La Paz, Baja California Sur.- El pasado 14 de julio, el Representante Legal de la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., Néstor Alejandro Araiza Castellón, solicitó sospechosamente la baja de su registro patronal A0937747101 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La justificación, según la explicación del Representante Legal de la compañía del sector privado de guarderías, fue que “no tenía trabajadores”.
Lo anterior ocurrió casualmente cuatro días después de que MetrópoliMx, publicara la nómina completa de 103 trabajadores del Centro de Desarrollo Integral (CENDI) “Tierra y Libertad” y de Puerto San Carlos, en el reportaje titulado: “Funcionaria que demandó a periodistas cobra como empleada del Gobierno de BCS”.
La investigación que duró tres meses fue para probar plenamente que Arlen Moreno Maciel, la militante del PT, utilizada por el gobierno de Baja California Sur para denunciar a periodistas, SÍ era empleada del gobierno del estado, después de que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, negara que algún funcionario de su administración, hubiera promovido denuncias contra comunicadores.
Aquí, puedes leer el reportaje: https://metropolimx.com/funcionaria-que-demando-a-periodistas-cobra-como-empleada-del-gobierno-de-bcs/
Todavía e intentando engañar a sus seguidores, en su cuenta oficial de Instagram, Arlen Moreno Maciel, negó ser empleada de la SEP, y hasta mintió, cuando dijo que no recibía 30 mil 888 pesos con 88 centavos por concepto de sueldo, aventándose la puntada de que “la información había sido alterada”, ofreciendo una explicación inverosímil, cuando de antemano, sabía que la información fue entregada por la dirección de Finanzas y Administración de la SEP en una respuesta a una solicitud de información de MetrópoliMx.
La rápida y hasta cierto punto sospechosa actuación del también segundo regidor del XVII Ayuntamiento de La Paz y pareja sentimental de la mamá de Arlen Moreno Maciel, actualmente representante federal de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, María Mercedes Maciel Ortiz, fue evidentemente dirigida para borrar cualquier evidencia de una relación laboral entre la clase trabajadora y la compañía privada que, según una investigación de este medio de comunicación, dirigía, manejaba y controlaba las operaciones de la guardería desde el 2014.
Sin embargo, el ascendente negocio familiar de Néstor Alejandro Araiza Castellón, y su pareja, María Mercedes Maciel Ortiz, terminó abruptamente en el 2018, cuando el Gobierno de México, tomó la decisión de descentralizar la administración y la operación del sistema educativo, presentando un nuevo modelo en el Programa Expansión de la Educación Inicial.
Así, y de esta manera, la facultad de administrar, organizar y controlar el pago de los recursos humanos a cargo de la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., según el Artículo 114 de la Ley General de Educación vigente, paso a la Secretaría de Educación Pública en el Estado.
En el marco del convenio para la operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal de 2019, la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad” A.C., registró a 76 de los 103 trabajadores que aparecen en la nómina, y los cuales firmaron un contrato laboral único, como “trabajadores voluntarios” de la SEP, cobrando su sueldo a través del capítulo 4000.
Las Violaciones
Desde luego que los derechos laborales de los trabajadores del CENDI en La Paz y Puerto San Carlos, han sido violentados una y otra vez, desde hace cuatro años.
Primero en el periodo de María Mercedes Maciel Ortiz, como directora general, y hoy en la administración de su hija, Arlen Moreno Maciel, después de heredar el cargo familiar de su madre en el CENDI.
Desde la firma del contrato individual del trabajo, los empleados del CENDI, no son de aquí no de allá, porque a pasar de laborar tanto en la SEP como en la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., ambas se han negado a entregar copia del contrato a sus trabajadores, violando flagrantemente la Ley Federal del Trabajo.
Desde luego que, por la carencia del contrato laboral, actualmente, los trabajadores desconocen sus derechos y las condiciones bajo las cuales vienen prestando sus servicios en dichos centros de trabajo.
Peor aún.
Los empleados del CENDI, reciben su sueldo de parte de la SEP, pero la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., mantiene el control del recurso humano del centro de “Tierra y Libertad” y Puerto San Carlos, como si se tratara de un negocio particular.
Actualmente, según la respuesta del coordinador de Programas Federales de la SEP, José Luis Chavarín Fausto, fechada el 8 de junio de 2022, bajo el número de folio 030075722000059, la SEP, gasta 996 mil 313 pesos con 52 centavos mensuales por concepto de sueldos, teniendo en la nómina a 103 trabajadores, y 13 millones 328 mil 594 mil pesos anuales por concepto de servicio de mantenimiento de los dos inmuebles, servicio de cámaras y circuito cerrado, actividades académicas, gas, agua potable y energía eléctrica y alimentos.
Es decir, la nómina y la operación del CENDI, es financiada con recursos públicos por la SEP, pero en los hechos, es manejada como negocio privado por Néstor Alejandro Araiza Castellón y “Las Maciel”.
