La Paz, Baja California Sur.- La Coordinadora Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación y contralora general del estado de Baja California Sur, Rosa Cristina Buendia Soto, fue denunciada penalmente el pasado 7 de octubre en la Fiscalía Estatal Anticorrupción por el delito de Abuso de Autoridad y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, correspondientes al tipo penal de Delitos de Hechos de Corrupción, previstos en el Código Penal del Estado.
Lo anterior, porque en su calidad de contralora, se negó a cumplir cabalmente con las disposiciones legales y administrativas en la asignación indebida de la obra pública denominada “Proyecto Integral para la Construcción de Calle Nicolás Tamaral (Etapa 2)”, ejecutada en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, construida con Recursos Federales del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Programa de Mejoramiento Urbano (S273) del Ejercicio Fiscal de 2023, y donde fueron invertidos 208 millones 547 mil 586 pesos con 83 centavos.
DENUNCIA DE HECHOS
La servidora pública de la 4T, recibió una denuncia de hechos y dos ampliaciones en las siguientes fechas, bajo el número de expediente CG/EPRA/307/2023:
El 6 de noviembre de 2023, recibió una denuncia de hechos, después que la empresa MUT Infraestructura, S.A de C.V., ganadora de la Licitación Pública Nacional, bajo el número de folio LO-62-024-903003993-N-3-2023, subcontratara a la compañía RCO Development, S.A de C.V., propiedad de Freddy Erubey Martínez Rivera, cuñado del director de la Administración Portuaria Integral (API), Narciso Agúndez Gómez, y del entonces, diputado Christian Agúndez Gómez.
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El contrato No. R15-SF-04-2023/01, firmado por el Representante Legal de MUT, Rafael Medel López, y Carolina Armenta Cervantes, Paulina del Carmen García López e Israel Soria Villa, secretaria, subsecretaria y director de Infraestructura Vial y Movilidad de SEPUIMM, respectivamente, transcribía que NO podría transferir a terceras personas fisicas y morales sus derechos y obligaciones.
En la denuncia fueron entregadas copias de 7 facturas, expedidas por RCO Development, S.A de C.V., a MUT Infraestructura, S.A de C.V., amparando la cantidad de 53 millones 530 mil 096 pesos con 80 centavos por el 30% de anticipo de la ejecución de la obra pública.
Así, y de esta manera, MUT transfirió sus derechos y obligaciones a la empresa del cuñado de «Los Agúndez«, violando la cláusula Décima Tercera del contrato, bajo la responsabilidad de Carolina Armenta Cervantes.
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Por lo anterior fue solicitado a la contralora general del estado, Rosa Cristina Buendia Soto, suspender la obra y rescindir el contrato firmado, así como deslindar responsabilidades administrativas contra los servidores públicos de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM).
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PRIMERA AMPLIACIÓN
El 7 de febrero de 2024, la contralora general del estado, Rosa Christina Buendia Soto, recibió una ampliación de pruebas, presentado esta vez, cuatro facturas expedidas por la compañía Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. de R.L de C.V., a RCO Development, S.A de C.V., después de haber sido subcontratada indebidamente por Freddy Erubey Martínez Rivera, cuñado de Narciso y Christian de apellidos Agúndez Gómez.
La funcionaria púbica recibió un paquete de nuevas pruebas documentales de que se seguía violando el contrato, tras consumar ilegales subcontrataciones, teniendo ahora en la ejecución de la obra pública dos empresas morales subcontratadas que no formaban parte del contrato No. R15-SF-04-2023/01.
La primera RCO Development, S.A de C.V., propiedad de Freddy Erubey Martínez Rivera, cuñado del director del API, Narciso Agúndez Gómez, y del entonces diputado, Christian Agúndez Gómez.
La segunda Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. de R.L de C.V., propiedad de Leslie Jonathan Torres Inzunza, compadre de Freddy Erubey Martínez Rivera.
Por segunda ocasión, y por reincidir en la subcontratación indebida, fue solicitada suspender la obra y rescindir el contrato firmado, así como deslindar responsabilidades administrativas contra los servidores públicos de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM).
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SEGUNDA AMPLIACION
El 19 de junio de 2024, la contralora general del estado, Rosa Cristina Buendia Soto, recibió la segunda ampliación de pruebas, en esta ocasión un set de cinco fotografías que probaban plenamente la relación familiar y el compadrazgo entre el director del API, Narciso Agúndez Gómez, la titular de SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, y el diputado del XII Distrito Electoral Local, Omar Torres Orozco, incurriendo en un conflicto de interés, según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, transcrito de la siguiente manera:
58.- Incurre en actuación bajo conflicto de interés, el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
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Las fotografías prueban plenamente lo siguiente:
1.- El diputado Omar Torres Orozco, es cuñado de la titular de SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, derivado de que se encuentra casado con su hermana, Jessica Armenta Cervantes.
2.- El director del API, Narciso Agúndez Gómez, a su vez, es compadre de Jessica Armenta Cervantes, hermana de la titular de SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, y por lógica, compadre del diputado Omar Torres Orozco.
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PROTECCION E IMPUNIDAD
A pesar de todas las pruebas documentales presentadas en su debido momento, y contrario a lo ordenado en el Artículo 6, Fracción IX, XVII, XXXVIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, Rosa Cristina Buendia Soto, en su carácter de Contralora, nunca observó que, en el caso del contrato de obra pública, se cumplieran las disposiciones legales y administrativas, toda vez que, dicha facultad no la colmo de oficio, siendo que debe ser parte de las licitaciones, contrataciones y asignaciones de las obras públicas del Gobierno del Estado, por ser el ente obligado a exigir la legalidad y transparencia del ejercicio del recurso público del Estado y del etiquetado por la Federación.
Entonces, Rosa Cristina Buendia Soto, debió observar el cabal cumplimiento del contrato, lo que nunca sucedió, como obligación en el ejercicio de sus funciones. Además, debió actuar de manera inmediata al momento de tener conocimiento de la denuncia contra los funcionarios y tampoco observó del cumplimiento lícito y ejecución de la obra.
Por lo anterior, se tipificó la conducta delictiva de abuso de autoridad en la vertiente de la obstrucción y retardo de la impartición de justicia administrativa, así como el uso ilícito de sus atribuciones y facultades, porque siendo la responsable de verificar el cumplimiento de los términos del contrato No. R15-SF-04-2023/01, se abstuvo de cumplir con dicha obligación, como ente obligado en la licitación y contratación, y como autoridad responsable de la investigación de los hechos denunciados.
Asimismo, consumó la conducta delictiva de la negación e incumplimiento de un deber legal, al procurar intencionalmente la impunidad de los delitos y faltas administrativas, desde que tuvo conocimiento en razón de sus funciones, absteniéndose de denunciar los hechos o entorpeciendo su propia averiguación, en virtud de que, las empresas MUT Infraestructura, S.A de C.V., RCO Development S.A de C.V., e Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. de R.L de C.V., se encuentran relacionadas entre sí con los familiares de Narciso Agúndez Gómez, director de la Administración Portuaria Integral (API), Christian Agúndez Gómez, actual presidente municipal de Los Cabos e hijos del exgobernador Narciso Agúndez Montaño.
Además, fue probado plenamente que Carolina Armenta Cervantes, responsable de la asignación de esa obra pública, tiene una relación familiar y de compadrazgo con la familia Agúndez Gómez, formando parte de una Red de Corrupción, tal y como se probó penalmente en la Fiscalía Estatal Anticorrupción y la Fiscalía General de la República (FGR).
