La Paz, Baja California Sur.– La Fiscalía Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, ratificó el pasado viernes 10 de noviembre la solicitud de desafuero del diputado federal por Baja California Sur, Rubén Muñoz Alvarez en la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Artículo Relacionado: https://metropolimx.com/inician-procedimiento-de-nulidad-contra-desarrollo-mision-punta-norte/
Lo anterior después de haber solicitado (un día anterior) el comienzo del procesamiento para la declaración de procedencia en contra del legislador del Grupo Parlamentario de Morena.
El objetivo es que sea retirada la inmunidad procesal(fuero) y el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, pueda ejercer la acción penal en contra de Rubén Muñoz Alvarez.
El diputado federal de Morena, es acusado de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, estipulados en el Código Penal de Baja California Sur.
Articulo Relacionado: https://metropolimx.com/solicitan-desafuero-de-ruben-munoz-como-diputado-federal-de-bcs/
Tan y como informamos oportunamente, la solicitud del desafuero está relacionada a una denuncia presentada originalmente por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV) en Baja California Sur, por la que se abrió una Carpeta de Investigación, en contra de las siguientes personas:
1.- Rubén Muñoz Alvarez, ex presidente municipal de La Paz.
2.- Juan Ramón Domínguez Leyva, ex quinto regidor del Ayuntamiento de La Paz.
3.- Pilar Eduardo Carballo Ruíz, ex noveno regidor del XVI Ayuntamiento de La Paz.
Los tres en su debido momento fungieron como miembros de la Comisión Edilicia de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito en el periodo de 2018-2012.
El primero en su calidad de Presidente (Rubén), el segundo como Primer Secretario (Juan Ramón) y, el último, en su carácter de Segundo Secretario (Pilar Eduardo).
Los ex servidores públicos, según la denuncia penal, no aplicaron el procedimiento correcto para realizar el “cambio de uso de suelo”, elaborando el 15 de enero de 2021, un dictamen de manera ilegal para convertir en urbanizable un terreno que no era urbanizable con clave catastral 1-01-014-0165, localizado en un sitio conocido como Misión Punta Norte, y el cual no lo hicieron saber al pleno del cabildo hasta que fue votado en una sesión del 25 de marzo de 2021.
Así, y de esta manera, según la denuncia penal, fue concretado el cambio de uso de suelo del terreno, violentando el procedimiento establecido en el Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.
El entonces alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Alvarez, junto con los regidores Juan Ramón Domínguez Leyva y Pilar Eduardo Carballo Ruíz, estaban conscientes plenamente de que los intereses del Municipio de La Paz, se verían seriamente afectados tras cambiar el uso de suelo, careciendo de estudios técnicos, provocando una alteración al Plan de Desarrollo Urbano.
El lugar donde se encuentra el terreno de Misión Punta Norte, es una zona afectada por escurrimientos, por lo que con base en el Programa Municipal de Desarrollo, no es ni puede ser urbanizable.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de hecho, tenía que haber emitido un dictamen para su delimitación.
El terreno esta conformado de la siguiente manera:
1.- El 71% de su área esta denominada como Protección Ecológica de Aprovechamiento (PEA).
2.- El 15% del terreno corresponde a Bienes Nacionales.
3.- El terreno restante del predio corresponde a un 15% para Vivienda Residencial Turístico (H6)
4.- Menos del 1% para Corredor Urbano (CUR).
El actual diputado federal de Morena, Rubén Muñoz Alvarez, tuvo en su momento acceso a toda esa información, pero aprovechando su posición sacó adelante un dictamen ilegalmente para cambiar el uso de suelo de ese terreno a H3 (Vivienda de interés medio), durante la celebración de Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del XVI Ayuntamiento de La Paz.
