Desde hace 12 años no habíamos visto un episodio tan vergonzoso de protección e impunidad en la comedia política, como cuando la madrugada del 4 de marzo de 2010, Christian Agúndez Gómez, presuntamente asesinó al abogado Jonathan Hernández Ascencio, en el Bar Las Micheladas de La Paz, Baja California Sur.
En ese momento, el papá del presunto homicida, Narciso Agúndez Montaño, estaba en su Quinto Año de Gobierno en Baja California Sur, por lo que la escena del crimen habría sido suciamente manipulada por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, protegiendo al hijo del gobernante.
Además, la Policía Ministerial del Estado de aquel entonces, torció la investigación tanto que fuera imposible algún día, capturar al autor material del crimen del joven abogado.
“Me disparó el hijo del gobernador”, dijo Héctor Hernández Ascencio, primo del joven asesinado, y uno de los dos sobrevivientes del mortifero ataque aquella trágica noche.
Después de 12 años de ese atroz crimen, absolutamente nadie, se encuentra en la cárcel, purgando una condena por ese asesinato.
En un caso de una vergonzoza impunidad. ¿Cómo es posible que después de 12 años, nadie se encuentre en prisión?
Los detenidos en su debido momento fueron liberados poco a poco, y su captura, obedeció practicamente a un distractor para que el asesino material, nunca fuera plenamente identificado.
El padre del joven muerto a balazos, Daniel Hernández Aguirre, siempre ha señalado a los dos hijos de Narciso Agúndez Montaño, como los responsables del crimen de su hijo. No tiene la certeza plena quién de los dos supuestamente, jaló el gatillo, pero sí información de lo que sucedió aquella noche.
El tema viene a colación, porque justamente, después de ese penoso episodio, el caso de la ahora ex-directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos, Coral Ninet Valencia Urbina, revivió a la opinión pública la protección e impunidad que el grupo de “Los Agúndez”, suele proveer a cualquiera de sus familiares, amigos y hasta servidores públicos, bajo el amparo del poder.
No debería ni siquiera de sorprendernos, la actuación delictiva del alcalde cabeño, porque es más que evidente que este tipo de conductas ilícitas están ligadas a una tradición familiar. Así fueron formados los abuelos, así fueron formados los padres, y así fueron formados los hijos, en las últimas tres generaciones.
Como es del dominio público, la funcionaria de la 4T, festejaba su nombramiento, a bordo de un vehículo oficial, cuando el 19 de octubre, perdió el control del volante y atropelló a los agentes de Tránsito, Rosario Adrián Urías y Daniel Ceseña Guillén, en la Glorieta de Fonatur.
El certificado médico dice que manejaba en estado de ebriedad y no estaba apta para conducir por su condición física.
Desgraciadamente, en vez de ser detenida y consignada a la agencia del Ministerio Público, como establece el Artículo 6 del Reglamento de Tránsito de Los Cabos, Coral Valencia, fue dejada en libertad.
Los compañeros de los agentes atropellados todavía tuvieron que entregar a la infractora la llave del vehículo oficial por presuntas instrucciones del alcalde Christian Agúndez Gómez, y el director de la Policía Municipal de Los Cabos, Christopher Jordi López Monge.
La servidora pública tomó el volante de la camioneta, y se marchó rápidamente, con un golpe en la parte frontal, salpicado de sangre.
Los delitos cometidos por la servidora pública, según el Código Penal del Estado, fueron tres.
El primero es conducir en estado de ebriedad. El segundo es provocar lesiones a los dos agentes policiacos, y el tercero es causar daños en las motocicletas, propiedad de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.
Muy lejos de ser castigada por conducir ebria en un vehículo oficial, y el cual, dicho sea de paso, es un agravante por los delitos que habría cometido, el 21 de octubre, la funcionaria regresó a su oficina, completamente empoderada, solo para poner a dispoción de la Dirección de Recursos Humanos a 16 empleados de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos.
