Agentes, ministerios públicos y personal operativo acusan colapso laboral en la Procuraduría General de Justicia de BCS, señalando directamente al procurador Antonio López Rodríguez.
La Paz, Baja California Sur.- La tensión explotó al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de que personal operativo, ministerios públicos, auxiliares, comandantes y agentes de investigación criminal denunciaron una presunta crisis laboral marcada por jornadas extremas, falta de pagos, carencia de equipo táctico y hasta posibles irregularidades fiscales que habrían afectado directamente a los trabajadores de la institución.
A través de una denuncia anónima enviada a Metrópoli MX, los empleados de la PGJE acusaron un ambiente laboral “hostil” y señalaron directamente al procurador, Antonio Lopez Rodriguez, como responsable de las condiciones que –afirman– han detenido gravemente la operación de la dependencia.
Los denunciantes aseguran que trabajan jornadas de hasta 15 horas diarias, de lunes a domingo, incluyendo días festivos sin remuneración adicional. Incluso, revelaron que el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, laboraron de manera obligatoria pese a tratarse de una fecha considerada inhábil por ley.
“Estamos agotados, exhaustos y prácticamente amenazados de no hablar ni ni exigir nada”, “no descansamos ni después de las guardias”, expresa el escrito enviado por trabajadores del municipio de Los Cabos. La denuncia detalla que los agentes deben presentarse diariamente en horarios divididos, desde las 8 de la mañana hasta entrada la noche, además de cubrir guardias permanentes para atender reportes de delitos a cualquier hora.
Según relatan, aún después de atender emergencias durante la madrugada, deben regresar al día siguiente sin descanso alguno. “Hay compañeros que llevan 15 días seguidos trabajando jornadas de 12 a 15 horas para poder descansar apenas un fin de semana”, señalaron. Los trabajadores también denunciaron sobrecarga laboral severa: ministerios públicos atendiendo hasta tres unidades al mismo tiempo, mientras agentes y comandantes enfrentan más de 10 a 15 denuncias diarias sin personal suficiente
La situación, aseguran, ha llegado a niveles críticos. De acuerdo con la denuncia, en Cabo San Lucas los vehículos oficiales no pueden cargar combustible debido a presuntos adeudos de la PGJE con gasolineras locales, obligando al personal a trasladarse diariamente hasta San José del Cabo para abastecer apenas 200 pesos de gasolina.
A esto se suma la presunta falta de uniformes y equipo táctico. “No hubo chalecos, cascos, radios ni equipo de seguridad, pese a que públicamente se presumió la entrega”, acusaron.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a un supuesto problema con el pago de impuestos retenidos al personal.
Los denunciantes afirman que la PGJE sí realizó descuentos vía nómina, pero presuntamente no reportó el monto completo ante el SAT, provocando que numerosos trabajadores resultaran con pagos pendientes durante su declaración anual. “Jamás nos había salido declaración en contra. A nosotros sí nos descontaron el dinero”, señalaron.
Ante este panorama, el personal solicitó la intervención inmediata del Tribunal Burocrático y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para investigar las condiciones laborales dentro de la Procuraduría de Justicia. También exigieron:
–Respeto a los días de descanso establecidos por ley.
–Pago de jornadas extraordinarias y días festivos.
–Fin de las jornadas excesivas.
–Equipamiento adecuado para labores de riesgo.
–Aclaración sobre los descuentos reportados ante el SAT.
–Cese de presuntas amenazas y represalias internas.
La crisis denunciada revive señalamientos públicos realizados en el pasado por el fallecido ex subprocurador de delitos de alto impacto, Bernardo Soriano Castro, quien previamente había advertido públicamente sobre las condiciones precarias dentro de la institución.
Hasta el momento, la PGJE no ha emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.
