La Paz, Baja California Sur.- Desde que dos grupos políticos, radicales y conciliadores, comenzaron la rebatinga por el poder y el presupuesto millonario del congreso local, desde 2019, la credibilidad de la XV Legislatura de Baja California Sur, con mayoría de Morena fue una y otra vez, dinamitando la confianza que depositaron los ciudadanos en el cambio verdadero.
A un año de que los legisladores locales terminen su periodo que literalmente paso sin pena ni gloria, las disputas alcanzaron proporciones que terminaron por involucrar al Poder Ejecutivo del Estado, generando eco nacional.
Con la última destitución de 5 de los 8 diputados sometidos a la farse de un juicio político, el golpe maestro encabezado por el grupo político del legislador Ramiro Ruiz Flores, concluyó, por decirlo así, con el pacto democrático, y obligó al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, a intervenir de nuevo en un intento de acotar, a su vez, un posible revés contra su administración, ya que al calor de la sucesión gubernamental del 2021, se vislumbra que los 13 diputados opositores a su régimen, controlando ahora el Poder Legislativo del Estado, planean abrirle un juicio político en el futuro inmediato.
Las y los diputados destituidos fueron Daniela Viviana Rubio Avilés, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Elizabeth Rocha Torres, Perla Flores Leyva y Rigoberto Murillo Aguilar.
Los disensos políticos elevados a golpeteo legal, ya han alcanzado también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se han procesado diversas controversias constitucionales.
En el Juzgado Segundo de Distrito de Baja Calfornia Sur, se ventila un Juicio de Amparo interpuesto por las y los diputados sancionados, y que todavía no ha concluido.
Mientras tanto, en el Congreso del Estado ya se trabaja con los 5 diputados suplentes que asumieron el cargo en un proceso viciado, poco claro y que hacen perder más a los ciudadanos, pues los jaloneos y golpes se prolongarían todo el año restante que le falta a la XV Legislatura.
La parálisis legislativa no sólo se dio por la pandemia de Coronavirus, también los conflictos han hecho que el gobernador Carlos Mendoza Davis, retenga el presupuesto del Congreso del Estado, bajo el argumento de que quienes acapararon el poder, son “diputados espurios”.
Desde lo legal, además de haber emprendido una acción en la Corte, también se ha detenido la publicación en el Boletín Oficial del Estado a todo el quehacer del Legislativo.
El pasado 25 de agosto, dos días después de que la petista María Mercedes Maciel Ortiz, la presidenta de la Mesa Directiva instalada por el diputado Ramiro Ruiz Flores y sus aliados, tomara protesta a los 5 suplentes de los defenestrados, Carlos Mendoza Davis arreció su postura frente a lo que llamó un problema de “gravedad mayúscula”.
“Se trata de un acto que no sólo viola la orden expresa de un juez federal, sino que pasa por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pretende invalidar el voto emitido por miles de sudcalifonianas y sudcalifornianos”, sentenció refiriéndose a la destitución de los diputados.
Desde luego, el discurso emitido por Carlos Mendoza Davis en su cuenta oficial de Facebook, provocó las reacciones de Ramiro Ruiz y Héctor Ortega Pillado, quienes también en “transmisiones facebookeras”, volvieron a acusar al gobernador de entrometerse en la vida y legalidad del Poder Legislativo, ya que él junto con la Mesa Directiva destituida y encabezada por la diputada del Partido Humanista, Daniela Rubio Avilés (señalaron) “también intentaron correr sin fórmula de juicio político a los 13 diputados que hacen la mayoría”.
El legislador Ramiro Ruiz Flores explicó que en marzo, luego de ser destituida de la Presidencia, Daniela Rubio Avilésy sus 7 legisladores aliados sesionaron sin quórum legal, dictaron y giraron oficios de destitución y hasta enviaron 18 millones de pesos por concepto de liquidación de los 13 diputados al Tribunal de Justicia Laboral.
Una guerra política
Mientras que Carlos Mendoza Davis indicó en su discurso que la destitución de las minorías por una mayoría “insentata e irracional”, “atropella el estado de derecho y la legalidad en Baja California Sur, escudados en una falaz interpretación del principio de mayoría legislativa que, a su decir, les permite todo, incluso violar la ley”, los diputados golpistas se defendían.
Y continuó:
“Es un antecedente peligrosísimo para la democracia mexicana que de ninguna manera podemos permitir y de ninguna manera voy a convalidar. Como es del dominio público, el pasado sábado, se resolvió un juicio político por parte de las y los diputados del partido Morena que derivó en la destitución de 5 y la amonestación de 3 diputadas y diputados locales de diversas fuerzas políticas opositoras y minoritarias”.
Explicó que existe una orden de la Suprema Corte para que se reestablezca la conformación integral del Congreso, conforme a los votos y que además quien sigue siendo la legítima presidenta de la Mesa Directiva, es Daniela Rubio Avilés.
“Lamentablemente lo instruido por la Corte no fue atendido por el Congreso y, por tanto, afecta de nulidad, por ilegales, los actos que ha realizado, desde entonces, y realiza hasta ahora, la mayoría artificial”, expuso.
Mencionó además que existe un amparo por parte de la Juez Segundo de Distrito de La Paz para detener las ilegalidades que se estaban cometiendo, por lo que desde que fue destituida la anterior Mesa, no ha publicado ningún acuerdo ni decreto.
“Por mi parte, tras un análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas que el hecho tendrá, no sólo para el Estado de Derecho y el funcionamiento del Congreso, sino para la vida de las y los sudcalifornianos, y dada la naturaleza grave de los actos y sus repercusiones jurídicas, anuncio que ampliaré la demanda de controversia constitucional, para que sea nuestra máxima autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que valore y se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de los hechos suscitados”, apuntó.
