Tras la identificación de los restos de los trabajadores de Vizsla Silver Corp, las autoridades indagan una posible extorsión en contra de la empresa canadiense como el móvil detrás del secuestro múltiple.
Concordia, Sinaloa.- Autoridades federales y estatales confirmaron la identificación de tres de los 10 trabajadores mineros reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero en el municipio serrano de Concordia, Sinaloa, tras el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas localizadas en la zona rural del municipio.
De acuerdo con información oficial, los cuerpos identificados corresponden a José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar Flores, cuyas identidades fueron confirmadas mediante pruebas periciales y cotejo de ADN con familiares directos.
Los 10 trabajadores fueron privados de la libertad por un grupo armado cuando se encontraban en un campamento vinculado a actividades de exploración minera de la empresa Vizsla Silver Corp, compañía de capital canadiense con operaciones en la región.
Desde el primer reporte, el caso fue atraído por instancias federales, al tratarse de un secuestro múltiple de alto impacto, desplegándose operativos de búsqueda terrestre, aérea y trabajos de inteligencia en zonas serranas de difícil acceso.
De manera extraoficial, pero confirmada como línea de investigación por fuentes cercanas al caso, las autoridades indagan si el secuestro de los trabajadores estaría relacionado con un presunto intento de extorsión por parte de un grupo delictivo hacia la empresa canadiense para la que laboraban los mineros.
Esta hipótesis apunta a que el plagio habría sido utilizado como mecanismo de presión económica, una práctica que se ha documentado en otras regiones del país donde operan proyectos extractivos, especialmente en zonas con presencia de grupos del crimen organizado.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido una postura pública definitiva sobre esta línea; sin embargo, se confirmó que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la delincuencia organizada con fines de lucro.
Las diligencias a cargo de la propia FGR, Fiscalía Estatal, fuerzas federales y peritos especializados, continúan en el área de la comunidad de El Verde donde fueron encontrados los restos, ante la posibilidad de localizar más cuerpos o indicios que permitan esclarecer el paradero de los siete mineros restantes.
El caso ha generado alarma nacional e internacional, al involucrar a trabajadores de una empresa extranjera y evidenciar los riesgos de seguridad que enfrenta el sector minero en zonas de alta conflictividad criminal.
