San José del Cabo, Baja California Sur.- El tesorero y el contralor, recientemente nombrados por el nuevo alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, están implicados en un quebrando de más de 3 mil millones de pesos, después de haber sido reprobados en el manejo de recursos públicos en los ejercicios fiscales del 2020 y 2021, cuando Rigoberto Arce Martínez y Mario Alejandro Fernández Briseño, fungían como tesorero y síndico del XIII Ayuntamiento de este destino turístico.
Lo anterior, según el resultado de la Revisión y Fiscalización de las cuentas públicas del segundo y tercer año de administración de la ex alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, y los primeros tres meses del ex edil, Oscar Leggs Castro.
Los dictámenes fueron elaborados por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, y entregados a la XVI Legislatura, y la cual resolvió:
«La XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, NO APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2020, ejercida por el H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, como resultado de la opinión legal y técnica emitida por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur a ese ente fiscalizador, cuyos términos quedaron asentados en el cuerpo del presente dictamen«.
Lo mismo sucedió en el caso de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 2021.
El 27 de octubre de 2022, el congreso emitió el decreto 2873, firmado por el entonces presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Estado, José María Avilés Castro, y el secretario, Fernando Hoyos Aguilar.
En su calidad de tesorero, Rigoberto Arce Martínez, según el dictamen, «no presentó la situación financiera«, conforme al Titulo Tercero denominado la Contabilidad Gubernamental y el Titulo Cuarto de la Información Financiera Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Además, «no presento los informes mensuales«, en el tiempo establecido.
En el decreto, la XVI Legislatura ordenó a la Auditoría Superior del Estado, «presentar las denuncias penales y administrativas correspondientes» e incluso tramitar el «procedimiento de investigación de faltas administrativas«, a efecto de «deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones«, y de lo que derive «procurar la indemnización y reparación de los daños que se haya causado al patrimonio del ente público fiscalizado«.
En el ejercicio fiscal del 2020, de acuerdo al resultado de la auditoría, el ahora tesorero de Christian Agúndez Gómez, tuvo 59 observaciones, de las cuales 40 fueron solventadas y 19 no pudieron solventarse.
De tal modo que la Auditoría Superior del Estado, emitió 7 recomendaciones que no fueron atendidas por falta de documentos comprobatorios.
El tesorero Rigoberto Arce Martínez, según el dictamen, no pudo solventar –en ese entonces– 901 millones 264 mil 120 pesos con 92 centavos en el gobierno de Jesús Armida Castro Guzmán, lo que derivo en la recomendación de la Auditoría Superior del Estado, respecto a presentar denuncias penales y administrativas por la probable comisión de un delito establecido en el Ley de Responsabilidades y Administrativas del Estado y Municipios y otras disposiciones legales.
En el ejercicio fiscal del 2021, según el resultado de la auditoría, el ahora tesorero de Christian Agúndez Gómez, tuvo 109 observaciones, de las cuales únicamente solvento 8 y no pudo solventar alrededor de 99.
El tesorero Rigoberto Arce Martínez, de acuerdo al dictamen, no pudo comprobar 2 mil 201 millones 588 mil 131 pesos con 40 centavos.
En resumen, el tesorero del nuevo alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, habría provocado un quebranto de 3 mil 102 millones 852 mil 252 pesos con 32 centavos entre el ejercicio fiscal del 2020 y 2021.
En este escándalo de corrupción, Mario Alejandro Fernández Briseño, en su calidad de sindico del XIII Ayuntamiento, de acuerdo a sus funciones, debió presentar una denuncia o querella en contra de Rigoberto Arce Martínez por no haber comprobado el destino de todo ese dinero, lo que nunca ocurrió, convirtiéndose automáticamente en cómplice de esta situación.
La función del síndico, de acuerdo a la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, es vigilar que todos los actos del ayuntamiento se cumplan con legalidad, además de presentar denuncias y querellas ante la autoridad competente, respecto de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones por delitos o faltas adminisrativas.
Asi como el partenon. verdad metropoli y hoy no existe en tu pagina. De cuanto fue?
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/06/descubren-millonaria-propiedad-a-marco-puppo-en-chametla
antes que los borren ya que van varias paginas borradas.