“Lamento que las señoras y señores diputados locales de Morena y el Partido del Trabajo desacaten determinaciones de la autoridad judicial. Con ello violentan flagrantemente el principio de división de poderes que curiosamente, tanto reclaman se respete”, dijo y asevero que no permitiría que el Congreso “espurio” especulara con los proyectos públicos para los sudcalifornianos.
La respuesta
Posteriormente, el líder del Congreso, Ramiro Ruiz Flores, respondió con un escueto comunicado en el cual volvió a acusar a Carlos Mendoza Davis de intervenir en el Poder Legislativo, lo que consideró “una falta de respeto grave”.
“Quienes hoy integramos esta Legislatura a través de un servidor reiteramos nuestra amplia disposición a trabajar en los temas que la nos sociedad nos demanda, siempre apegados a la legalidad como hasta ahora nos hemos conducido”, señalo y agregó: “De parte del Congreso del Estado tengan ustedes ciudadanos del estado que siempre habrá un profundo respeto hacia los poderes Ejecutivo y Judicial como premisa fundamental para dialogar y poder llegar a acuerdos que nos permitan a los tres poderes públicos de la entidd darle resultados concretos a nuestros representados”.
Concluyó diciendo que el Congreso continuará trabajando en la agenda y en los temas de la vida pública y social de Baja Califoria Sur.
El enredo
Todo comenzó con el pretexto de la cuarentena, aunque la guerra intestina entre los grupos de poder en el Congreso sudcaliforniano ya lleva más de año y medio, con alianzas y rupturas y nuevas alianzas.
El 17 de marzo, ante la contingencia por el Coronavirus, y sin poder establecer acuerdos en la cámara, Daniel Rubio, como presidenta de la Mesa Directiva, suspendió los trabajos del Congreso, bajo el argumento de la cuarentena que iba comenzando.
Sin embargo, dos días más tarde, el 19, el grupo de Ramiro Ruiz, sesionó escudándose que como mayoría que hacen 13 diputados, votarían una nueva Mesa Directiva. Así fue que pusieron a la petista Mercedes Maciel Ortiz.
Ante el nuevo pleito jurídico, Rubio y los legisladores sancionados, la mayoría mujeres, también hicieron su sesión e intentaron echar abajo la decisión de una mayoría que ya empezó a ser llamada “espuria” por parte del Gobierno del Estado.
A partir de ahí, Mercedes Maciel Ortiz, comenzó a convocar a sesiones ordinarias a las que Daniel Rubio Avilés y su grupo, desde luego, no se presentaban, por lo que fueron tomadas como faltas, como fue los días 17, 19, 24 y 26 de marzo, así como a la extraordinaria del mismo 26 de marzo.
De tal modo que la diputada del PT, Mercedes Maciel Ortiz, procedió con los descuentos que estipulaban las faltas.
Pero entonces Ramiro Ruiz Flores y su grupo fue más allá, y aprovechando el pretexto para sacarlos definitivamente del congreso, y disfrazado de denuncia ciudadana, utilizaron a José Alfredo Jiménez Ocampo, quien firmó la solicitud de juicio político, y casualmente, habiendo tantos temas por tratar, procedieron rápidamente para dar la embestida.
Este supuesto ciudadano, según un documento obtenido por MetrópoliMx, presentó el 20 de abril pasado la solicitud de juicio político. Un día después, de fast track, se armó la Comisión Instructora que le dio trámite a la petición. Ya para el 29 de abril, con una velocidad sin precedente, se tenía armado el caso contra los opositores, pero la prolongada cuarentena terminó por aplazar la destitución.
No obstante, el 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dado un falló en contra el gobernador Carlos Mendoza tras rechazar el procedimiento constitucional 54/2020, por declararlo improcedente.
Sin embargo, en mayo, se volvió a presentar una nueva controversia constitucional con el número 84/2020, la cual se admitió y además se emitió la medida cautelar de la suspensión provisional para detener toda acción legislativa en tanto no se diera una sentencia.
La suspensión
El 29 de mayo, la Suprema Corte de Justicia, emitió un incidente de suspensión para que ninguna de las dos mesas directivas, la de Daniel Rubio Avilés, como la de Mercedes Maciel Ortiz, continuarán realizando acciones mientras no se resuelva el fondo del amparo.
Sin embargo, el grupo de Ramiro Ruiz Flores, continuó en agosto en el empeño de destituirlos sin que medie todavía una sentencia en firme de parte de los ministros de la Corte.
De ahí, que el gobernador acusara que los 13 diputados estaban violentando las decisiones de la Corte del país.
En conferencia de prensa, los 8 diputados sancionados, recordaron que el 14 de agosto la Juez Segundo de Distrito les otorgó una suspensión del juicio de amparo hasta que no se resolviera la demanda de amparo.
“Seguimos con un amparo, la juez nos difiere la audiencia para el 18 de septiembre”, comentó la diputada del Partido Encuentro Social, Perla Flores.
De hecho, los diputados golpistas no ofrecieron de manera pública el expediente que armaron para destituir a los 5 legisladores opositores y menos explicaron el procedimiento que realizaron para recabar las pruebas necesarias.
MetrópoliMx, solicitó una copia del expediente, pero fue negado, bajo el argumento de que era un “documento reservado”, pero oficialmente no está fundado ni motivado, tal y como establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por lo que presentó un Recurso de Revisión para obligar al congreso a entregar el expediente.
Por el momento, la guerra intestina en la que participa el Jefe del Ejecutivo Estatal con demandas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la retención de fondos al Congreso, parece no tener fin, y así podría llegar hasta el final del 2020, justo en la víspera de un nuevo proceso electoral.
