El procurador de justicia de BCS reconoció que aunque la víctima si fue golpeada por el cobro de un dinero no se trató de un tema de extorsión.
La Paz, Baja California Sur.- El titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE), Antonio López Rodríguez, descartó que el “cobro de piso” sea el móvil de la agresión ocurrida el pasado martes 6 de enero en contra de un comerciante de La Paz, aunque reconoció que si se exigió un pago a la víctima por parte de al menos tres personas, quienes llegaron a su local de venta de mariscos ubicado en la zona centro de la capital para golpearlo con un bat en distintas zonas de su cuerpo.
“No se trata de un grupo de delincuencia organizada que tenga como actividad sistemática ir con comerciantes a exigir pagos por dejarlos trabajar”, afirmó en entrevista radiofónica López Rodríguez, asegurando que la investigación continúa para determinar el motivo exacto por el cual los presuntos agresores exigieron el dinero. Asimismo, explicó que la carpeta de investigación presenta avances importantes para identificar a los responsables.
El procurador aseguró que con base en la información, trabajos de inteligencia y coordinación entre la PGJE, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y otras corporaciones, no se ha detectado el cobro de piso como una práctica activa en Baja California Sur, al tiempo que reiteró el compromiso de las autoridades para evitar que este delito se establezca en el estado.
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Aunque este caso específico no ha sido catalogado oficialmente como cobro de piso, distintas fuentes autoridades y organizaciones han señalado y documentado situaciones relacionadas con la extorsión y cobro de piso a comerciantes en Baja California Sur en años recientes, aunque con la particularidad de que no siempre se traduce en denuncias formales ante la PGJE.
Las autoridades de seguridad han reconocido un aumento en los casos de extorsión en el estado, con un repunte cercano al 40% hasta noviembre de 2025, aunque no han descartado que estos correspondan a un patrón definido como “cobro de piso” organizado. En periodos anteriores, el Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP) reportó que el municipio de Los Cabos concentró más de la mitad de las denuncias por extorsión en 2024, con 89 carpetas de investigación abiertas, muchas de ellas relacionadas con exigencias de pagos bajo amenazas, particularmente a través de redes sociales y llamadas telefónicas.
Organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) La Paz, han admitido que aunque hay quejas y testimonios de cobro de piso la mayoría de los comerciantes no presentan denuncias formales por temor a represalias, lo que dificulta la cuantificación oficial de estos casos En ocasiones anteriores, ex titulares de la PGJE han señalado que no existen denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por este delito, aunque sí existen referencias y reportes comunitarios que motivan investigaciones más amplias.
En ocasiones anteriores, titulares de la PGJE han señalado que no existen denuncias formales ante la Fiscalía por este delito, aunque sí hay referencias y reportes comunitarios que motivan investigaciones más amplias. Estas referencias muestran un contexto en el que presuntas extorsiones y cobros de piso han sido motivo de preocupación entre comerciantes y autoridades, aunque buena parte de estos casos no se han formalizado en denuncias judiciales, un fenómeno común también en otras entidades del país debido al temor a represalias o falta de confianza en la denuncia pública.
