La Paz, Baja California Sur.- La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, concedió esta noche la suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, dentro de su esfera de competencia, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio.
Por considerar la priorización del interés superior de la infancia, deberán adoptarse las siguientes medidas:
a) De no haberse observado las reglas en comento para la aprobación de unos (planes y programas) y otros (libros de texto gratuito), se deberá suspender la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto, no se haya observado el procedimiento respectivo, previsto en la Ley para la determinación de dichos planes, programas y libros.
b) De haberse observado la normatividad respectiva, a dichos planes, programas y libros de texto, podrán continuar con la impresión de éstos últimos.
c) De haberse aprobado dichos planes, programas y libros de texto gratuitos, conforme a la normatividad respectiva, podrán imprimir y distribuir los libros de texto aprobados con base en dichas formalidades vigente para el ciclo inmediato anterior (2022-2023).
d) De no haberse aprobado dichos documentos en los términos indicados, a fin de salvaguardar el derecho de la educación, podrán implementar los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros se realice.
Por lo pronto, y de acuerdo a la suspensión definitiva, los libros deberán entrar en un proceso de revisión, donde deberán intervenir los gobiernos estatales y los especialistas en materia educativa, después de que los libros sean puestos a disposición para que puedan ser analizados.
La edición e impresión de los libros de texto gratuitos, tendrán que pasar en los próximos días por un procedimiento previsto en la Ley General de la Educación.