Así, y en ese mar de confusión laboral, los empleados del CENDI, han tenido que navegar entre mentiras, engaños, abusos y defraudación a los regímenes de seguridad social.
Y es que los empleados aparte de no tener copia del contrato, tampoco reciben copia de su recibo de pago, cobrando únicamente como trabajadores de lista de raya, quedando en la indefensión total de sus derechos laborales.
Lo más grave de todo es que los empleados del CENDI, poco a poco han sido dados de baja por la Coordinadora Popular «Tierra y Libertad», A.C., por debajo del agua, perdieron todos derechos como son:
- Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para el trabajador y su familia.
- Ahorro para el retiro
- Guardería para el cuidado de sus hijos
- Prestaciones sociales
- Pensiones en caso de invalidez o fallecimiento.
Desde el 2019, la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., dejó de pagar al IMSS y al INFONAVIT, acumulando una deuda impagable de más de 5 millones de pesos.
La Defraudación
Desde luego que la situación actual laboral de los trabajadores del CENDI, encuadra en el delito de defraudación de regímenes de seguridad social que, en caso de que cualquier empleado o de manera colectiva, presenten una denuncia en el departamento de auditoría de la Subdelegación, deberá ser investigada rigurosamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Artículo 307 de la Ley del Seguro Social, establece claramente: “Cometen el delito de defraudación de regímenes del seguro social, los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados que, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero patronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al Instituto y los trabajadores”.
El delito de defraudación a los regímenes de seguridad social, según el Artículo 308 de la Ley del Seguro Social, castiga de la siguiente manera:
1.- Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de trece mil salarios mínimos diarios vigentes.
2.- Con prisión de dos a cinco años, cuando el monto de lo defraudado exceda de trece mil salarios mínimos diarios vigentes.
3.- Con prisión de cinco a nueve años, cuando el monto de los defraudado fuera mayor de 19 mil salarios mínimos.
La Denuncia
Cansados del abuso, el engaño y la defraudación, un grupo de trabajadores del CENDI en La Paz, contactó a MetrópoliMx, revelando todas las irregularidades que se vienen presentando al interior, por lo que adelantaron que presentarían una denuncia en auditoría de la subdelegación del IMSS por el delito de defraudación de regímenes del seguro social.
Los directamente responsables –de acuerdo a los trabajadores– son el Representante Legal de la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., Néstor Alejandro Araiza Castellón, la x directora general, María Mercedes Maciel Ortiz, y la actual directora, Arlen Moreno Maciel.
De hecho, desde hace un par de semanas, y cuando la información llegó a manos de la directora del Cendi “Tierra y Libertad”, Arlen Moreno Maciel, intentó persuadir a los inconformes para que no presentaran la denuncia, argumentando que no tienen copia de contrato laboral ni copia de recibos de pago para demostrar una relación laboral con la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C y menos con la SEP.
Inclusive, tratando de engañar nuevamente a los empleados, la directora dijo que había ido al seguro y había advertido que, si no restablecían el servicio médico, harían un plantón en el IMSS, cuando de antemano la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, A.C., presentó la baja de su registro patronal.
“Los que están vulnerando al trabajador, no es coordinadora popular, en estos momentos, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el IMSS, nos tiene que avisar a través de nuestro patrón que nos van a dar de baja”, citó textualmente Arlen Moreno Maciel, tras salir a la defensa de la empresa de la pareja de su mamá, Néstor Alejandro Araiza Castellón.
Como una evidente estrategia de apaciguar los ánimos, y evitar la denuncia en auditoría del IMSS, Arlen Moreno Maciel, confesó que se habían aventado una operación «por debajo del agua», desviando recursos públicos que no estaban en el presupuesto y depositar mil pesos a la cuenta de cada trabajador, por si ocupaban gastos médicos.
«No es para qué se los gasten, es por si alguien tiene que hacerse un examen médico de emergencia o ocupa ir al doctor SIMI, donde puedan darles factura a su nombre«, dijo.
La directora del CENDI, Arlen Moreno Maciel, aceptó que la Coordinadora Popular “Tierra y Libertad”, habría pagado las cuotas hasta el 2019, y su mamá, María Mercedes Maciel Ortiz, habría cubierto parte de algunas cuotas del 2020, pagando hasta 298 mil pesos mensuales.
Reconoció que desde entonces, no se paga ni IMSS ni tampoco Infonavit, lo que desde luego, es un delito consumado de defraudación de regímenes de seguridad social.
Paradójicamente, María Mercedes Maciel Ortiz, quien en su calidad de representante federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Baja California Sur, debería de vigilar y garantizar los derechos laborales de empleados del CENDI, es la primera en proteger las violaciones que se vienen cometiendo en contra de la planta laboral del CENDI por parte de la compañía de su pareja sentimental y dirigida por su hija.
