Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo y administración de 3 mil 200 millones 800 mil pesos en la Cuenta Pública del 2023 por parte del Gobierno de Baja California Sur.
Lo anterior, según el pliego de observaciones del Informe General Ejecutivo, presentado el pasado 20 de febrero por el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados Federales.
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Las principales anomalías detectadas son las siguientes:
1.- Ampliación de la Carretera Transpeninsular de su tramo Guerrero Negro-Vizcaíno de 6 a 9 metros en una longitud de 11 kilómetros, según el resultado la auditoria forense 507. Por esta situación fueron abiertos 12 expedientes administrativos en contra de funcionarios de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) y Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA).
2.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, de acuerdo al resultado de la auditoría 515. En este fondo se detectaron pagos a trabajadores que presentaron licencia sin goce de sueldo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
3.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, según el resultado de la auditoría 517. En este fondo se detectaron pagos a trabajadores que no tienen preparación académica para los cargos que vienen desempeñando y empresas que no tienen experiencia en los servicios que fueron contratados.
4.- Participaciones Federales a Entidades Federativas, de acuerdo al resultado de la auditoría 520. En este fondo no fue aclaro el uso de mil 769 millones 46 mil 810 pesos con 42 centavos, que incluye la Secretaría de Finanzas y Administración, Instituto de Vivienda, Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, Patronato del Estudiante, Comisión Estatal del Agua, Colegio de Bachilleres del Estado, Centro de Estudios Científicos y Tecnologicos del Estado, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Tecnologico Superior de Mulege, Ayuntamiento de Comondú, Ayuntamiento de Los Cabos, Ayuntamiento de Loreto, Universidad Tecnológica de La Paz, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, SEDIF, Secretaría de Salud, Ayuntamiento de La Paz y Tribunal Estatal Electoral.
5.- Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, según el resultado de la auditoría 522.
6.- Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, de acuerdo al resultado de la auditoría 523.
7.- Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, según el resultado de las auditorías 524 y 525.
La Auditoría Superior de la Federación, ordenó a la Contraloría General del Estado, abrir expedientes administrativos en contra de servidores públicos, después de que venciera el termino legal para solventar las observaciones.
