El diputado morenista, Sergio Huerta Leggs, acusó al titular de la CONAGUA de actuar con prepotencia, obstaculizar los derechos de mujeres y afectar el suministro de agua en Los Cabos.
La Paz, Baja California Sur.- La permanencia de Julio César Villarreal Trasviña al frente de la representación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California Sur volvió a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez no se trata únicamente de cuestionamientos administrativos, sino de un exhorto formal presentado en el Congreso del Estado para solicitar su destitución por presunta incapacidad, abuso de funciones, violencia institucional y posibles violaciones a los derechos de las mujeres.
La propuesta fue presentada por el diputado de MORENA, Sergio Ricardo Huerta Leggs, quien desde la tribuna legislativa sostuvo que el funcionario federal mantiene una conducta incompatible con los principios de la llamada Cuarta Transformación y ha convertido una dependencia estratégica para Baja California Sur en un espacio marcado por la opacidad, la confrontación y el ejercicio discrecional del poder.
El legislador recordó que no es la primera vez que solicita la salida del delegado de CONAGUA. Hace más de un año, dijo, denunció el cierre de pozos en la zona de Migriño, decisión que –aseguró– dejó sin abastecimiento de agua mediante pipas a alrededor de 60 colonias de Cabo San Lucas, afectando directamente a miles de familias y atribuyendo la medida a intereses políticos más que técnicos.
La nueva ofensiva legislativa surge tras los señalamientos realizados por la diputada Karina Olivas Parra, quien denunció que Villarreal Trasviña habría impedido una conferencia dirigida a trabajadores de la CONAGUA en el marco del programa Miércoles Naranja, donde abordaría temas relacionados con derechos de las mujeres y su trabajo legislativo.
Según el documento, la cancelación fue respaldada por comunicaciones entre la dependencia y el Sindicato Único de Trabajadores Democráticos de la SEMARNAT, mismas que, a juicio del promovente, evidencian una actuación dolosa por parte del funcionario.
Huerta Leggs sostiene que estas acciones podrían configurar violencia política contra las mujeres y violencia institucional, al considerar que se obstaculizó el ejercicio de derechos de una representante popular y de las trabajadoras de la dependencia, invocando disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El documento también cita la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al señalar que el abuso de funciones constituye una falta grave que puede derivar en sanciones como suspensión, destitución, sanciones económicas e incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos, siempre que las autoridades competentes acrediten dichas conductas mediante los procedimientos correspondientes.
Con base en esos argumentos, el diputado presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual solicita al director general de CONAGUA, Efraín Morales López, remover a Julio César Villarreal Trasviña de la dirección local de la dependencia en Baja California Sur. Asimismo, pidió al Órgano Interno de Control realizar una revisión exhaustiva de su gestión para determinar si existen responsabilidades administrativas.
El caso adquiere relevancia política porque representa uno de los cuestionamientos más severos realizados desde la propia bancada de MORENA contra un funcionario del Gobierno Federal en Baja California Sur.
Hasta el momento, el documento constituye una propuesta legislativa y contiene las acusaciones formuladas por el promovente; corresponderá a las autoridades competentes analizar los señalamientos y determinar si existe responsabilidad administrativa o de otra naturaleza.
