Colectivos ambientales advierten que un megaproyecto pretende desmontar más de 109 hectáreas de cardonal para construir un desarrollo turístico con campo de golf, hotel, cuerpos de agua artificiales y zonas residenciales en El Saltito.
La Paz, Baja California Sur. A casi dos décadas de haber iniciado su accidentado camino administrativo, el proyecto turístico “El Saltito” vuelve a colocarse en el centro de la controversia ambiental en Baja California Sur.
Una coalición integrada por nueve organizaciones y colectivos ambientalistas solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que permitiría reactivar el desarrollo, al considerar que la empresa promovente no acreditó las condiciones legales necesarias para autorizar el desmonte de más de 109 hectáreas de vegetación nativa.
Para las organizaciones, el procedimiento que actualmente analiza la autoridad federal representa el último filtro institucional capaz de detener un proyecto que, afirman, transformaría de manera irreversible uno de los ecosistemas costeros más representativos del municipio de La Paz.
La solicitud está dirigida a la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico de la SEMARNAT, responsable de resolver el expediente 03/DS-0011/03/26, promovido por Banco Ve Por Más, S.A., en su calidad de fiduciario del Fideicomiso 1,157.
El permiso solicitado busca obtener la autorización para cambiar el uso de suelo forestal de 109.622 hectáreas ubicadas en la subdelegación de La Fortuna, al noreste de La Paz.
De aprobarse, esa superficie sería destinada a la construcción de la denominada Segunda Etapa de El Saltito, un complejo inmobiliario que contempla:
- Lotes residenciales.
- Campo de golf.
- Hotel con club de playa privado.
- Cuerpos de agua artificiales.
- Infraestructura vial y de servicios.
- Obras complementarias para un desarrollo cuya ejecución se extendería durante aproximadamente 20 años.
Sin embargo, para las organizaciones ambientalistas, el permiso en análisis trasciende esas 109 hectáreas.
Aseguran que se trata únicamente de una fracción de un desarrollo mucho mayor que, conforme a documentos previamente autorizados por la propia SEMARNAT, abarcaría alrededor de 708 hectáreas, lo que –afirman– obliga a evaluar los impactos ambientales de manera integral y no de forma fragmentada.
Los opositores recuerdan que esta no es la primera ocasión en que El Saltito enfrenta objeciones ambientales.
En enero de 2009, la SEMARNAT negó la Manifestación de Impacto Ambiental original mediante el resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/0179/09, al concluir que el proyecto resultaba incompatible con el Programa de Desarrollo Urbano vigente.
Entre las razones expuestas entonces se encontraba que parte del predio se localizaba en una zona de protección y que el desarrollo excedía los parámetros permitidos para ocupación del suelo, densidad y altura.
Posteriormente fue presentada una nueva Manifestación de Impacto Ambiental que obtuvo una autorización condicionada para un desarrollo de casi 709 hectáreas, integrado por 559 lotes, un hotel, campo de golf de 18 hoyos, clubes de playa, club ecuestre y plantas desaladoras.
Sin embargo, aquella autorización dejó expresamente pendiente el permiso de cambio de uso de suelo forestal que actualmente vuelve a discusión.
Uno de los principales argumentos jurídicos expuestos por los colectivos se sustenta en el artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Las organizaciones sostienen que la legislación establece que el cambio de uso de suelo forestal constituye una excepción y no una regla, por lo que corresponde exclusivamente al promovente demostrar que el desarrollo mantendrá la biodiversidad, evitará la erosión del suelo, conservará la capacidad de captación de carbono y protegerá la infiltración y calidad del agua.
En su posicionamiento sostienen:”La regla es negar; autorizar es la excepción. Quien debe demostrar que cumple las condiciones legales es el promovente, no la ciudadanía.”
Después de revisar el Estudio Técnico Justificativo presentado por la empresa, concluyen que ninguno de esos requisitos queda plenamente acreditado.
Uno de los puntos que concentra mayor preocupación es la vegetación existente en el sitio.
Con base en el propio estudio técnico presentado por el desarrollador, las organizaciones afirman que dentro del polígono existen aproximadamente:
- 110 mil plantas leñosas y suculentas.
- 17 mil 400 cardones (Pachycereus pringlei).
