Víctor Castro Cosío reconoció una omisión administrativa en el decreto portuario que le abrió las puertas a los megacruceros en Loreto.
Loreto, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció públicamente que el decreto que modificó el estatus portuario de Loreto avanzó sin consulta ciudadana y admitió que hubo una omisión administrativa en el proceso.
El mandatario estatal reconoció que el cambio de clasificación del puerto –de cabotaje a cabotaje y altura– se realizó sin escuchar previamente a la comunidad loretana, situación que detonó una fuerte reacción social por el temor al posible ingreso de embarcaciones de gran escala y sus efectos sobre el Parque Nacional Bahía de Loreto.
Durante sus declaraciones, Castro Cosío señaló que inicialmente consideró que la modificación podría representar ventajas para Loreto; sin embargo, afirmó que la movilización ciudadana y la postura de los habitantes, prestadores turísticos, organizaciones ambientales y diversos sectores sociales permitieron dimensionar las implicaciones ambientales, sociales e históricas que podría traer consigo la medida.
“Hubo una omisión”, reconoció públicamente el mandatario. Además, admitió que existió lo que calificó como un “error administrativo-técnico”, relacionado con instancias involucradas en el proceso que impulsó el cambio de clasificación portuaria.
El gobernador también señaló que la solicitud original del decreto fue promovida por la Administración Portuaria Integral (API), bajo la dirección de Narciso Agúndez Gómez, y reconoció responsabilidades administrativas relacionadas con el procedimiento.
Las declaraciones ocurren después de más de un mes de tensión social en Loreto, donde cientos de habitantes, pescadores, empresarios turísticos, científicos, cooperativas y organizaciones ciudadanas levantaron la voz para exigir protección al Parque Nacional Bahía de Loreto.
La principal preocupación ha girado alrededor del posible impacto ambiental derivado del eventual arribo de embarcaciones de gran escala y cruceros turísticos.
Diversos sectores han advertido riesgos relacionados con presión sobre ecosistemas marinos, afectaciones a especies protegidas, contaminación y posibles impactos al modelo turístico sustentable que distingue a Loreto.
Castro Cosío también confirmó públicamente que respalda la petición ciudadana para derogar el decreto. Adelantó que por instrucciones de la Presidencia de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, se desarrollará una nueva reunión con habitantes de Loreto para construir una propuesta que permita fortalecer la protección del Parque Nacional Bahía de Loreto y evitar modificaciones que comprometan su conservación.
La controversia por el decreto portuario se convirtió en uno de los movimientos ciudadanos y ambientales más fuertes registrados recientemente en Baja California Sur.
Y ahora, tras varias semanas de presión social el gobierno reconoce lo que durante días exigió la población: que hubo errores en la imposición del decreto federal en el destino turístico de Baja California Sur.
