El colectivo Búsqueda X La Paz denunció “cifras maquilladas”, fosas clandestinas en aumento y cientos de familias atrapadas entre la impunidad, el abandono institucional y la falta de identificación de cuerpos.
La Paz, Baja California Sur.- Tras presumir que Baja California Sur es uno de los estados con menos homicidios en el país, el DIF estatal desató una ola de indignación entre madres buscadoras que denuncian desapariciones, fosas clandestinas y cuerpos sin identificar.
La aparente “paz” que presume el Gobierno de Baja California Sur estalló en controversia.
Este miércoles, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Patricia López Navarro, celebró en redes sociales que la entidad ocupa el segundo lugar nacional con menos homicidios dolosos, provocando que los colectivos de búsqueda respondieran con un mensaje demoledor: “el estado también se encuentra entre los primeros lugares nacionales en desapariciones.”
“BCS EN SEGUNDO LUGAR NACIONAL con menos muertes dolosas. Sí podemos. Datos y hechos”, publicó la funcionaria tras difundirse el informe del Gabinete de Seguridad Nacional correspondiente al mes de abril de 2026.
Pero el colectivo Búsqueda x La Paz lanzó un posicionamiento que encendió aún más el debate público y exhibió la otra cara de la crisis que golpea a Baja California Sur.
“Qué bueno que disminuyan los homicidios. Cualquier avance en seguridad debería reconocerse. Pero ojalá ese mismo entusiasmo existiera para hablar de otra realidad que también se mide con datos y hechos: las desapariciones”, señalaron las madres buscadoras.
La agrupación sostuvo que Baja California Sur ocupa el segundo lugar nacional en personas desaparecidas, según cifras del sistema México Evalúa, situación que calificaron como una profunda contradicción frente al discurso oficial de tranquilidad y seguridad.
“No se puede construir un discurso de seguridad ignorando a las madres buscadoras ni minimizando un delito que sigue creciendo”, reclamó el colectivo. La frase que más estremeció las redes sociales fue contundente: “Menos narrativa selectiva y más acciones reales. Porque la seguridad no se presume a medias, cuando las madres buscadoras cada domingo abren y abren fosas”.
El choque entre el discurso gubernamental y la realidad de las familias buscadoras destapó nuevamente la crisis humanitaria que atraviesa el estado. La líder de Búsqueda x La Paz, Iris Manríquez, acusó directamente al gobierno estatal de presentar cifras “maquilladas” que no reflejan el verdadero nivel de violencia que vive Baja California Sur.
“Sentimos mucho coraje e impotencia porque son muchos años. En mi caso tengo nueve años buscando a mi hermana, pero desgraciadamente esto ha estado aumentando”, declaró, refiriéndose a la búsqueda incansable de Elvira Yolanda Manríquez Pérez, desaparecida desde el 12 de julio del 2017.
La activista advirtió que muchos cuerpos encontrados en fosas clandestinas deberían contabilizarse como homicidios dolosos, pero terminan fuera de las estadísticas oficiales, creando una percepción artificial de paz.
“Un cuerpo localizado en una fosa clandestina es un homicidio”, sentenció. La denuncia golpea particularmente a municipios del norte del estado como Loreto, donde, según los colectivos, las desapariciones pasaron de ser casos aislados a superar los 50 registros recientes.
Además, las madres buscadoras acusaron una severa crisis forense y de identificación humana en Baja California Sur.
De acuerdo con los datos recolectados por los colectivos, se han localizado más de 150 cuerpos en distintos puntos del estado; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) apenas habría entregado alrededor del 40 por ciento de los restos a sus familiares.
Familias enteras permanecen atrapadas entre la incertidumbre, la burocracia y el abandono institucional, mientras decenas de cuerpos siguen acumulándose sin identificar.
Iris Manríquez cuestionó también la postura del procurador general de justicia del estado, Antonio López Rodríguez, quien ha rechazado públicamente que exista falta de personal.
“Dicen que no hace falta personal, pero nosotros que lo vivimos día a día en el campo y en los procesamientos, nos damos cuenta de que sí hace falta personal en esas áreas”, afirmó.
Como muestra del colapso institucional, relató el caso de una familia que tuvo que esperar dos años para ser notificada sobre la localización de un joven que llevaba apenas tres meses desaparecido.
El colectivo sostiene que el cuello de botella en laboratorios forenses, la escasez de peritos y la lentitud burocrática están paralizando investigaciones y prolongando el sufrimiento de cientos de familias sudcalifornianas.
Pero la tragedia, dicen, también golpea a los llamados “huérfanos de la desaparición”: niñas y niños que quedan bajo el cuidado de abuelas y madres solas tras la desaparición de quienes sostenían económicamente sus hogares.
Ante la falta de apoyos oficiales, las propias madres buscadoras han tenido que organizar colectas de víveres y despensas para sobrevivir. Aunque reconocen coordinación logística con la Comisión Estatal de Búsqueda encabezada por Lizeth Collins, afirman que el sistema integral de justicia continúa funcionando como “un elefante blanco”.
Las cifras del primer cuatrimestre de 2026 retratan la magnitud de la crisis. Durante los primeros cuatro meses del año, los colectivos reportaron el hallazgo de 34 fosas clandestinas en distintos puntos de Baja California Sur, con más de 30 restos humanos recuperados en jornadas de búsqueda realizadas por sus familiares.
Entre las zonas intervenidas aparecen Santa Anita, la Presa San Lázaro, el tramo Zaragoza-La Purísima en Comondú, así como El Cajoncito y San Juan de la Costa en La Paz.
La capital sudcaliforniana concentra el mayor número de hallazgos con 19 fosas clandestinas, seguida de Comondú con 12 y Los Cabos con tres sitios detectados. Además, el colectivo Búsquedas San José del Cabo informó recientemente la localización de dos fosas adicionales en Los Cabos, donde fueron recuperadas tres osamentas más.
Hasta ahora, 25 fosas han sido procesadas oficialmente, permitiendo la recuperación de 36 cuerpos.
Frente a este panorama, las agrupaciones reiteraron el llamado urgente a familiares de personas desaparecidas para interponer denuncias, acercarse a los colectivos y aportar muestras de ADN que permitan acelerar las identificaciones.
Porque mientras el gobierno presume estadísticas de “paz”, en Baja California Sur las madres siguen escarbando la tierra con sus propias manos buscando a quienes nadie más ha podido encontrar.
