El reportaje de The New York Times expone un expediente en EEUU que vincula a Rubén Rocha Moya con una presunta red de protección criminal, mientras que en BCS surgió un respaldo político que intensifica la polémica.
Ciudad de México.- El influyente diario estadounidense, The New York Times, lanzó una cobertura de alto calibre que pone en el ojo del huracán al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al exponer un expediente judicial en Estados Unidos que lo vincula con presunta colusión con el crimen organizado.
La acusación, según el reportaje firmado por Jack Nicas, describe una estructura de protección institucional donde el Cártel de Sinaloa habría entregado sobornos y hasta respaldo electoral a cambio de impunidad.
El golpe es directo para MORENA y la llamada Cuarta Transformación. El diario advierte que este caso podría detonar una “filtración masiva” de información sensible, luego de la entrega de 92 altos perfiles del narcotráfico a autoridades estadounidenses, lo que abriría la puerta a revelaciones que podrían salpicar a más figuras del oficialismo.
En el centro de la tormenta está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfrenta una decisión de alto riesgo político: ir a fondo contra la corrupción interna o cerrar filas en defensa de la soberanía ante las presiones del gobierno de Donald Trump.
El propio reportaje revela que dentro del gobierno mexicano se evaluó investigar a Rocha Moya antes de que estallara el escándalo, pero la idea fue descartada. La administración federal optó por no abrir indagatorias, argumentando falta de pruebas.
Mientras tanto, las reacciones en México ya polarizan el escenario. El senador Gerardo Fernández Noroña calificó las imputaciones como una intromisión extranjera para debilitar a MORENA. En contraste, ex fiscales estadounidenses citados por el diario consideran que una acción firme contra Rocha marcaría un antes y un después en la cooperación bilateral.
La analista Viri Ríos fue más allá: “El caso Rocha le brinda a Sheinbaum la oportunidad de demostrar su voluntad de perseguir a los políticos corruptos”. El reportaje también revive viejos fantasmas. Traza un paralelismo con el caso de Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos, donde no hubo defensa política; y lo contrasta con el del general Salvador Cienfuegos, quien fue repatriado y exonerado en México tras tensiones diplomáticas.
El pasado 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia definitiva tras la difusión del expediente que lo señala por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”. Actualmente, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el político permanece en Sinaloa bajo protección federal.
Pero el fondo del asunto va más allá de un solo nombre. Lo que está en juego, –advierte el diario neoyorquino– es la credibilidad del sistema político mexicano. La pregunta lanzada por el medio de comunicación ya no es si el escándalo crecerá… sino a quién más arrastrará cuando se abran los archivos.
En medio del vendaval, desde el noroeste del país surgió una voz que rompe filas con la cautela: el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, salió en defensa abierta de Rocha Moya.
“Es un amigo entrañable… Yo no reniego de los amigos en las buenas y en las malas”, lanzó el mandatario sudcaliforniano, al tiempo que expresó su “solidaridad plena” y confianza en que el proceso jurídico demostrará la inocencia del sinaloense. Incluso calificó las acusaciones como una “intriga” sin sustento.
El respaldo no es menor. Llega justo cuando autoridades estadounidenses han solicitado su detención con fines de extradición, en un caso que ya presiona al gobierno de México en el tablero internacional.
