Investiga SHyCP a Magistrada de BCS por operaciones financieras irregulares

La Magistrada del PJF, no declaró propiedades que registró a nombre de su padre, Eligio Soto López, ex delegado de la SRA en BCS.

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La Paz, Baja California Sur.-La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, es investigada por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras.

La investigación iniciada por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluye a su esposo y a dos familiares.

Se investigan omisiones en las declaraciones patrimoniales de Mónica Soto Fregoso.

La magistrada solo declaró una propiedad, ubicada en Zapopan, Jalisco, adquirida en co-propiedad con su marido, Miguel Díaz Cuadras.

En las investigaciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detectó que la magistrada posee una casa en Baja California Sur.

Presuntamente la adquirió a nombre de su padre, Eligio Soto López, ex presidente municipal de Comondú, ex diputado local y ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Sin embargo, es de Mónica Soto Fregoso desde el 2008.

Las investigaciones detectaron que la magistrada no realizó declaraciones fiscales antes del 2013, aún cuando ocupó cargos en la junta local del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur y en el Tribunal Estatal Electoral.

Respecto al padre de la magistrada, existen denuncias desde el año 2011 por el despojo de más de 400 mil hectáreas en la Sierra, el Golfo de California y el Océano Pacífico, cuando Eligio Soto López fue delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria y habría aprovechado su puesto para apropiarse de terrenos ejidales en los cinco municipios sudcalifornianos.

César Soto Fregoso, hermano de la magistrada, fue dirigente del PRI en Los Cabos. Entre el 2010 y 2011 fue señalado por encabezar invasiones de predios en ese municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el esposo de la magistrada, Miguel Leonardo Díaz, artista plástico, nunca había declarado ingresos, hasta el año pasado, a pesar de que entre el 2015 y el 2019 obtuvo más de tres millones de pesos.

Además fue el principal beneficiario de la constructora Gran Visión Construcción, SA de CV, firma constructora propiedad del empresario Luis Raymundo Cano Hernández, presunto socio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, principal operador político del aspirante a gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío.

El esposo de la magistrada se hizo de terrenos comunales en el estado, gracias a su suegro, Eligio Soto López.