El feminicidio de una policía municipal en Los Cabos y la ejecución del ex subprocurador de la PGJE habrían despertado el interés de la DEA por investigar ambos casos impunes hasta hoy.
La Paz, Baja California Sur.- Dos crímenes que estremecieron a Baja California Sur, el asesinato del ex subprocurador, Bernardo Soriano Castro, y el feminicidio de la agente Citlali “N”, dentro de la propia Policía Municipal de Los Cabos, comienzan a escalar a un nivel de presión internacional, luego de que agencias de seguridad de Estados Unidos, particularmente la DEA, analicen información relacionada con ambos casos por posibles vínculos con investigaciones transnacionales sobre crimen organizado.
De confirmarse la atracción o cooperación directa de estas agencias, se trataría de un precedente histórico para Baja California Sur, donde hasta ahora ambos crímenes continúan sin responsables plenamente esclarecidos.
La ejecución de Soriano.
El 25 de febrero de 2026, Bernardo Soriano Castro, ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue asesinado a balazos en la ciudad de La Paz tras ser interceptado por sujetos armados cuando conducía su vehículo particular sobre una brecha a la salida del fraccionamiento Hispania, al sur de la capital.
Soriano –quien había sido responsable de investigaciones de alto impacto dentro de la PGJE– fue emboscado por sicarios y ejecutado a tiros frente a su hija, quien viajaba con él en el momento del atentado. Sin embargo, ella resultó ilesa de la lluvia de disparos.
Las autoridades estatales confirmaron que se abrieron diversas líneas de investigación y que se revisaron más de 20 cámaras de videovigilancia para rastrear a los agresores, sin que hasta ahora exista un detenido o una versión concluyente del móvil del crimen.
Soriano había trabajado más de siete años dentro de la PGJE, y su muerte provocó una fuerte sacudida dentro del aparato de seguridad de Baja California Sur debido al nivel de información estratégica que manejaba sobre estructuras criminales y operaciones contra el narcotráfico.
Según los análisis de seguridad en relación al caso, Soriano Castro figuraba como un personaje con contactos y cooperación en investigaciones internacionales, lo que habría despertado el interés de las autoridades estadounidenses tras su asesinato.
De acuerdo con información extraoficial, agentes de la DEA habrían visitado el municipio de Los Cabos poco después del asesinato de Soriano. Dos elementos de la agencia antidrogas estadounidense sostuvieron una reunión privada con el secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, Luis Alfredo Cancino Vicente, encuentro que habría tenido una duración aproximada de una hora y media.
En la reunión con el titular de la SSPE, los agentes habrían dejado en claro que tenían el deseo de intervenir en la investigación del crimen del ex subprocurador, debido a los lazos estrechados por Soriano con las instituciones de justicia estadounidenses y en el apoyo brindado por el ex funcionario estatal en casos de alto impacto binacionales, además del intercambio de información y de datos estadísticos para destrabar investigaciones y resolver expedientes criminales de alto impacto.
Para analistas de seguridad en territorio americano, el homicidio de un exfuncionario de alto nivel en la procuración de justicia representó un golpe directo al sistema institucional, particularmente en un estado que durante años fue considerado uno de los más seguros del país.
No obstante, poco más de una semana después de ese encuentro, ocurrió otro crimen que sacudió a la corporación de seguridad pública municipal en uno de los destinos turísticos más importantes de México.
Feminicidio dentro de la Policía Municipal de Los Cabos.
La mañana del 11 de marzo, la agente Citlali “N”, de 24 años, murió tras recibir un disparo por la espalda dentro de las instalaciones de la Policía Municipal en San José del Cabo, cuando se encontraba en la oficina del mando operativo de la corporación. La joven policía fue trasladada de emergencia al hospital del ISSSTE, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.
Las investigaciones derivaron en la detención del jefe policial, Edilberto Miramontes Gámez, identificado como director operativo de Seguridad Pública de Los Cabos, quien quedó bajo investigación como presunto responsable del feminicidio.
El caso provocó una crisis interna en la corporación, ya que el crimen ocurrió dentro de las propias instalaciones policiales, lo que generó cuestionamientos sobre la estructura de mando y la integridad de la institución.
La hipótesis que comienza a tomar fuerza en círculos de análisis de seguridad apunta a que los dos crímenes no serían hechos aislados, sino que podrían estar relacionados con redes de narcotráfico, lavado de dinero y presuntas estructuras de corrupción institucional que operarían en el estado.
La DEA entra al radar de los casos.
De acuerdo con análisis difundidos en medios de investigación y mesas de seguridad, las agencias estadounidenses habrían comenzado a revisar información vinculada a ambos expedientes, especialmente por la posibilidad de que se relacionen con redes criminales que operan entre México y Estados Unidos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) es la agencia del Departamento de Justicia estadounidense encargada de perseguir el narcotráfico internacional y coordinar investigaciones antidrogas en el extranjero, lo que le permite colaborar con autoridades mexicanas cuando existen posibles vínculos transnacionales.
Bajo este panorama, fuentes de seguridad advierten que la revisión de estos casos por parte de agencias estadounidenses podría abrir nuevas líneas de investigación, particularmente si se detectan conexiones con estructuras del crimen organizado o corrupción institucional.
A pesar de la gravedad de ambos casos, hasta la fecha no existe una resolución judicial firme ni una narrativa oficial concluyente sobre los móviles de los crímenes. El asesinato del ex subprocurador Soriano Castro y el feminicidio de la agente Citlali se han convertido en símbolos de la crisis de seguridad que atraviesa Baja California Sur, donde en los últimos meses también se ha reportado una creciente violencia contra mandos y agentes policiales.
Expertos advierten que si las agencias estadounidenses deciden profundizar en estos expedientes, podrían surgir nuevas revelaciones sobre redes criminales, infiltración institucional o disputas internas dentro de estructuras de seguridad.
La intervención o cooperación directa de agencias como la DEA marcaría un punto de inflexión para Baja California Sur, un estado que durante décadas se mantuvo fuera de los focos internacionales del narcotráfico.
Hoy, sin embargo, dos crímenes de alto perfil –uno contra un exalto funcionario de justicia y otro dentro de una corporación policial– podrían convertirse en el detonante de investigaciones más profundas que trasciendan las fronteras mexicanas.
