La Paz, Baja California Sur.– La Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, detectó la desaparición de 7 millones 279 mil 908 pesos con 52 centavos, presuntamente malversados durante la XVI Legislatura.
Lo anterior, según el resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 2022.
El caso salpica directamente a los exdiputados, José María Avilés Castro y Luis Armando Díaz, quienes durante ese ejercicio fiscal, ocuparon el cargo de presidente de la Mesa Directiva y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, respectivamente, además del ex titular de Finanzas y Administración del Congreso, Mario Carrillo Lerma.
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Durante la investigación contable fueron emitidas 38 observaciones, de las cuales 21 fueron solventadas, 11 fueron solventadas de manera parcial y 6 no fueron atendidas.
La Auditoría Superior del Estado confirmó un faltante de 7 millones 279 mil 908 pesos con 52 centavos, arrojado en una compulsa entre los ingresos y los egresos del 2022.
Los ingresos –en ese año– fueron de 243 millones 623 mil 584 pesos con 65 centavos, y los egresos, fueron de 236 millones 343 mil 676 pesos con 13 centavos, arrojando una diferencia de 7 millones 279 mil 908 pesos con 52 centavos.
Por lo anterior, fue solicitada la información comprobatoria de ese dinero, pero ninguno de los involucrados presentó la información requerida dentro del plazo otorgado de 30 días hábiles, a partir de la notificación.
«Lo anterior no solventa el resultado, derivado del no envió del documento que compruebe y justifique en qué se ejerció la diferencia de recurso obtenido durante el ejercicio, así como su acreditación, o en su caso, el comprobante de reintegro del recurso no ejercido correspondiente al gasto de enero a diciembre«, transcribe el informe.
La Auditoría Superior del Estado, recomendó «tomar medidas correctivas para evitar la reincidencia y ser objeto de sanciones u omisión que implique alguna irregularidad y presunta conducta ilícita o comisión de faltas administrativas«, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
Además, solicitó deslindar responsabilidades «conforme los tiempos y periodos en que se ejerció el gasto público, para lo cual deberá presentar las denuncias penales y administrativas correspondientes, e incluso tramitar el procedimiento de investigación de faltas administrativas ante la Contraloría del Poder Legislativo o ante la autoridad que corresponda, según sea el caso, a efecto de deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones aquí relatados y otros que deriven de las investigaciones que se realicen, y procurar la indemnización o reparación de los daños que en su caso se haya causado al patrimonio del ente público fiscalizado«.
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