La FGR vinculó a proceso a Gilberto "N" tras asegurarle 100 piezas de madera forestal en La Paz, por lo que este caso contrasta con la explotación ilegal de material pétreo en una zona protegida donde no hay detenidos.
La Paz, Baja California Sur.- La aplicación de la justicia ambiental en Baja California Sur se mide con dos varas. Mientras un hombre fue vinculado a proceso por transportar 100 piezas de madera de mezquite en un vehículo sobre la carretera transpeninsular, los casos de extracción ilegal de material pétreo en zonas naturales protegidas continúan generando cuestionamientos ante la ausencia de responsables detenidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de Control determinó vincular a proceso a Gilberto “N”, por su probable responsabilidad en un delito contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión de materia prima forestal.
De acuerdo con la carpeta integrada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el imputado fue detenido durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y la Secretaría de Marina en el kilómetro 9 de la carretera transpeninsular, a la altura de la colonia Calafia, al sur de La Paz.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo en cuyo interior fueron localizadas 100 piezas de madera de mezquite, motivo por el cual se inició una investigación por la presunta posesión ilegal de material forestal.
La FGR informó que se realizaron inspecciones del sitio de detención, del vehículo y de los indicios asegurados, además de dictámenes periciales en materia ambiental y forense.
Aunque la autoridad federal recordó que el acusado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria, el caso vuelve a poner sobre evidencia la forma en que se persiguen los delitos ambientales en el estado.
El procesamiento de Gilberto “N” ocurre en medio de la controversia generada por la extracción ilegal de material pétreo detectada recientemente en la zona de amortiguamiento de la Sierra La Laguna, una de las zonas ecológicas más importantes de Baja California Sur.
En ese caso, la CONAGUA, como autoridad federal, confirmó que se clausuraron actividades relacionadas con la extracción de piedra y material pétreo dentro de una región considerada estratégica por su biodiversidad, sus acuíferos y su función como principal zona de recarga de agua para la entidad.
Sin embargo, pese a la magnitud del impacto señalado por grupos ambientalistas y los habitantes de comunidades cercanas, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o procesadas por la explotación irregular del banco de material.
La diferencia entre ambos casos ha provocado críticas de organizaciones civiles que cuestionan si la persecución de los delitos ambientales está alcanzando a quienes provocan afectaciones de mayor escala.
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Mientras un particular enfrenta un proceso judicial por la posesión de madera de mezquite, una actividad extractiva que puede afectar ecosistemas completos permanece bajo la discusión pública sin que se conozcan responsables sujetos a un procedimiento penal.
Baja California Sur enfrenta desde hace años conflictos relacionados con la protección de sus ecosistemas: desarrollos turísticos, cambio de uso de suelo, extracción de recursos naturales y aprovechamientos irregulares.
Para varios especialistas y colectivos ambientales, la defensa del territorio no solo requiere clausuras administrativas, sino investigaciones que permitan determinar responsabilidades cuando existen posibles daños al patrimonio natural.
El caso de Gilberto “N” se suma así a la lista de expedientes ambientales judicializados en Baja California Sur, pero también expone una interrogante sobre si la justicia ambiental está llegando realmente a quienes generan los mayores impactos sobre los ecosistemas de la región sudcaliforniana.
