La Contraloría General del Estado, notificó a MetrópoliMx, la apertura del expediente CGE/EPRA/066/2025 por presunta Responsabilidad Administrativa contra la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración.
La Paz, Baja California Sur.– La directora de Anticorrupción de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, Ana Carolina Rosas García, notificó a MetrópoliMx, la radicación y apertura de un nuevo expediente en contra de la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha “N” por el desvío de 500 millones de pesos, obtenidos a través de la contratación de un crédito bancario para ser destinado a “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal“, y usando indebidamente en el pago de participaciones estatales y federales y la contratación del cantante Chayanne.
El acuerdo fue tomado el pasado 7 de abril, después de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, remitiera el pasado 25 de marzo, el expediente de corrupción de la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha “N” para que la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Contraloría General del Estado y la Auditoría Superior del Estado, iniciaran una investigación del caso.
La denuncia fue presentada por MetrópoliMx, el pasado 7 de febrero de 2025 en la Unidad de Evaluación y Control, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
“Las autoridades competentes para conocer y resolver sobre los hechos denunciados son las del Gobierno de Baja California Sur“, citó textualmente el subdirector de Apoyo en Funciones de la Contraloría Social, Antonio Rolando Sánchez Padilla.
La denuncia fue turnada para efectos legales conducentes a las siguientes instituciones:
1.- Contraloría General del Estado, bajo el oficio OTUEC/054/2025.
2.- Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el oficio OTUEC/055/2025.
3.- Auditoría Superior del Estado, bajo el oficio OTUEC/056/2025.
El expediente abierto la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, es el número UEC/LXVI/DEDAFCS/SAFCS/11/001/2025-2.
Como se recordará la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha”N”, firmó un contrato de Crédito Simple Quirografario por 500 millones de pesos, registrado el 22 de diciembre de 2021, con el número de cuenta 18000067548, con los representantes legales del banco Santander, Jesús Antonio “N” y Mayra Judith “N”.
El destino del dinero, según copia del contrato, se encuentra etiquetado para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal“.
“El destino del crédito será el especificado en la carátula del presente contrat, quedando la acreditada OBLIGADA a dar cumplimiento exacto al destino autorizado“, transcribe textualmente la Clausula Segunda del Contrato de cinco hojas tamaño carta.
En la carátula del contrato se puede leer textualmente: “Destino: Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal“.
Sin embargo, la secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Bertha “N”, dio el visto bueno para que de esa cuenta fuera transferido el pago de participaciones estatales y federales a los ayuntamientos.
Además, de esa misma cuenta bancaria fue transferida la cantidad de 18 millones 786 mil 200 pesos por concepto de “préstamo de recursos propios” a la alcaldesa de La Paz, Milena “N”.
La operación, según el comprobante de la transferencia interbancaria, bajo el número de folio de movimiento 4298766 fue ejecutada a las 15:03 de la tarde del 31 de octubre de 2022 por el tesorero general de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Francisco Javier “N”.
El dinero fue destinado para el pago del anticipo del cantante Chayanne en un concierto celebrado el 18 de febrero en el Estadio Guaycura en La Paz.
Hoy, el expediente abierto por la Contraloría General del Estado por Presunta Responsabilidad Administrativa, quedó registrado bajo el numero CGE/EPRA/066/2025, iniciándose de manera oficial una investigación administrativa por posibles hechos que pudieran constituir una posible falta administrativa.
