Varios comerciantes se unieron para plantarse en el Ayuntamiento de La Paz y denunciar detenciones arbitrarias, permisos opacos y pérdidas económicas; acusan trato criminalizante, exclusión y presiones políticas.
La Paz, Baja California Sur.- Decenas de comerciantes ambulantes se plantaron este martes frente a la explanada del Ayuntamiento de La Paz para denunciar lo que califican como una cadena de abusos por parte de la autoridad municipal: permisos poco claros, operativos sin aviso, detenciones arbitrarias y multas que –aseguran– están asfixiando su sustento diario.
La protesta, cargada de consignas y testimonios, exhibió un patrón que se repite, según los inconformes: inspectores que retiran puestos sin notificación previa, sanciones económicas sin criterios transparentes y aseguramientos que dejan a familias enteras sin ingreso. “Nos tratan como criminales por vender comida”, reclamó una de las manifestantes.
En paralelo a la manifestación, algunos de los comerciantes ofrecieron una conferencia de prensa acompañados por la abogada y activista Azucena Meza Gómez, donde elevaron el tono de la denuncia: no sólo acusaron abusos de autoridad y falta de regulación clara, sino también exclusión sistemática y presiones políticas contra el sector.
Ahí, Agustín Cruz, conocido como “El Chaparro”, volvió a relatar su detención durante un operativo que calificó como desproporcionado, mientras que Carlos Eliceo, comerciante con más de cinco décadas de tradición familiar, denunció el desplazamiento progresivo de su actividad económica en el centro histórico de la ciudad.
Agustín Cruz condenó el actuar de los agentes policíacos, además de denunciar abuso de autoridad y la falta de permisos para poder operar libremente su carrito de elotes en la zona turística de la capital del estado.
A estas voces se sumaron otros vendedores que señalaron afectaciones directas a su derecho al trabajo, insistiendo en que la problemática no radica únicamente en la aplicación del reglamento, sino en una política restrictiva que –afirman– ha limitado durante años el otorgamiento de permisos, generando incertidumbre para cientos de familias paceñas.
El señalamiento más delicado surgió cuando denunciaron públicamente presiones de actores políticos, incluyendo a regidores, quienes -según los testimonios- habrían condicionado apoyos a cambio de respaldo al proyecto político de la alcaldesa Milena Paola Quiroga Romero, quien inició una campaña anticipada para contender por la gubernatura de Baja California Sur en 2027 lo que, advirtieron, agrava la vulnerabilidad del gremio.
“Orden, sí; pero no a costa de excluirnos”, sintetizó uno de los participantes. A la par, los comerciantes rechazaron el discurso oficial que vincula el ambulantaje con “mala imagen” urbana. “También sostenemos la economía local”, sostuvieron, al recordar que su actividad forma parte del tejido cotidiano de la ciudad. “El malecón siempre ha sido de todas y todos, no de unos cuantos”, insistieron.
Pese a la tensión, los inconformes dejaron en claro que no se oponen a la regulación, sino a los excesos, la falta de proporcionalidad en los operativos y la criminalización del trabajo informal.
Como cierre de la jornada, realizaron la entrega formal de propuestas al Ayuntamiento de La Paz, exigiendo una política pública basada en inclusión, orden y respeto a los derechos humanos.
Hasta el cierre de esta edición, la autoridad municipal no había emitido postura oficial. En las calles, sin embargo, el mensaje ya prendió: en La Paz, el conflicto no es solo por vender en la vía pública, sino por quién tiene derecho –y bajo qué condiciones– a ganarse la vida.
