Deslinde oficial, cero detenidos y creciente indignación social por el caso Saúl Castro.
El Pescadero, Baja California Sur.- La delegación de El Pescadero, en el municipio de La Paz, se desligó públicamente de cualquier responsabilidad en el homicidio de Saúl Castro Pérez, fallecido el pasado 15 de enero por la golpiza que sufrió el 25 de diciembre de 2025 por al menos nueve hombres.
Este caso ha generado indignación social, protestas y señalamientos de presunta protección a los agresores. A través de un posicionamiento oficial, autoridades delegaciones aseguraron que no participaron, encubrieron ni intervinieron de manera alguna en los hechos que derivaron en la muerte de Saul Castro.
El coordinador y enlace social de la delegación de El Pescadero, Francisco Javier Álvarez Cota, declaró que la investigación corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“La delegación no tiene facultades de investigación ni de actuación ministerial. Cualquier señalamiento en ese sentido carece de sustento”, aseguró, al tiempo que afirmó haber colaborado con las autoridades estatales en lo que les ha sido requerido.
Saúl Castro, de 42 años, quedó gravemente herido luego de la brutal agresión. 21 días después falleció a consecuencia de los golpes que recibió. Tras su deceso, la PGJE reclasificó el delito como homicidio doloso, mientras los presuntos responsables habrían sido identificados pero siguen libres y supuestamente escondidos en alguna zona de la Sierra de La Laguna, como lo declaró el procurador de justicia, Antonio López Rodríguez.
Desde entonces, la familia de la víctima ha denunciado impunidad, lentitud en las investigaciones y presunta protección a los responsables, señalando que algunos de los agresores tendrían vínculos o influencias locales, lo que ha detonado en bloqueos carreteros y manifestaciones en distintos puntos de El Pescadero y La Paz.
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El deslinde de la Delegación de El Pescadero ocurre sobre una creciente presión social y mediática, luego de que la sociedad local exigió resultados claros, detenciones y transparencia en el proceso.
Mientras tanto, el titular de la PGJE ha informado que las investigaciones continúan en curso, aunque hasta el momento no se han dado a conocer capturas relacionadas con el homicidio, situación que mantiene la molestia entre familiares y habitantes de la comunidad.
El caso de Saúl Castro Pérez se ha convertido en un símbolo del reclamo ciudadano contra la violencia e impunidad en Baja California Sur, particularmente en comunidades rurales donde, acusan que la justicia “llega tarde o no llega”.
