Los Cabos, Baja California Sur.– Un grupo de integrantes del Colegio de Ingenieros de Los Cabos, solicitó esta semana la renuncia de Freddy Erubey Martínez Rivera, después de que fuera presentada una denuncia penal en contra del yerno del ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño por el delito de Promoción de Conductas Ilícitas en el caso del escándalo de la obra pública denominada «Proyecto Integral para la Construcción de la Calle Nicolás Tamaral (Etapa 2)» en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El yerno del ex gobernante es actualmente el presidente del Colegio de Ingenieros en Los Cabos, lo que afecta directamente la reputación de la asociación civil del destino turístico.
Durante la última reunión de este organismo donde fue solicitada una explicación al yerno de Narciso Agúndez Montaño, Freddy Erubey Martínez Rivera, salió a justificar –para no ser destituido del cargo– que la denuncia penal presentada en su contra «no había procedido«, lo es es completamente falso.
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El caso de hechos corrupción tipificado como delito grave es investigado actualmente por la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Contraloría General del Estado, por lo que está bajo investigación, y en su debido momento procesal, se habrán de deslindar responsabilidades penales y administrativas.
La compañía de Freddy Erubey Martínez Rivera, en sociedad con su hermano Alvaro Alexis Martínez Rivera, y su principal prestanombres, Leslie Jhonatan Inzunza Torres, según el acta constitutiva de la empresa RCO Development, S.A de C.V., expedida por el Notario Público Número 25, Florencio Alaniz Ornelas, recibió un pago total de 53 millones 530 mil 096 pesos con 80 centavos por parte de la empresa MUT Infraestructura, S.A de C.V., tras haber sido subcontratada indebidamente para la ejecución de la obra pública denominada «Proyecto Integral para la Construcción de la Calle Nicolás Tamaral (Etapa 2)» en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
La compañía ganadora de la Licitación Pública Nacional, MUT Infraestructura, S.A de C.V., firmó el contrato número R15-SF-04-2023/01 con la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur (SEPUI), donde quedó plenamente establecido «transferir a terceras personas físicas y morales los derechos y obligaciones«, es decir, quedó estrictamente prohibido subcontratar a una tercera persona.