Los Cabos, Baja California Sur.– Después de convocar a una conferencia de prensa, el pasado 17 de noviembre, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Montoya Terrazas, presentó públicamente pruebas testimoniales de la comisión del delito de lesiones dolosas cometido por su propio hijo, Fernando Díaz Montoya y cuatro amigos más, la noche del pasado 9 de octubre contra un trabajador de la compañía Cabo Scape.
La legisladora reconoció que su hijo de una manera “incorrecta” y “reprobable”, hablando en su calidad de madre, “se agarró a golpes en una recepción”, versión que fue complementada con la presentación de un video, donde Fernando Díaz Montoya en compañía de cuatro de sus amigos, aparece pateando y golpeando a una persona tirada en el piso en la Marina de Cabo San Lucas.
Lo anterior, en su desesperación por salir a defender a su hijo, justificando que con ese video, MetrópoliMx, había solicitado dinero a cambio de su silencio, lo que este día fue desmentido por el Consejo Editorial de Medios Digitales MetrópoliMx, S.A de C.V.
Aquí, puede leer el comunicado de Metrópolimx: https://metropolimx.com/falso-que-metropolimx-haya-solicitado-dinero-a-diputada-del-pt/
Acorralada por la opinión pública, la legisladora, no tuvo mas remedio que salia a dar la cara, después de 39 días de evadir el tema de la muerte del Sargento Primero del Honorable Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Daniel Salomón Dircio Islas, donde –según familiares y amigos de la víctima—estaría implicado su vástago.
En la conferencia repleta de contradicciones, la legisladora arrancó primero argumentando que su hijo “era mayor de edad” y “debía enfrentar las consecuencias”.
“Lo quiero puntualizar claro, es mayor de edad, lo cual quiere decir que él se tiene que hacer responsable de cualquier acusación o delito que cometa. No es menor”, dijo.
Sin embargo, de manera absurda, Fernando Díaz Montoya, nunca habló en la conferencia de prensa, y únicamente se limitó a ser acompañante de su mamá.
Durante los 48 minutos que duró la conservación, Gabriela Montoya Terrazas, tomó literalmente el control del micrófono para hablar de un tema donde nunca estuvo presente y todo el contexto que expuso fue de oídas.
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“No estuve ahí presente”, aceptó.
La legisladora justificó que había llevado a su hijo para que –según ella—“enfrentara las consecuencias”, pero contradictoriamente, la única que habló y dio la cara fue ella. Hablando todo el tiempo por su vástago, llevándolo al punto de ridiculizarlo en las transmisiones en vivo, exhibiéndolo de “inmaduro”.
La diputada del PT, relató su versión de lo que –según ella—“ocurrió en el barco”, el día es que su hijo Fernando Díaz Montoya, amenazó de muerte directamente a Daniel Salomón Dircio Islas.
“Tomados, bajo el calor del coraje y la inmadurez, empiezan hacerse de palabras, la cosa se torna más difícil, hay golpes”, sin tener una certeza de su dicho.
Con el rostro desencajado, y tras vivir los tres peores días de su vida –según definió– la legisladora, dijo que había tomado la decisión de convocar a los medios en calidad de madre, porque “muchos medios han estado hablando mal de mi persona y de mi familia”.
“Es una situación difícil para mi como persona, mujer y madre. Hoy vengo hablar como eso, porque es una situación que me tiene además de apenas, molesta y lastimada”, citó textualmente.
“No vengo hoy aquí en calidad de diputada”, aclaró.
Poniéndose la camiseta de madre, Gabriela Montoya Terrazas, todavía salió a presumir que, hasta ese momento, no había ninguna notificación, orden de aprehensión y orden de presentación ni nada que tuviera qué ver con ella o contra algún miembro de su familia, exhibiendo la ineficiencia o posible complicidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.
Lo anterior porque desde el día de la muerte del bombero Daniel Salomón Dircio Islas, ocurrida el pasado 9 de octubre y hasta el día de hoy, se han presentado tres denuncias penales en contra de Fernando Díaz Montoya, y su hermano, Juan Pablo Díaz Montoya, este último asesor jurídico de la sindicatura municipal del Ayuntamiento de Los Cabos por los delitos de lesiones, amenazas, intimidación y feminicidio en grado de tentativa.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, a decir de la diputada, ni siquiera se ha inmutado en girar los citatorios para que los acusados sean llamados a rendir su declaración sobre los tres casos.
