Una carta abierta señala presuntas irregularidades contra mandos de seguridad pública, cambios arbitrarios de adscripción, explotación laboral y represalias contra policías.
Los Cabos, Baja California Sur.- A través de una carta abierta dirigida a la ciudadanía, medios de comunicación y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, elementos de la policía de Los Cabos denunciaron la existencia de una estructura marcada por presuntos abusos de poder, corrupción, hostigamiento laboral y protección a mandos señalados por diversas irregularidades.
El documento, fechado el 9 de julio de 2026, expone un escenario de inconformidad entre policías preventivos, seguridad pública y elementos de Tránsito Municipal, quienes aseguran laborar bajo condiciones de presión, temor a represalias y falta de garantías laborales.
Los denunciantes señalan directamente al director de Tránsito de Cabo San Lucas, José David Pérez Torres, de ejercer presuntamente un uso arbitrario de sus facultades, afectando –según la carta– a más de 100 integrantes de la corporación mediante cambios de adscripción, cargas laborales excesivas y decisiones que impactan la economía y estabilidad familiar de los agentes.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la situación que, aseguran, enfrentan madres solteras que forman parte de la corporación.
De acuerdo con el documento, algunas elementos que son el único sustento económico de sus hogares han sido obligadas a cubrir guardias adicionales sin previo aviso, incluso cuando enfrentan emergencias médicas de sus hijos, compromisos escolares o situaciones familiares consideradas de fuerza mayor.
Las denunciantes aseguran que negarse a estas disposiciones puede derivar en hostigamiento laboral, sanciones e incluso despidos, pese a la presentación de justificantes médicos.“Mientras a las madres trabajadoras y a los elementos honestos se les castiga, los altos mandos gozan de privilegios”, señala la carta.
El documento también enumera una serie de señalamientos contra distintos mandos y ex mandos de la corporación. Las acusaciones, contenidas en la carta, no han sido confirmadas por las autoridades competentes y corresponden a denuncias realizadas por los firmantes.
Entre los casos mencionados se encuentra el de José David Pérez Torres, de quien los denunciantes afirman que enfrenta señalamientos por presunto abuso de autoridad y explotación laboral, además de referir acusaciones previas por un delito sexual, situación que –según la carta– no ha impedido que continúe en funciones.
También señalan a Heriberto Miramontes Gámez, ex director de la Policía Preventiva, a quien atribuyen presuntas prácticas de intimidación, amenazas, cobros indebidos y condicionamiento de beneficios laborales. Asimismo, cuestionan que continuara dentro de la estructura policial pese a reportes internos que, aseguran, fueron presentados previamente.
La carta afirma además que Miramontes continúa percibiendo ingresos económicos pese a encontrarse privado de la libertad, aunque dicha afirmación requiere ser corroborada oficialmente.
Los denunciantes también mencionan a otros funcionarios de la estructura policial:
-Un director de la Academia, identificado únicamente por el apellido Araiza, al que acusan de presuntamente sustraer combustible de unidades oficiales sin consecuencias administrativas.
–Juan Manuel Torres, ex coordinador de Tránsito, señalado por presuntas irregularidades relacionadas con cobros indebidos al transporte de trabajadores de la construcción.
–Cirilo Castro, coordinador de Tránsito, de quien afirman habría dado positivo en una prueba toxicológica y cuestionan que continúe en funciones.
-Un coordinador identificado como “Pinky”, acusado de presunto favoritismo laboral hacia una persona cercana mediante un horario privilegiado.
–Daniel Ceseña, coordinador en San José del Cabo, señalado por presuntamente continuar activo pese a cuestionamientos relacionados con evaluaciones de control de confianza.
Los firmantes solicitaron la intervención de las autoridades municipales, estatales y federales, así como de organismos defensores de derechos humanos, para realizar una revisión profunda de la Secretaría de Seguridad Pública de Los Cabos.
Entre sus exigencias se encuentran una auditoría interna, investigación de los señalamientos, revisión de permanencia de mandos cuestionados y el cese de prácticas que consideran violatorias de los derechos laborales de los elementos operativos.
La denuncia expone las condiciones internas de una institución encargada de garantizar seguridad pública, pero que enfrenta acusaciones sobre presuntas prácticas que, de comprobarse, afectarían su funcionamiento y la confianza ciudadana.
Hasta el momento, el gobierno municipal de Los Cabos y los directivos de Seguridad Pública no han emitido una postura oficial respecto a los señalamientos contenidos en la carta abierta. Corresponderá a las instancias competentes determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, establecer responsabilidades.
