El asesinato del ex subprocurador Bernardo Soriano Castro permanece impune. La PGJE sostiene que fue una ejecución planeada por un grupo cuyos integrantes, presuntamente, no son de Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur.- Cinco meses han pasado desde que un comando armado emboscó y ejecutó al ex subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), Bernardo Soriano Castro, en una de las zonas habitacionales de mayor crecimiento de La Paz. Cinco meses después, el expediente sigue sin una sola persona detenida.
El caso no sólo representa uno de los asesinatos más delicados en la historia reciente de Baja California Sur. También expone las vulnerabilidades de las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado: un ex responsable de perseguir a las organizaciones criminales fue asesinado con una operación cuidadosamente planeada, utilizando armas largas, en pleno horario escolar y frente a su hija menor.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sostiene que las investigaciones continúan. Sin embargo, el procurador Antonio López Rodríguez reconoció que aún no existe una orden de aprehensión y que los presuntos responsables ni siquiera serían originarios del estado.
“No hay detenidos… seguimos trabajando en la identificación de los responsables, quienes incluso no son personas locales“, declaró.
La afirmación confirma una de las hipótesis que desde los primeros días manejaban integrantes de las mesas de seguridad: el grupo que ejecutó el atentado habría llegado específicamente para cumplir la misión y abandonar Baja California Sur inmediatamente después.
La historia de Bernardo Soriano comenzó a cambiar meses antes de que lo asesinaran. Durante años fue uno de los principales operadores de la Procuraduría en investigaciones contra secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
Pero en 2025 comenzó a romper una regla no escrita dentro de muchas instituciones de seguridad: hablar públicamente.
Soriano denunció que en Baja California Sur sí existía cobro de piso; advirtió sobre la infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales y cuestionó la falta de recursos para enfrentar a las organizaciones criminales.
Sus declaraciones contrastaban con el discurso oficial que minimizaba la presencia de esos delitos. En junio de 2025 lanzó una de sus críticas más severas.
“Se exige mucho a fiscales y ministerios públicos, pero no les dan herramientas para combatir al crimen.”
Semanas después fue removido de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto y enviado al Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, un movimiento que diversos sectores interpretaron como una degradación administrativa.
Lejos de guardar silencio, volvió a aparecer públicamente.
El 9 de febrero de 2026, apenas dos semanas antes de morir, reiteró que negar el cobro de piso era engañar a la ciudadanía.
“Esa farsa de que no hay cobro de piso es una mentira. A mí me tocó combatir el cobro de piso… me tocó llevar asuntos de secuestro en Baja California Sur.”
Tres días después recibió un oficio firmado por el procurador Antonio López Rodríguez.
La institución le notificó que sería removido por “pérdida de confianza“, argumentando que había realizado declaraciones públicas fuera de sus atribuciones.
El 16 de febrero dejó oficialmente la Procuraduría.
Con ello también perdió la protección institucional que durante años acompañó a uno de los funcionarios más expuestos en el combate contra grupos criminales.
Nueve días después fue asesinado.
LA EMBOSCADA.
El 25 de febrero, a las 7:02 de la mañana, Soriano salió de Residencial Hispania para llevar a su hija a la escuela.
Nunca llegó.
De acuerdo con información obtenida por integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, el comando ya lo esperaba.
Las cámaras de videovigilancia registraron una secuencia que refleja el nivel de planeación del atentado.
Una primera ráfaga.
Dieciocho segundos después, otra.
Luego una tercera y una cuarta descarga con un segundo fusil de asalto.
Finalmente, una última ráfaga prolongada.
Todo ocurrió en poco más de treinta segundos.
Mientras los disparos aún retumbaban entre las viviendas, los vehículos utilizados por los agresores ya escapaban por rutas previamente definidas.
La hija del ex funcionario logró sobrevivir.
Un vecino la puso a salvo.
Su padre murió dentro de la camioneta.
Durante las siguientes horas se desplegó uno de los operativos más importantes registrados ese año en La Paz.
Cateos.
Aseguramientos.
Vehículos presuntamente relacionados con la logística del atentado.
Fusiles de asalto.
Municiones.
Chalecos balísticos.
Incluso fueron localizadas unidades con reportes de robo y vehículos que, según fuentes de investigación, podrían haber sido utilizados por el grupo armado.
Pese al despliegue, los autores materiales siguen prófugos.
Fuentes consultadas dentro de las mesas de seguridad sostienen que cuando los aseguramientos comenzaron, el grupo que ejecutó la operación probablemente ya había abandonado Baja California Sur.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció en su momento que el asesinato “sacudió” al estado.
No era para menos.
Se trataba de un ex subprocurador especializado precisamente en perseguir a las organizaciones criminales.
Un funcionario que, además, había denunciado amenazas mediante narcomantas y aseguraba que esos mensajes eran consecuencia de los golpes que encabezó contra células delictivas.
La PGJE insiste en que ninguna línea de investigación ha sido descartada.
También asegura que el caso se desarrolla con rigor, objetividad y transparencia.
Pero cinco meses después, se desconoce quién ordenó ejecutar a uno de los hombres que durante años persiguió al crimen organizado.
Peor aún.
No existe explicación sobre cómo pudo un comando armado preparar, ejecutar y abandonar Baja California Sur tras asesinar al ex jefe de Delitos de Alto Impacto sin que, hasta ahora, se haya realizado una sola captura.
Mientras esas respuestas no lleguen, el expediente Bernardo Soriano Castro seguirá siendo mucho más que un homicidio sin resolver.
Será uno de los casos que mejor retrata la capacidad operativa del crimen organizado y las deudas pendientes del Estado frente a una sociedad que exige justicia.
