La “Nueva” Política Nacional Anticorrupción (PNA)

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació en de mayo de 2015, a través del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Casi  cinco años después, el pasado 29 de Enero de 2020,  en el seno de la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado lo que será la Política Nacional Anticorrupción, dicha política, según se desprende del documento que fue presentado por el C.  José Octavio López Presa,  en su carácter de Presidente del Comité Coordinador del SNA, es producto de mucho análisis de información obtenida a través de diversos mecanismos, entre ellos, una consulta ciudadana en línea.

En dicha consulta participaron 84 personas de Baja California Sur, esas 84 personas representaron a nuestro estado en la generación de una política pública nacional, y nada menos que sobre el problema que más daño hace al país, no sé, si ese número refiera la poca participación e interés de la ciudadanía sudcaliforniana en el tema o la nula difusión por parte del Comité de Participación Ciudadana, a quienes se les encomendó la instrumentación de la consulta.

La Política Nacional Anticorrupción, descansa en cuatro ejes principales: Combatir la Corrupción y la Impunidad; Combatir la arbitrariedad y el Abuso del Poder; Promover la mejora en la gestión Pública, y de los puntos de contacto gobierno-sociedad, y por último, Involucrar a la sociedad y al sector privado, para cumplir con los ejes planteados se establecen 40 estrategias prioritarias “sugiriendo” que para concretarlas, es necesario realizar más de 250 actividades, lideradas, según su competencia por los distintos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Un gran reto sin duda implementar dicha política nacional, cuando aún no se encuentran instalados debidamente los Sistemas Locales, como es el caso de nuestro estado en el que aún se no se nombra un Fiscal Anticorrupción, figura a la que se le atribuyen muchas de las acciones necesarias para cumplir el primer eje “Combatir la Corrupción y la Impunidad”.

También puedes leer la Opinión de Gabriel Camacho: https://metropolimx.com/el-cumulo/

La  Política Nacional Anticorrupción, recoge muchas de las asignaturas que tienen pendientes algunos de los integrantes del Sistema Anticorrupción, y a su vez, integran otros sistemas, como es el caso de los Órganos Garantes de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pues en ella se insiste en la creación de estructuras sociales y mecanismos de participación,  como observatorios, laboratorios, que fomenten la transparencia proactiva y el gobierno abierto, a fin de inhibir las malas prácticas de corrupción, tareas también encomendadas hace tiempo al Sistema Nacional de Transparencia, dentro del cual si bien es cierto, hay esfuerzos muy reconocibles, estos son atribuibles a órganos garantes muy en específico, en nuestro estado son imperceptibles.

No podría decir que la Política Nacional Anticorrupción, es ambiciosa, porque no lo es, refleja el deber ser, sin embargo, a la par del nacimiento de esta “nueva” política pública, debería evaluarse si los responsables de su implementación tienen la fortaleza  institucional para hacerlo, y no se conviertan en simples tramitadores de información estadística.

Creo que todos esperamos resultados, más allá de los indicadores que seguramente se estarán presentando puntualmente, si no de manera más evidente, sí es prioritaria la participación ciudadana, se debe generar confianza  a través de procesos claros y sobre todo abiertos y transparentes que no dejen pie a suspicacias en la elección de quienes integran órganos deliberativos.

Como ciudadanos insistamos ya no en la generación de políticas públicas que combatan la corrupción estas ahora ya existen, exijamos en que se cumplan bien, participemos, preguntemos, denunciemos, contribuyamos a hacer que esta nueva política pública, no quede como un referente vanguardista a decir de sus generadores, sino que se convierta verdaderamente en el deber ser de nuestro país y de nuestro estado.

Punto y seguimos…

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