La Paz, Baja California Sur.– Con el visto bueno de regidores, y la complicidad del Contralor Municipal de La Paz, Jorge Pavel Castro Ríos, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, convirtió el Centro Deportivo Municipal de «El Piojillo«, en un jugoso y lucrativo negocio para el H. Ayuntamiento de La Paz.
Con un costo desmesurado de 15 mil pesos mensuales, y sin ningún fundamento legal, el director general de Inclusión y Diversidad del H. Ayuntamiento de La Paz, Jehú Fernando Vázquez Savin, lanzó el pasado 24 de octubre, la convocatoria para el arrendamiento de locales comerciales en el interior del campo deportivo.
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La convocatoria publicada en la Gaceta Electrónica del H. Ayuntamiento de La Paz, carece de un fundamento legal, por las siguientes consideraciones:
1.- No fue creado ningún Comité responsable de revisar, analizar y discutir el precio de arrendamiento de los locales, y sobre todo, supervisar todas las operaciones dentro del Centro Deportivo Municipal, como son el funcionamiento de los locales, recaudación y salubridad, entre otros.
2.- La convocatoria debió ser lanzada por el Comité, integrado por un cuerpo colegiado de regidores y funcionarios de comercio, contraloría y jurídico del H. Ayuntamiento de La Paz.
3.- La convocatoria carece de un norma regulatoria que pudo haber sido fijada en las mismas bases, como un Manual o Reglamento, y que pudiera derivar en la aprobación o rechazo de acciones por parte del órgano colegiado.
La convocatoria lanzada por la Dirección General de Inclusión y Diversidad, fue para las personas interesadas en la venta de café y alimentos a «costos accesibles«, pero paradójicamente, ofrece un valor desproporcionado de arrendamiento de hasta 15 mil pesos mensuales por cada local.
El costo desde luego es considerado desorbitante, tomando como base que un local comercial en cualquier Mercado Municipal de La Paz, oscila entre 3 y 5 mil pesos mensuales.
Peor aún.
El gobierno de la austeridad republicana, solicita –entre los requisitos– «demostrar solvencia económica«, y pide «licencia de funcionamiento«, como si la convocatoria fuera dirigida a negocios establecidos y no al público en general.
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«El costo mensual de la renta será de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100) pagadero los primeros cinco días de cada mes, previa presentación de la factura correspondiente, autorizada para pago», transcribe la convocatoria, y donde tampoco viene información cuántos locales se arrendarán y las medidas de cada espacio, lo que deja en evidencia –entre muchas otras cosas– que la convocatoria está plagada de graves irregularidades.
Sobre este caso, los regidores, han guardado absoluto silencio. Nadie sabe hasta este momento, cuánto dinero pretende recaudarse y el uso y destino final.