Ciudad Constitución, Baja California Sur.- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), abrió una investigación oficial en contra de la regidora del XVI Ayuntamiento de Comondú, Ericka Celena Venalonzo Camacho, luego de subiera una fotografía en su estado de WhatsApp, presumiendo comer especies en peligro de extinción, lo que está tipificado como delito federal por atentar en contra de la biodiversidad marina.
El Artículo 420 del Codigo Penal Federal, transcribe textualmente: “se prohíbe capturar, dañar, privar de la vida, recolectar y almacenar de cualquier forma a las especies de tortugas laúd, golfina, lora, carey, prieta y caguama”.
Por lo anterior –según el Codigo Penal—se impondrá de uno a nueve años de prisión y una multa de 300 a 3,000 mil días a quien capture, almacene, transforme y transporte ejemplares declarados en peligro de extinción, como es el caso de la tortuga marina.
De manera inverosímil, y tras recibir duras críticas, Erika Celena Venalonzo Camacho, aseguró que la fotografía de la evidencia correspondía a una imagen de su álbum familiar, tomada durante el año de 1979, situación nada probable debido a la nitidez, calidad y contrastes de colores de la fotografía de un caparazón de caguama recién cocinado y listo para ser comido.
Por si fuera poco, #LadyCaguama, y tratando de evadir su responsabilidad, aseguró que la supuesta fotografía que fue tomada hace 40 años, fue destruida por su madre poco tiempo después de que se viralizó en las plataformas digitales, así que no había prueba alguna de demostrar la antigüedad de la imagen que la volvió famosa.
Por lo pronto, la PROFEPA en Baja California Sur, realizará una visita de inspección al restaurante llamado “Marino”, propiedad de los abuelos y padres de la regidora de Comondú y ubicado en el Puerto San Carlos, mismo lugar donde presuntamente se habría cocinado la caguama para ser cocinado, preparado y disfrutado durante una reunión familiar, en la que estuvo #LadyCaguama.
De comprobarse el grave delito federal, se procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades.