Los empleados fueron acusados indebidamente de filtrar la información, cuando ninguno podía tener acceso a un certificado médico en manos de la Policía Municipal de Los Cabos.
Desde luego que el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, protegió en todo momento a la servidora pública al punto de sostenerla contra viento y marea por una semana, creyendo ilusamente que el tema terminaría por enfriarse, durante el fin de semana.
Lo que no sabía es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sería debidamente informada del caso de impunidad. Entonces, Coral Valencia, fue separada de su cargo de una manera tersa, y reacomodada en el DIF Municipal de Los Cabos, como encargada de “cuidar la imagen” de la esposa del alcalde, Sol Delgado Moreno, y la cual ya puso en evidencia su propia inexperiencia en el manejo de su crisis personal.
En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Claudia Sheinbaum Pardo, intruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch, abrir una investigación de este polémico caso que solo vino a exhibir el grado de pobredumbre con el que arrancó el gobierno de Chistian Agúndez Gómez.
Hoy, el caso fue turnado a la SSPyPC, estaremos atentos en su avance a la agencia del Ministerio Público de la PGJE.
Epicentro
El nombramiento de Giovanny Carlos como “encargado de despacho” de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos, dejó en evidencia dos cosas: La primera es que el secretario General de Gobierno de Baja California Sur, José Saúl González Núñez, metió la mano para tratar de revertir el desastroso manejo de imagen de Christian Agúndez Gómez, como alcalde de Los Cabos, aprovechando la alianza que afianzaron rumbo al 2027. La segunda, es que cerró el paso a Gastón Montaño y Jorge Castañeda, dos periodistas que desde un principio, pudieron haber definido una estrategia de comunicación acertada, dada la experiencia de ambos en el tema. Es una jugada de dos bandas, con las que el alcalde, se lavara las manos para deshacer compromisos contraídos en la campaña.
La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, convirtió el espacio deportivo de El Piojillo, en un negocio de Gobierno. Fijese que el Ayuntamiento de La Paz, emitió el pasado 24 de octubre la convocatoria para el arrendamiento de los espacios del campo deportivo. Desafortunadamente, la convocatoria, carece de fundamento legal, porque el director General de Inclusión y Diversidad, Jehú Fernández Vázquez Savín, no tiene facultades para emitirla. Por principios de cuentas, debe de crearse un Manual o Reglamento para ese tipo de arrendamientos, porque va de por medio la salud. La alcaldesa paceña, pretende cobrar 15 mil pesos mensuales por cada espacio arrendado, inclusive en las bases, pide entregar la factura pagada del primer mes y hasta Licencia Comercial . Desde mi punto de vista, es una convocatoria plagada de irregularidades y redactada con los pies y sin pasar ningún filtro jurídico. Además deja en evidencia el negocio que se traen entre manos la alcaldesa y su director de Inclusión y Diversidad, y donde parece que el cabildo está mas que pintado. No opina y no figura con las desiciones unilaterales. Ahora bien, debemos de preguntar de manera obligatoria: ¿Qué pueden vender y quién vigilará que no vayan a meter “otras cosas”? ¿Cómo se va determinar quién va otorgar el espacio? ¿Habrá un comité? ¿Con base a que están determinando que cobrarán 15 mil pesos mensuales por la renta de cada espacio?
Durante la revisión de cuentas del Ejercicio Fiscal del 2022 del Congreso del Estado de Baja California Sur, la Auditoría Superior del Estado, detectó la desaparición de 7 millones 279 mil 908 pesos con 52 centavos, por lo que solicitó presentar denuncias administrativas y penales contra los responsables de la XVI Legislatura. El caso salpica a los exdiputados, José María Avilés Castro y Luis Armando Díaz, quienes ocuparon el cargo de presidente de la Mesa Directiva y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, respectivamente, además del ex titular de Finanzas y Administración del Congreso, Mario Carrillo Lerma.
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