La Paz, Baja California Sur.- Tomando como pretexto la secrecia del caso, la directora de Anticorrupción de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, Ana Carolina Rosas García, se negó a proporcionar información del estatus que guarda la investigación en contra de los siguientes servidores públicos:
1.- Carolina Armenta Cervantes, titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur (SEPUI).
2.- Paulina del Carmen García López, subsecretaria de SEPUI.
3.- Israel Soria Villa, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.
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Los tres servidores públicos, según el expediente CG/DA/2299/2023, son acusados de la conducta tipificada como Delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, correspondiente al Tipo Penal de Delitos de Hechos de Corrupción de Servidores Públicos.
El 30 de marzo de 2023, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, publicó la convocatoria de la Licitación Pública Nacional, bajo el número de folio LO-62-024-903003993-N-3-2023, teniendo como objetivo concursar la obra pública denominada “Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolás Tamaral (Etapa 2)” en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, construida con Recursos Federales del Ramo 15 (Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Programa de Mejoramiento Urbano) (S273) del Ejercicio Fiscal de 2023, y donde fueron invertidos 208 millones 547 mil 586 pesos con 83 centavos.
El 26 de abril de 2023 fue emitido el falló de la Licitación Pública Nacional, declarando como ganadora a la compañía MUT Infraestructura, S.A de C.V., por lo que, ese mismo día fue firmado el contrato No. R15-SF-04-2023/01 entre la empresa MUT Infraestructura, S.A de C.V., y el Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Sin embargo, la empresa ganadora subcontrató a la empresa RCO Development, S.A de C.V., propiedad de Freddy Erubey Martínez Rivera, cuñado del actual alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, y el director de la Administración Portuaria Integral (API), Narciso Agúndez Gómez, a su vez, compadre de la hermana de Carolina Armenta Cervantes, violando la cláusula Décima Tercera del contrato que ordenaba NO transferir a terceras personas físicas y morales sus derechos y obligaciones.
Los servidores públicos de la 4T, a sabiendas de la ilicitud de la ejecución de la obra, se obtuvieron por evidente complicidad de verificar el cabal cumplimiento de los Términos del Contrato, toda vez que la obra fue ejecutada bajo el tenor de la subcontratación, incumpliendo con el Contrato de Obra, y lo que era motivo suficiente para la suspensión de la obra y rescisión inmediata del contrato, toda vez que se trata de los recursos económicos de la Federación.
Sin embargo, la directora Anticorrupción, Ana Carolina Rosas García, expuso que no podía informar del avance de la investigación a la persona que presentó la denuncia, a pesar de que ha pasado casi un año de tiempo y sigue sin deslindar responsabilidades administrativas.
La servidora pública justificó la negativa entregando un documento de jurisprudencia publicado en el Libro 7 Tomo IV del mes de noviembre de 2021, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
«Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la participación activa del denunciante en la fase de investigación relativa, no incluye el acceso al expediente como coadyuvante de la autoridad», transcribe.
https://polacabcs.com/2020/07/el-negocio-de-pancho-y-marcos-covarrubias/
Cuanto recibió los medios de comunicación para callar por un tiempo.
antes que lo borren
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