- 880 biznagas (Ferocactus townsendianus) clasificadas como especie amenazada conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Muchos de los cardones que serían removidos superan los 200 años de antigüedad, convirtiéndose en elementos fundamentales para la estructura ecológica del cardonal sudcaliforniano.
Para los especialistas, estos ecosistemas representan mucho más que un paisaje desértico.
Funcionan como refugio para aves, reptiles, mamíferos y polinizadores, además de desempeñar un papel clave en la conservación del suelo y la infiltración de agua hacia los acuíferos.
Otra de las críticas se dirige a la metodología empleada por el promovente para evaluar los daños ambientales.
El Estudio Técnico concluye que el impacto sería “bajo” al comparar las 109 hectáreas sujetas a desmonte con una superficie de influencia superior a 12 mil hectáreas.
Para los colectivos, ese criterio distorsiona la dimensión real de la afectación.
Mientras la comparación se realiza sobre una superficie 113 veces mayor, dentro del área específica donde se construiría el desarrollo desaparecería prácticamente toda la vegetación forestal existente.
“Comparar el daño contra una superficie inflada no lo hace pequeño; simplemente lo disfraza“, sostienen.
La disponibilidad de agua constituye otro de los ejes de la controversia.
El proyecto contempla la construcción de cuerpos de agua artificiales y un campo de golf que ocuparían casi 30 hectáreas.
Durante la etapa de construcción, el propio estudio prevé abastecer el sitio mediante pipas de agua y plantas generadoras alimentadas con diésel, debido a que actualmente no existen servicios disponibles.
Aunque el desarrollo considera incorporar plantas desaladoras en etapas posteriores, las organizaciones advierten que la presión sobre los recursos hídricos comenzaría desde el inicio de las obras.
En una región donde el abastecimiento de agua representa uno de los mayores desafíos para el crecimiento urbano, los opositores consideran indispensable que la autoridad analice con mayor profundidad la viabilidad hídrica del proyecto.
Los colectivos sostienen que el procedimiento de cambio de uso de suelo forestal representa el único trámite federal pendiente y, al mismo tiempo, la última oportunidad para que la ciudadanía participe antes de que la SEMARNAT emita una resolución definitiva.
Por ello anunciaron una campaña de observaciones técnicas dirigidas a la dependencia federal, al Consejo Estatal Forestal, al Gobierno de Baja California Sur y al Ayuntamiento de La Paz, además de una estrategia de recolección de firmas ciudadanas.
La coalición está integrada por BCSicletos, Es Mi Playa, Mi Barrio, CERCA BCS, Cómo Vamos La Paz, Contener La Paz, Inga, Ponguinguiola, la Iniciativa por los Mares y las Costas de México, así como el Colaboratorio de Ciencias Sociales para la Sustentabilidad de la UABCS (CoLab).
El conflicto por El Saltito rebasa la discusión sobre un permiso forestal.
De un lado, se encuentra un proyecto turístico de gran escala que busca consolidarse como parte del crecimiento inmobiliario del municipio de La Paz. Del otro, organizaciones ambientales sostienen que el costo ecológico sería irreversible para una zona considerada emblemática por su biodiversidad y por el uso recreativo que históricamente le ha dado la población.
A través de la plataforma de Change.Org, se lanzó una petición de firmas que busca frenar el proyecto. Bajo el lema “No autoricen la destrucción de El Saltito”, la iniciativa lleva recolectadas 10, 715 firmas verificadas hasta el momento.
Aquí puedes firmar para apoyar a la causa en defensa de El Saltito: https://www.change.org/p/no-autoricen-el-desmonte-de-el-saltito-110-hect%C3%A1reas-de-cardonal-para-un-campo-de-golf?recruiter=433268602&recruited_by_id=781ea4a0-9219-11e5
Ahora la decisión está en manos de la SEMARNAT.
La resolución no solo definirá el futuro de más de 109 hectáreas de vegetación nativa, sino que también marcará un precedente sobre la forma en que el Gobierno Federal aplicará la legislación forestal en uno de los estados donde el equilibrio entre desarrollo turístico, disponibilidad de agua y conservación ambiental se ha convertido en uno de los debates más intensos de los últimos años.
