Ciudad de México.- En la Auditoría de Cumplimiento No.520, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presumió un probable daño o perjuicio por un monto de 932 millones 948 mil 689 pesos con 79 centavos en la administración de Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Lo anterior, según el dictamen de la auditoría del Gasto Federalizado, informando que el Gobierno del Estado de Baja California Sur, tendrá todavía que pagar los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso público hasta el reintegro en la cuenta bancaria abierta específicamente para recibir y transferir las Participaciones Federales a Entidades Federativas.
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En el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 2023, la ASF dijo que los casi mil millones de pesos gastados no pudieron ser comprobados en la primera, segunda y tercera etapa del proceso.
“No se acreditó su permanencia en las cuentas bancarias del estado ni se proporcionó la información financiera sobre las erogaciones“, citó textualmente el informe, por lo que se violó la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En el informe oficial, la ASF, explicó que el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), encabezada por Bertha Montaño Cota, recibió 9 mil 836 millones 673 mil 200 pesos por concepto de las Participaciones Federales 2023.
De ese dinero, de acuerdo al informe, 7 mil 563 millones 899 mil 500 pesos fueron administrados por el Gobierno del Estado, y la diferencia, es decir, 2 mil 272 millones 773 mil 700 pesos fueron distribuidos entre los cinco municipios.
Hasta la fecha de corte del 31 de diciembre de 2023, la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, comprobó el destino de 6 mil 630 millones 950 mil 800 pesos, representando el 87.7% del recurso asignado.
Sin embargo, no pudo comprobar el destino de 932 millones 948 mil 700 pesos, por lo que el recurso fue observado por la ASF.
En el capitulo 4000 por concepto de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, según el informe “se desconoce el destino del gasto por 689 millones 446 mil 500 pesos“.
Los responsables de no poder comprobar el destino de las Participaciones Federales, son los siguientes:
Nombre | Total |
Benemerita Escuela Normal Urbana “Profesor Domingo Carballo Félix” | 1 millón 183 mil 900 pesos |
Colegio de Bachilleres del Estado | 355 millones 918 mil 800 pesos |
Instituto Sudcaliforniano de la Juventud | 2 millones 246 mil 700 pesos |
Instituto Sudcaliforniano del Deporte | 124 millones 810 mil 600 pesos |
Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 2 millones 109 mil 800 pesos |
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución | 38 millones 066 mil 500 pesos |
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé | 28 millones 042 mil 100 pesos |
Municipio de Comondú | 6 millones 046 mil 300 pesos |
Municipio de La Paz | 40 millones 023 mil 200 pesos |
Municipio de Loreto | 7 millones 051 mil 400 pesos |
Municipio de Los Cabos | 6 millones 963 mil 200 pesos |
Municipio de Mulegé | 869 mil 600 pesos |
Patronato de la Escuela Preparatoria “José María Morelos y Pavón” en La Paz | 38 millones 147 mil 800 pesos |
Patronato del Estudiante Sudcaliforniano | 20 millones 301 mil 700 pesos |
Tribunal Estatal Electoral | 17 millones 664 mil 900 pesos |
Total Observado: | 689 millones 446 mil 500 pesos. |
Fuente: ASF
La ASF, además detectó que tres instituciones gubernamentales pagaron gastos con dinero que no salió de la cuenta específica de Participaciones Federales. Son las siguientes:
Nombre | Total |
Centro de Conciliación Laboral | 248 mil 100 pesos |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos | 8 millones 544 mil 600 pesos |
Universidad Tecnológica de La Paz | 910 mil 600 pesos |
Fuente: ASF
Por este quebranto, la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/EPRA/305/2024.
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Lo mas grave de todo es que la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, destinó 284 millones 273 mil 800 pesos de las Participaciones Federales, con el objetivo de financiar la deuda pública.
De ese dinero, el 20.1% por 57 millones 174 mil 800 pesos fue destinado para la amortización de capital, y el 79.9% por 227 millones 099 mil pesos fue usado en pago de intereses generados por contratos de créditos bancarios.
Es decir, según el informe de la ASF, en el ejercicio fiscal de 2023, la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, uso las Participaciones Federales para financiar la deuda pública a corto y largo plazo formalizada mediante 4 contratos, incurriendo en el delito de peculado.