La Paz, Baja California Sur.- En su paso como coordinador de Bienestar Social en el estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, cometió fraude electoral, delito tipificado en el Código Penal, como grave, después de desviar recursos públicos de la institución federal para pagar el sueldo de algunos miembros de su estructura de campaña en su aspiración de convertirse en el candidato oficial de MORENA a gobernador del estado.
Contrario a los principios de la 4T, respecto de no mentir, no robar y no traicionar, el hoy ex súper delegado, según pruebas documentales obtenidas por MetrópoliMx, habría dado de alta en la nómina federal a integrantes de su equipo de campaña a través de contratos de prestación de servicios profesionales, para –según él– disfrazar el gasto en la Dirección General de Recursos Humanos, practicas ilícitas que son investigadas por la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El modus operandis de este grave desvío de recursos públicos, según las primeras investigaciones, fue el siguiente:
Primeramente, fueron dados de alta los miembros de su estructura de campaña como personal operativo adscrito a la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Bienestar Social.
Segundo, los supuestos trabajadores no se presentan físicamente a laborar en la institución, sino hacen trabajo de campo, entregando un tabloide denominado “Puro Pa´ Delante”, donde vinculan y manipulan programas sociales para promover la imagen de Víctor Castro, lo que según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es sujeto de penalización de 2 a 9 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario mínimo, aunque si es vinculado el uso y manipulación de estos programas para plataformas de campañas, la pena aumenta al triple .
La nueva coordinadora de Bienestar Social en el estado, Diphna Yanssén Weichselbaum Calderón, está enterada plenamente de esta situación irregular, y a poco más de un mes de haber tomado protesta en el cargo, sigue autorizando el pago de sueldos de la estructura de campaña heredada por su antecesor, Víctor Manuel Castro Cosío, convirtiéndose automáticamente en tapadera de los desvíos del ex coordinador.
En el caso de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, habría contratado –entre una lista de más de 30 personas—a Martín Inzunza Tamayo, desde el primero de enero de 2019, como prestador de servicios profesionales para supuestamente realizara un trabajo operativo.
El ex coordinador de Bienestar Social, según el contrato laboral, asignó un sueldo de 10 mil 217 pesos al también ex regidor del PRI.
Aunque pareciera una contratación en el parámetro de la normalidad, según la investigación actualmente en desarrollo, Martín Inzunza Tamayo, sospechosamente firmó, a la misma vez, un contrato como prestador de servicios profesionales por honorarios en el Senado de la República. Es decir, tendría que estar fisicamente en la Ciudad de México y Baja California Sur, a la misma vez.
El contrato firmado el 31 de diciembre de 2018, entre el director general de Recursos Humanos del Senado de la República, Eduardo Medel Quiroz, y el prestador der servicios, Martín Inzunza Tamayo, establece una vigencia del primero de enero al 30 de junio de 2019, cuando casualmente el funcionario de la 4T, debía estar trabajando en la Secretaría de Bienestar de Baja California Sur.
El monto pactado, según el contrato, fue de 180 mil pesos, distribuido en parcialidades de 12 pagos por la cantidad de 15 mil pesos.
El trabajo que supuestamente realizaría Martín Inzunza Tamayo, de acuerdo al contrato, es por concepto de asesoría, investigación, recopilación y análisis supuestamente relacionado al proceso legislativo, lo que no esta plenamente justificado y menos documentalmente probado.
Peor aún.
El contrato del Senado de la República, según la investigación, presenta algunas irregularidades particularmente en la fecha de contratación y el monto asignado al operador político de Víctor Castro.
Y es que, de acuerdo al propio contrato, y tomando en cuenta los 12 pagos parciales de 15 mil pesos, el periodo laboral correspondería a un año, y no a seis meses, como lo estipula el documento firmado en la Ciudad de México.
Lo otro es que, si se tratara de un contrato de 6 meses con pagos parciales de 15 mil pesos, entonces el monto de 180 mil pesos, estaría sobregirado con 90 mil pesos de más.
