Víctor Castro confirmó que no hay una sola persona detenida y atribuye los casos a disputas criminales y hechos ocurridos desde hace más de una década.
La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, admitió lo que por años han denunciado las familias: en Baja California Sur no hay una sola persona detenida por los casos de desaparición, una confesión oficial que exhibe la parálisis institucional y la impunidad absoluta en uno de los delitos más graves que enfrenta la entidad.
En un intento por explicar la falta de resultados, el mandatario aseguró en rueda de prensa que “la mayoría de las desapariciones estarían ligadas a disputas entre grupos criminales y que muchos de los casos se remontan a hechos ocurridos desde hace más de una década”. Argumento que lejos de ofrecer respuestas profundiza el malestar social.
Castro Cosío agregó que “es muy complicado con grupos criminales sin escrúpulos que se desaparecen entre ellos mismos, de competidores, de gente que vende drogas, que se sabe que algo tiene que ver con este negocio”, afirmó.
El reconocimiento no vino acompañado de cifras claras, avances judiciales ni responsables identificados. No hay detenidos, no hay sentencias y no hay justicia, pese al paso de los años y a las constantes exigencias de colectivos de búsqueda que han denunciado abandono, omisiones y simulación por parte de las autoridades.
De acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 al 29 de enero del 2026 se han activado 28 fichas por desaparición en Baja California Sur. Una cifra mayor a la del mismo periodo del 2025, cuando solo se registraron 3 casos en activo.
Para las familias de personas desaparecidas, el discurso oficial resulta insuficiente y ofensivo. La antigüedad de los casos no cancela la obligación del Estado de investigar, ni justifica que ninguna carpeta de investigación haya derivado en detenciones, aun cuando existen antecedentes, testimonios y contextos de violencia plenamente identificados.
Reducir las desapariciones a “conflictos entre criminales” ha sido señalado como una narrativa peligrosa, que deshumaniza a las víctimas y traslada la responsabilidad del crimen lejos del Estado, encargado constitucionalmente de procurar justicia.
Una crisis sin resultados.
Pese a que el gobierno estatal presume coordinación institucional y acciones de búsqueda, los hechos contradicen el discurso: Baja California Sur mantiene una larga lista de personas no localizadas, sin que exista un solo responsable ante los tribunales.
La admisión del gobernador deja una conclusión inquietante: en BCS desaparecer no tiene consecuencias penales, y el paso del tiempo se ha convertido en el principal aliado de la impunidad. Mientras las autoridades explican, las familias siguen buscando solas, enfrentando una ausencia que no prescribe y una justicia que nunca llega.
La declaración del mandatario estatal provocó una reacción inmediata de colectivos de búsqueda, quienes calificaron el reconocimiento oficial como tardío, insuficiente y revictimizante. Integrantes de distintos colectivos señalaron que atribuir las desapariciones a disputas entre grupos criminales no sólo evade la responsabilidad del Estado, sino que reduce a las víctimas a estadísticas, ignorando el dolor de las familias que llevan años buscando a sus seres queridos sin respaldo efectivo de las autoridades.
“Que los casos sean antiguos no significa que estén cerrados”, han reiterado en múltiples ocasiones los colectivos, al recordar que la desaparición es un delito permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima ni se sancione a los responsables.
En torno al tema, el colectivo “Búsqueda X La Paz” dio a conocer la tabla de hallazgos de fosas clandestinas en el municipio de La Paz durante el periodo de 2021 al 2025. Tras las jornadas de búsqueda intensificadas durante 5 años, fueron localizadas 85 fosas con 115 osamentas, de las cuales 76 ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares, faltando aún 39 por identificar.
Los miembros de “Búsqueda X La Paz” aseguraron que pese a las mesas de trabajo, reuniones y promesas institucionales, no existen resultados tangibles: no hay responsables procesados, no hay sentencias y la impunidad sigue intacta.
Advirtieron que la narrativa oficial ha cambiado, pero no así la realidad en campo, donde las familias continúan realizando búsquedas con recursos propios, enfrentando riesgos, abandono y desgaste emocional, mientras las investigaciones permanecen estancadas.
Para las organizaciones de búsqueda, normalizar la desaparición bajo el argumento del crimen organizado es inaceptable. Señalan que el Estado tiene la obligación de investigar sin importar el contexto, y que ninguna víctima pierda su derecho a la justicia por el paso del tiempo o por presuntas vinculaciones criminales.
Los colectivos insistieron en que la falta de detenidos es evidencia de una falla estructural, no de la imposibilidad de investigar, e invitaron a las autoridades a romper el ciclo de simulación, fortalecer las fiscalías y garantizar resultados reales.
