas puso en la mira a la playa San Cristóbal, mientras que activistas advierten riesgo ambiental y posible privatización encubierta.
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El ambicioso proyecto “Desarrollo Turístico Integral Punta Nayu” ha desatado una nueva ola de tensión social y ambiental tras su reciente ingreso a la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En el centro de la polémica: su posible impacto sobre la emblemática playa San Cristóbal.
Entre el 1 y el 8 de abril se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto, encendiendo las alarmas entre activistas y ciudadanos que, desde hace años, denuncian una presunta invasión progresiva de la zona costera por desarrollos turísticos.
La preocupación no es menor. Organizaciones civiles advierten que este tipo de proyectos suelen avanzar con aparentes irregularidades, limitando el acceso público y afectando ecosistemas sensibles. Incluso, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha intervenido previamente para impulsar la liberación del acceso a esta playa.
De acuerdo con la MIA, Punta Nayu no es cualquier desarrollo. Se trata de un complejo de gran escala que abarcaría aproximadamente 558 hectáreas, incluyendo hoteles tipo resort, villas, departamentos y viviendas residenciales, club de playa, spa y zonas comerciales, campo de golf y centro comercial mixto, jardín botanico y espacios de educación ambiental y una planta desaladora y de tratamiento de aguas.
Se trata de un proyecto que, en papel, promete lujo, inversión y desarrollo, pero que en la práctica genera dudas sobre su impacto real en el entorno. El Cabildo de Los Cabos aprobó por unanimidad el Plan Maestro del desarrollo, pero bajo una condición clave: garantizar el acceso libre, público y gratuito a la playa San Cristóbal.
Entre las obligaciones impuestas al desarrollador destacan:
1–Construcción de vialidades pavimentadas y senderos.
2–Señalización adecuada hacia la playa.
3–Un balneario público con servicios completos.
4-Prohibición de restringir el acceso actual hasta habilitar uno nuevo.
Además, se estableció que estas obras deberán ejecutarse como prioridad en la primera etapa del proyecto. Las autoridades ambientales han señalado que el proyecto aún no tiene luz verde definitiva. La titular de la representación de SEMARNAT en Baja California Sur indicó que se está a la espera de opiniones técnicas para evaluar su viabilidad.
El desarrollo deberá cumplir con estrictas normativas, incluyendo la protección de especies bajo la NOM-059, especialmente tortugas marinas y ecosistemas de dunas, lo que obligará a implementar medidas de mitigación ambiental.
Aunque el Plan Maestro ya fue aprobado, las autoridades recalcaron que esto no significa autorización para iniciar obras. El promovente deberá pasar por múltiples filtros y obtener permisos federales, estatales y municipales antes de colocar la primera piedra.
Punta Nayu se perfila como otro capítulo en la disputa por el futuro de las playas en Baja California Sur: desarrollo turístico vs. acceso público y conservación ambiental.
