Sin detenidos y con escasa información oficial, el asesinato de Bernardo Soriano vuelve a poner en duda la actuación de las autoridades por las denuncias de presuntas redes de extorsión y de huachicoleo de agua en BCS.
La Paz, Baja California Sur.- La ejecución de Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, continúa envuelta en una sombra de incertidumbre.
A 5 meses del atentado que le arrebató la vida a plena luz del día, el expediente permanece sin detenidos, sin una reconstrucción pública de los hechos y sin que las autoridades hayan informado si las líneas de investigación relacionadas con las denuncias que el exfuncionario realizó antes de su asesinato han sido agotadas.
Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, volvieron a colocar el caso en el centro de la discusión nacional.
El funcionario confirmó que la investigación continúa bajo la responsabilidad de las autoridades de Baja California Sur, sin anunciar la atracción del caso por parte de la Federación ni revelar avances relevantes.
La respuesta, lejos de disipar las dudas, volvió a abrir un debate que permanece vigente desde el día del crimen: ¿por qué un homicidio de alto impacto, cometido contra un ex fiscal especializado en delincuencia organizada, sigue sin resultados visibles?.
Bernardo Soriano Castro no era un funcionario cualquiera.
Durante años encabezó investigaciones relacionadas con homicidios, secuestros y delitos de alto impacto, lo que le permitió conocer de primera mano la operación de grupos criminales, las disputas entre organizaciones delictivas y las debilidades institucionales en materia de seguridad.
Su asesinato, cometido mientras presuntamente acompañaba a una de sus hijas a la escuela, rompió con la percepción de que quienes alguna vez dirigieron investigaciones de alto nivel permanecían fuera del alcance de la violencia criminal.
El ataque ocurrió en una zona urbana y en un horario de alta movilidad, circunstancias que incrementaron la expectativa de una investigación rápida y con resultados contundentes.
Sin embargo, conforme avanzaron los meses, la información oficial comenzó a escasear.
Hasta ahora no se han informado órdenes de aprehensión cumplimentadas, ni se ha dado a conocer públicamente el móvil del crimen.
Semanas antes de ser asesinado, Bernardo Soriano había realizado declaraciones públicas que generaron inquietud dentro y fuera de Baja California Sur.
El ex subprocurador advirtió sobre la presunta existencia de esquemas de cobro de piso y extorsión que afectarían a empresarios, comerciantes y diversos sectores productivos del estado.
Las afirmaciones no provenían de un observador externo, sino de un ex funcionario que había ocupado una de las áreas más sensibles en el combate a la delincuencia organizada.
Aunque las autoridades no han establecido públicamente una relación entre esas declaraciones y el homicidio, tampoco han descartado que dichas manifestaciones formen parte de las líneas de investigación.
Ese vacío informativo ha alimentado la percepción de que aún existen piezas del rompecabezas que permanecen fuera del escrutinio público.
Las dudas no terminan con el homicidio.
Durante la misma conferencia en la que fue cuestionado sobre el caso Soriano, Omar García Harfuch también respondió a preguntas relacionadas con las denuncias sobre el presunto robo, extracción y comercialización ilegal de agua en Baja California Sur.
Su respuesta fue breve: indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no participaba en una investigación sobre ese tema y que no contaba con información al respecto.
La declaración contrastó con un fenómeno que desde hace años ha sido denunciado por productores, ciudadanos, organizaciones civiles y diversos actores políticos.
En una entidad donde la disponibilidad de agua representa uno de los principales desafíos para el desarrollo urbano, turístico y agrícola, las denuncias sobre extracción irregular de pozos, distribución clandestina y presuntos beneficios particulares han formado parte del debate público.
Hasta ahora no existe información pública que confirme la existencia de una investigación federal de gran alcance sobre estas denuncias.
El tema cobró un nuevo impulso tras las recientes manifestaciones de trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California Sur.
Mediante mantas colocadas frente a las instalaciones de la dependencia, empleados exigieron la destitución del director local, Julio César Villarreal Trasviña, a quien atribuyen conflictos laborales y, además, señalaron públicamente por un presunto vínculo con el denominado “huachicoleo del agua“.
Es importante precisar que esas acusaciones provienen de los trabajadores inconformes y no han sido acreditadas mediante resoluciones judiciales o investigaciones oficiales conocidas, por lo que el funcionario mantiene la presunción de inocencia.
No obstante, la protesta refleja que el tema ha dejado de ser una denuncia aislada para convertirse en un asunto de interés público que involucra a una dependencia estratégica para la administración del recurso hídrico en Baja California Sur.
La coincidencia entre el asesinato de un exfiscal que denunció presuntas redes de extorsión y las denuncias públicas sobre el manejo del agua ha generado cuestionamientos que, hasta ahora, permanecen abiertos.
No existe evidencia pública que permita afirmar una relación entre ambos temas. Sin embargo, la ausencia de información oficial sobre los avances de las investigaciones mantiene vivas las dudas.
En un estado donde el crecimiento urbano, el desarrollo turístico y la escasez de agua incrementan el valor estratégico del recurso, cualquier señalamiento sobre presuntas redes de extracción ilegal adquiere una dimensión que trasciende el ámbito administrativo.
Especialistas en seguridad y organizaciones ciudadanas han insistido en que los casos de alto impacto requieren investigaciones transparentes, periódicas y sujetas al escrutinio público. La falta de información alimenta la especulación y debilita la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.
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El asesinato de Bernardo Soriano no representa únicamente la muerte de un ex servidor público; también constituye una prueba para las autoridades encargadas de demostrar que los delitos de alto impacto pueden esclarecerse incluso cuando las víctimas conocen de cerca el funcionamiento del sistema de justicia.
Mientras no exista una explicación oficial sustentada en resultados de investigación, continúan vigentes interrogantes fundamentales:
1-¿Cuál es el avance real de la carpeta de investigación por el homicidio de Bernardo Soriano Castro?
2-¿Se investigaron a fondo las denuncias públicas que realizó sobre presuntas redes de extorsión antes de su asesinato?
3-¿Existe alguna investigación formal sobre el presunto robo y comercialización ilegal de agua en Baja California Sur?
4-¿Qué autoridades tienen competencia para investigar ese fenómeno y qué acciones concretas han emprendido?
5-¿Por qué, a varios meses del crimen, no se ha informado sobre personas detenidas o imputadas?
Cada día sin respuestas fortalece la percepción de impunidad. En Baja California Sur, donde la seguridad y la gestión del agua son dos de los temas más sensibles para la sociedad, el esclarecimiento del homicidio de Bernardo Soriano Castro y la investigación de las denuncias sobre presuntas redes de extorsión y extracción ilegal de agua representan una prueba crucial para la credibilidad de las instituciones.
