La Fiscalía Anticorrupción y la UIF revisan patrimonio, movimientos financieros y bienes del director de informática de la Secretaría de Finanzas por el delito de enriquecimiento ilícito.
La Paz, Baja California Sur.- Un nuevo caso de presuntas irregularidades patrimoniales explotó en el Gobierno de Baja California Sur. La administración estatal confirmó el inicio de una investigación formal contra Juan Ignacio “N”, un funcionario adscrito a la Dirección General de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración, luego de detectar bienes que presuntamente no serían congruentes con los ingresos reportados por el servidor público.
Fue el gobernador Víctor Castro Cosío quien confirmó públicamente que el expediente ya fue turnado a las instancias correspondientes y que la indagatoria avanza tanto en el ámbito estatal como financiero.
De acuerdo con lo expuesto por el mandatario estatal, el procedimiento comenzó tras la detección de patrimonio bajo revisión, incluyendo dos vehículos de alto valor económico y otros bienes que actualmente forman parte de las pesquisas.
“Si no concuerda que un servidor tenga bienes, se va a llevar hasta las últimas consecuencias”, advirtió Víctor Castro al referirse al combate a posibles actos de corrupción dentro de su administración.
Las investigaciones se concentran sobre Ignacio Juan “N”, quien aparece en registros públicos como director de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
De acuerdo con información confirmada por autoridades estatales, ya se encuentran interviniendo la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancias encargadas de revisar declaraciones patrimoniales, movimientos financieros, operaciones bancarias y la posible correspondencia entre ingresos declarados y bienes detectados.
El Gobernador confirmó además que como parte de las acciones derivadas del procedimiento que ya fueron asegurados dos vehículos de la marca de lujo alemana Mercedes Benz, uno valuado en 5 millones de pesos y el segundo en 3 millones de pesos. Ambas unidades, vinculadas al caso “Tenía un carro de 5 millones…ahorita logramos quitarle 2”, declaró al referirse a las medidas implementadas.
Asimismo, precisó que existen otros bienes patrimoniales que continúan bajo revisión.
Mientras las investigaciones avanzan, el Gobierno del Estado confirmó que ya inició el proceso administrativo para separar del cargo al funcionario, además de la entrega-recepción correspondiente, la cual deberá concluir antes de finalizar mayo.
La intención, explicó la administración estatal, es permitir que las investigaciones continúen sin interferencias administrativas y garantizar la operación institucional. Víctor Castro Cosío insistió en que el proceso debe conducirse bajo el principio de presunción de inocencia y reiteró que será la investigación la que determine responsabilidades.
“Si son inocentes, que se defiendan, pero mi obligación es no ser omiso”, expresó.
También aseguró que los procedimientos forman parte de una estrategia permanente para combatir posibles actos de corrupción al interior del aparato gubernamental. “Vamos a seguir investigando por denuncias, a veces ciudadanas”, señaló.
Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo reserva mayores detalles de la carpeta debido al sigilo procesal, mientras continúa integrando información patrimonial, financiera y administrativa relacionada con el caso.
La investigación sigue abierta. Y en Baja California Sur, un nuevo expediente pone nuevamente bajo presión el cuestionable discurso de combate a la corrupción dentro del servicio público en el estado.
