En audiencia pública, el juez exhibió una carpeta “mal armada”, regañó al Ministerio Público y determinó que no había pruebas para vincular a “El cholo 40” por homicidio en grado de tentativa.
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- En un revés judicial que exhibió terriblemente a las autoridades de seguridad, un juez penal de Ciudad Constitución determinó no vincular a proceso a Cristian Iván “N” alías “El Cholo 40”, por el delito de homicidio en grado de tentativa, ordenando su libertad inmediata tras considerar que la carpeta de investigación carecía de sustento probatorio.
Durante la audiencia pública realizada la noche de este 2 de febrero en la capital de Comondú, el juez reprendió al Ministerio Público, señalando que los elementos presentados no acreditaban los hechos y que el expediente parecía construido de forma deficiente, con indicios que no sostienen una imputación formal. La resolución dejó al descubierto vacíos, inconsistencias y falta de pruebas, lo que impidió avanzar a la etapa de vinculación.
La decisión contrasta con los señalamientos públicos realizados previamente por el procurador del estado, Antonio López Rodríguez y por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, quienes en entrevistas con medios y declaraciones al aire calificaron a “El Cholo 40” como un presunto sicario relevante, al que atribuyeron haber sembrado terror en el el municipio de Comondú y sus vínculos con hechos violentos en Loreto, atribuyéndole directa e indirectamente más de 100 homicidios en ambas regiones.
El contraste abrió una pregunta inevitable: si se trataba de un objetivo criminal de alto perfil, ¿por qué el juez lo dejó en libertad? La respuesta, según la resolución judicial, es contundente: no hubo pruebas suficientes para sostener la acusación.
“El Cholo 40”, fue detenido el pasado 27 de enero durante un fuerte y silencioso operativo interinstitucional realizado en Ciudad Constitución, en donde participaron fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. Detrás de su búsqueda cargaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa y otra orden judicial por portaciones de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano.
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6 días después de su captura, el caso reavivó críticas contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), señalada por recurrir –según versiones recogidas tras la audiencia– a solicitudes de órdenes de aprehensión sin sustento sólido, que se caen en tribunales por falta de elementos, generando exposición mediática sin resultados procesales, según datos oficiales obtenidos por el equipo de investigaciones especiales de Metrópoli MX.
Este episodio golpea la credibilidad institucional y vuelve a poner bajo la lupa la calidad de las investigaciones y el uso del discurso público frente a la obligación de acreditar hechos ante un juez. Mientras tanto, “El Cholo 40” quedó en libertad, y el expediente regresa a la pregunta de fondo: ¿justicia con pruebas o acusaciones sin sustento?.
