La Paz, Baja California Sur.- Durante un mensaje a la población, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo un llamado urgente para que el Congreso del Estado, cumpla con la orden del Poder Judicial Federal de reintegrar inmediatamente a las y los diputados ilegalmente destituidos.
El gobernante comentó que, una vez restablecida la legalidad en la integración del Congreso del Estado, demandará a las y los diputados, volver a discutir y aprobar inmediatamente, y con el fundamento correcto, es decir, lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, el proyecto y financiamiento para la construcción de la ansiada desaladora de Los Cabos, y la cual dará agua a miles de familias.
“Es ahora o nunca”, citó textualmente y convoco al coordinador de Programas Federales, Víctor Manuel Castro Cosío y la alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, a trabajar unidos de quienes fueron elegidos democráticamente para desempeñar un cargo de elección popular.
El gobernador sudcaliforniano expuso que todos “tenemos una obligación legal y una moral”.
La legal: cumplir y hacer cumplir las leyes.
La moral: trabajar para darle resultados a la gente, anteponiendo el interés público a nuestra militancia política e intereses personales.
El poder judicial, recordó, ordenó:
- Reintegrar el Congreso a su composición que tenía antes del juicio político que, ilegalmente, separó a 5 diputadas y diputados electos por la gente; es decir, una vez mas, deben componer el Congreso las y los 21 diputados titulares que fueron electos en el proceso electoral celebrado hace dos años.
- Invalidar todas las sesiones, leyes, decretos, acuerdos o cualquier acto legislativo realizado desde que se expulsó a las y los 5 diputados opositores de minoría.
La invalidación de todos los acuerdos incluye la nulidad de la aprobación que se había dado al proyecto de la desaladora.
“La gente de Los Cabos tiene sed. Peor: ante la pandemia, el agua se convierte en un tema central también para la salud y para la vida”, dijo.
Por eso demando al congreso un doble compromiso:
Primero: reintegrar la legalidad, como lo ordenó el poder judicial.
Segundo: Una vez cumplida la orden del juez, con base en sus facultades, proceda de inmediato a reponer la sesión para discutir y votar de nueva cuenta la autorización para el proyecto y financiamiento de la planta desaladora de Los Cabos, pero como lo señalé, apegándose a la legislación vigente.
El Jefe del Ejecutivo Estatal expuso que “estamos ante un tema de interés público”, uno, según dijo, “afecta nuestra vida democrática pero, sobre todo, el destino y bienestar de miles de hogares que viven en muchas colonias de Los Cabos que hoy carecen de agua”.
“Cerremos filas. Por ellos. La gente espera nuestra sensatez y solidaridad. Estamos a tiempo”, comentó y agregó que “los 8 diputados y diputadas de minorías opositoras han manifestado públicamente ya su disposición y compromiso para de inmediato trabajar en el tema y aprobar el proyecto”, extendiendo su llamado a la alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, así como al coordinador Estatal de los Programas de Desarrollo, Víctor Manuel Castro Cosío, para que sumando voluntades, puedan intervenir ante las y los diputados de su partido, Morena, para que privilegien con su actuar el bien común de las y los cabeños.
“Señoras y señores diputados: está en su cancha, de nuevo, la oportunidad y posibilidad de autorizar, cumpliendo con la ley, la nueva desaladora”, dijo.
Por lo expuso que este es un tema que requiere de la generosidad, responsabilidad, compromiso y sensibilidad, de tal modo que “no debe dividirlos”, por el contrario, “debe aprobarse por consenso, con el voto de todas y todos los diputados, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en beneficio de sus representados”.
