Propietarios de vehículos particulares denuncian una presunta actuación irregular de inspectores estatales, quienes estarían confundiendo traslados familiares con servicios de plataforma en Cabo San Lucas.
Los Cabos, Baja California Sur.- Conductores particulares denunciaron una presunta actuación arbitraria por parte de inspectores de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, quienes –aseguran– estarían confundiendo vehículos familiares con unidades que prestan servicios mediante plataformas digitales, como Uber y Didi.
El señalamiento más reciente fue realizado por Itzel Anguiano, quien acusó públicamente al inspector de transporte y movilidad, Ricardo Nava Chino, de haber detenido a su esposo, Norberto, cuando se encontraba en una zona de Cabo San Lucas recogiendo a unos amigos.
De acuerdo con su relato, el hecho ocurrió el pasado 27 de junio sobre avenida Solmar, donde el vehículo particular, propiedad de Itzel, se encontraba detenido mientras sus ocupantes abordaban.
La denunciante sostiene que sus acompañantes eran amigos de la familia desde hace años, conocidos durante su trayectoria laboral en hoteles de Los Cabos, y que no existía ningún servicio de transporte remunerado ni relación con plataformas digitales.
Sin embargo, asegura que el inspector Ricardo Nava Chino señaló que el vehículo no podía realizar ese traslado porque supuestamente requería un permiso.
“Mi esposo le explicó que no se dedica a Uber, que el carro no está registrado como Uber, que es un vehículo particular y solamente estaba recogiendo a unos amigos”, relató Itzel.
Incluso, afirmó que el propio inspector habría confirmado la versión con los pasajeros, quienes indicaron que no habían solicitado ningún servicio de transporte, pero aún así fueron obligados a bajar de la unidad.
Según la denuncia, el funcionario les habría indicado que no podían continuar el trayecto y que los pasajeros se trasladaran por sus propios medios. A más de una semana del incidente, Itzel asegura que no ha recibido una respuesta clara por parte de las autoridades.
Explica que únicamente le han informado que debe esperar la resolución de un juez para conocer si existe una multa y el monto de la sanción, pese a que sostiene que no se cometió ninguna infracción.
La propietaria señala que la unidad es completamente legal, que fue adquirida recientemente en agencia y que actualmente continúa pagando el financiamiento del vehículo.
“Es un carro particular, está a mi nombre y tiene apenas cuatro meses que salió de agencia. No es justo que por una confusión o abuso de autoridad quieran afectarnos”, expresó.
La afectada informó además que acudió ante el Ministerio Público para presentar una denuncia por presunto abuso de autoridad contra el inspector señalado.
La denuncia de Itzel no sería un caso aislado. Otros prestadores de servicios de transporte aseguran que existe una problemática relacionada con la actuación de algunos inspectores, quienes presuntamente estarían señalando como operadores de plataformas digitales a vehículos que simplemente realizan traslados personales.
Uno de los testimonios señala que algunos trabajadores del transporte privado han comenzado a advertir a sus clientes sobre evitar el uso de taxis tradicionales debido a las altas cuotas, falta de seguridad y casos donde las unidades presuntamente circulan sin placas oficiales de taxi.
El denunciante asegura que contaba con permisos y unidades amparadas desde el pasado 1 de mayo, pero afirma que nunca recibió una explicación clara sobre por qué se le impedía utilizarlas.
También señaló que el inspector Ricardo Nava Chino le habría dicho que únicamente se dirigía a los choferes cuando los servicios correspondían a su operación.
Los inconformes aseguran que detrás de estas acciones podría existir una práctica de hostigamiento hacia ciertos operadores y ciudadanos, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que acrediten actos de corrupción.
La acusación, sin embargo, desata nuevamente la polémica sobre la regulación del transporte en Los Cabos, donde conviven taxis concesionados, plataformas digitales, transporte turístico y vehículos particulares en medio de una elevada demanda por movilidad.
Mientras tanto, Itzel Anguiano exige una investigación sobre el actuar del inspector señalado y pide que las autoridades revisen los procedimientos aplicados contra los ciudadanos que, asegura, únicamente utilizan sus vehículos particulares para actividades familiares.
