La muerte de Carlos Beltrán Olmeda estremeció sus vínculos políticos en Sinaloa y Los Cabos, en medio de los señalamientos criminales que negó y las amenazas que recibió antes de desaparecer.
Los Cabos, Baja California Sur.- La historia de Carlos Alberto Beltrán Olmeda no comenzó en Los Cabos.
Antes de ocupar uno de los cargos administrativos de mayor peso dentro del Ayuntamiento de Los Cabos, el ex funcionario construyó parte de su trayectoria política en Sinaloa y Sonora.
Su nombre, sin embargo, terminó vinculado a una trama de señalamientos políticos y criminales que adquirió otra dimensión después de su desaparición y del hallazgo de sus restos en una fosa clandestina.
Beltrán Olmeda fue identificado mediante pruebas de genética forense como la persona cuyos restos fueron localizados el pasado 13 de julio en una zona de inhumación clandestina cercana a la colonia La Ballena, en San José del Cabo.
La confirmación de la identidad cerró una parte de la incertidumbre sobre su paradero, pero abrió una pregunta mucho más profunda: ¿qué ocurrió con el ex funcionario después de abandonar la Oficialía Mayor y quién estuvo detrás de su desaparición y muerte?
En medio de un silencio total por parte del Gobierno Municipal de Los Cabos, la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.
De acuerdo con su propio currículum, entre 2021 y 2022 Beltrán Olmeda se desempeñó como asesor político de Rubén Rocha Moya, quien en ese periodo pasó de gobernador electo a gobernador de Sinaloa.
Fue en febrero de 2022 cuando llegó a Baja California Sur para incorporarse al Ayuntamiento de Los Cabos, entonces encabezado por Óscar Leggs Castro.
Inicialmente ocupó una posición como asesor de presidencia. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, asumió la Oficialía Mayor, una posición estratégica desde la cual tuvo bajo su responsabilidad áreas relacionadas con recursos humanos, recursos materiales y diversos procesos administrativos de la administración municipal.
Su llegada a Los Cabos no pasó inadvertida.
El propio Óscar Leggs Castro declaró posteriormente que la incorporación de Beltrán Olmeda a su gobierno habría obedecido a instrucciones provenientes del entorno político de Rocha Moya.
Ese antecedente adquiere especial relevancia después de que el nombre del ex funcionario apareciera en señalamientos que lo relacionaban, sin que exista hasta ahora una sentencia judicial que acredite esas acusaciones, con operadores de grupos criminales.
Antes de desaparecer, Beltrán Olmeda ya había sido colocado bajo escrutinio público.
En abril de 2025, su nombre apareció en narco mantas con amenazas instaladas en distintos puntos de La Paz y Los Cabos y comenzaron a circular versiones que lo relacionaban presuntamente con integrantes de organizaciones criminales.
Fuentes de seguridad consultadas para esta investigación refirieron la existencia de documentos y testimonios en los que se mencionaban presuntas redes políticas y criminales con presencia en Baja California Sur.
Entre esas referencias apareció una ficha atribuida a la Unidad de Inteligencia Naval en la que supuestamente se señalaban vínculos entre operadores políticos y estructuras delictivas.
Una de las fuentes consultadas sostuvo que Beltrán Olmeda habría sido “reclutado en Culiacán” por una red relacionada con Iván Archivaldo Guzmán, y que operadores de esa estructura habrían buscado posiciones dentro de instituciones públicas de Baja California Sur.
El 25 de mayo de 2026, estos señalamientos fueron negados por Beltrán Olmeda cuando todavía ocupaba la Oficialía Mayor. El entonces funcionario fue cuestionado directamente sobre las acusaciones.
Su respuesta fue tajante: “Todo es totalmente falso”. Beltrán negó tener acuerdos, pactos o cualquier relación con actividades fuera de la ley, pero ese mismo día anunció su salida de la Oficialía Mayor.
Argumentó motivos personales y rechazó que su renuncia estuviera relacionada con diferencias con el alcalde Christian Agúndez Gómez. Después desapareció.
