Después de tomar protesta el pasado 28 de septiembre, el nuevo presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, lanzó el anzuelo de que habían detectado un presunto faltante de alrededor de 300 millones de pesos en el presupuesto del ejercicio fiscal de 2024.
La persona que salió a dar la noticia fue el tesorero Rigoberto Arce Martínez, quejándose públicamente de que el alcalde saliente, Oscar Leggs Castro, “no había dejado el presupuesto suficiente para cumplir con obligaciones y pagos del cierre de año”.
En sus propias cuentas, según Rigo Arce, el presupuesto que tenían para los últimos tres meses del año eran alrededor de mil millones de pesos.
“Nos quedan alrededor de 700 millones y son 305 millones de pesos que los jalaron (…) para salir de la administración, lo que será un verdadero problema financiero para nosotros”, citó textualmente.
En una improvisada entrevista en el pasillo del Palacio Municipal de Los Cabos, el tesorero ni siquiera se había sentado a calentar su silla y ya estaba hablando de un supuesto faltante de 300 millones de pesos.
El responsable de las finanzas incluso llegó al punto de adelantar que podrían solicitar un crédito bancario para –según él—“tener suficiente liquidez” y poder dar de baja a una parte de la base laboral.
El tesorero Riberto Arce Martínez, explicó que la administración de su ex jefa, Jesús Armida Castro Guzmán, había dejado 2 mil 500 empleados en la nómina, y tres años después, ya había 5 mil 537 personas. Es decir, casi 3 mil trabajadores más.
En nómina, de acuerdo a la versión del nuevo tesorero, el Ayuntamiento de Los Cabos, pagaba 678 millones de pesos al año. Además, el 25% mas en el pago del ISSSTE, FOVISSSTE y SAT.
“Yo no soy partidario del endeudamiento de gobierno, así lo deje claro en mi anterior participación (en el trienio de Jesús Armida Castro Guzmán), sin embargo, esta es otra situación”, justificó.
Lo que no dijo el tesorero es que los 300 millones que supuestamente faltaban son nada menos y nadamas que el costo que el joven Christian Agúndez Gómez, tendría que pagar tras haber llegado al poder municipal de Los Cabos. Los conceptos, estarían distribuido de la siguiente manera:
1.- La compra de su candidatura de MORENA, y su consolidación, como alcalde de Los Cabos.
2.- El servicio de asesoría jurídica recibido, después de que su candidatura fuera impugnada en el Tribunal Federal Electoral.
3.- El financiamiento de su campaña.
No es obra de la casualidad que el nuevo alcalde haya ratificado en sus cargos a los titulares de la Oficial Mayor, Dirección del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPASLC) y Dirección de la Policía Municipal de Los Cabos.
Los tres servidores públicos no se quedaron precisamente por el gusto del novel alcalde, sino para garantizar la recuperación del dinero invertido en la figura de Christian Agúndez Gómez, como nuevo alcalde de Los Cabos.
La deuda será liquidada con recursos públicos. El alcalde cabeño y el nuevo tesorero, lo saben.
Epicentro:
En su debut como alcalde Christian Agúndez Gómez, fracasó en el pago de la nómina de la primera quincena de empleados del Ayuntamiento de Los Cabos. No es por falta de dinero o porque hayan quedado las arcas vacías, como tratan de vender su incapacidad. Más bien, es porque tanto el edil como el tesorero, perdieron los primeros quince días de administración en placearse, y perdieron su tiempo en subir y compartir selfies al estilo de MORENA. No se organizaron. No cobraron, y el resultado fue que no pudieron pagar el sueldo de los trabajadores de confianza y algunos compensados en la primera quincena de su gobierno.
Por cierto, es muy sospechoso que Christian Agúndez Gómez, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, y el Auditor Superior del Estado, Ricardo Verdugo Llanas, no hayan presentado denuncia penal contra Rigoberto Arce Martínez y Mario Alejandro Fernández Briceño, en su calidad de tesorero y síndico del gobierno de la ex alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, por no haber podido comprobar 3 mil 102 millones 852 mil 252 pesos con 32 centavos en el ejercicio fiscal de 2020 y 2021. Cometieron el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y ahora tendrán que rendir cuentas por esta omisión evidentemente intencional.
En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, están lloviendo quejas contra el oficial mayor, César Eduardo Juárez Castillo por el desaseo administrativo, violencia laboral, y las condiciones deplorables en la mayoría de las oficinas. Además, carece presuntamente de cédula profesional, lo que contraviene la Ley Orgánica de la PGJEBCS.
El pasado 7 de octubre, presentamos una denuncia penal en contra de la titular de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, Rosa Cristina Buendía Soto por los delitos de Abuso de Autoridad y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, correspondiente al tipo penal de Delitos de Hechos de Corrupción de Servidores Públicos. En su carácter de contralora, obstruyó y retardó la impartición de justicia administrativa, procurando intencionalmente la impunidad de una Red de Corrupción que viene operando en el Gobierno de Baja California Sur, encabezada por el director de la Administración Portuaria Integral (API), Narcizo Agúndez Gómez, la secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, Carolina Armenta Cervantes, y el diputado del Distrito Local XII, Omar Torres Orozco. La llevaremos a juicio, como a todos los involucrados en su debido momento. Afortunadamente, los cargos públicos son efímeros, pero los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, tienen una vigencia de 10 años.
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