La desaparición de Beltrán Olmeda ocurrió pocas semanas después de su salida del Ayuntamiento. Durante casi siete semanas no hubo información pública sobre su paradero.
El 13 de julio, una investigación relacionada con una posible inhumación clandestina condujo a las autoridades hasta una brecha de terracería que comunica con la zona de La Ballena.
Ahí fueron localizados restos óseos.
En ese momento, las autoridades no confirmaron públicamente que correspondieran al ex funcionario. Fue necesario esperar los resultados de la genética forense, sin embargo, la incertidumbre terminó poco más de un mes después.
Los estudios confirmaron que los restos correspondían a Carlos Alberto Beltrán Olmeda. El hombre que había ocupado la Oficialía Mayor de Los Cabos había sido encontrado muerto y enterrado clandestinamente.
La identificación de Beltrán Olmeda ocurre además en un momento particularmente delicado para Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa ha sido colocado en el radar público a raíz de señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos políticos y de protección con una estructura relacionada con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones estadounidenses sostienen que, durante el proceso electoral de 2021, Rocha Moya habría tenido encuentros con Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán.
De acuerdo con esa versión, se habría planteado un acuerdo mediante el cual el grupo criminal apoyaría su candidatura a cambio de condiciones favorables para operar y de la colocación de personas afines dentro de estructuras gubernamentales.
Las acusaciones también sostienen que, una vez instalado el gobierno de Rocha Moya, “Los Chapitos” habrían obtenido influencia sobre corporaciones de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa.
No obstante, esas acusaciones corresponden a señalamientos contenidos en documentos estadounidenses y no constituyen por sí mismas una sentencia contra Rocha Moya ni prueban que Beltrán Olmeda haya participado en una estructura criminal.
Es precisamente ahí donde la trayectoria del ex oficial mayor adquiere relevancia. Beltrán Olmeda fue asesor político de Rocha Moya antes de trasladarse a Baja California Sur y posteriormente ocupar un cargo de alta responsabilidad en el gobierno municipal de Los Cabos.
Semanas atrás comenzó a circular en redes sociales un video atribuido a una presunta operadora vinculada a la delincuencia organizada. En la grabación, María Elizabeth “N” —presentada como presunta integrante de una estructura criminal— hizo referencia a una persona identificada como “Cazabaches” y describió una supuesta privación ilegal de la libertad en una brecha ubicada en La Ballena.
En el relato se menciona una exigencia económica de cinco millones de pesos y se proporciona información sobre el sitio donde supuestamente habría sido enterrada una persona.
Posteriormente, las autoridades acudieron a la zona y localizaron los restos que finalmente fueron identificados como los de Beltrán Olmeda.
La coincidencia entre el contenido de ese video, el sitio señalado y el posterior hallazgo de la osamenta constituye uno de los elementos que ahora deberán ser esclarecidos por las autoridades en Baja California Sur.
Pero existe una diferencia fundamental entre una versión difundida por presuntos integrantes del crimen organizado y una prueba judicial: la primera puede orientar una investigación, pero solamente la autoridad ministerial y los tribunales pueden establecer responsabilidades.
La muerte de Beltrán Olmeda entrelaza las redes políticas que conectan a Sinaloa con Baja California Sur, precisamente cuando el entorno de Rocha Moya enfrenta una de sus mayores crisis políticas y judiciales.
Por ahora, no existe evidencia pública que permita afirmar que Beltrán Olmeda perteneciera a una organización criminal ni que su muerte haya sido ordenada por una estructura determinada.
Lo que sí existe es una secuencia de hechos que obliga a profundizar la investigación debido a su trayectoria política en Sinaloa, su llegada a Los Cabos, los señalamientos que recibió, las amenazas previas a su desaparición, su salida del gobierno municipal y, finalmente, la localización de sus restos en una inhumación clandestina.
La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas continúa con las indagatorias para esclarecer el caso.
Hasta que todas las preguntas tengan respuesta judicial, el caso Beltrán Olmeda seguirá siendo uno de los expedientes más inquietantes de la conexión entre poder político, crimen organizado y gobierno en Baja California Sur.
