La denuncia de una presunta ejecución planeada llevó a la FGR hasta un inmueble donde fueron aseguradas dos personas, armas, cargadores y cartuchos en Los Cabos.
Los Cabos, Baja California Sur.- Una denuncia por amenazas terminó por destapar un arsenal en un inmueble de Los Cabos, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron armas de fuego, cargadores y decenas de cartuchos, además de la detención de dos personas.
De acuerdo con la autoridad federal, el operativo se realizó mediante una orden de cateo como parte de una investigación por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La investigación tuvo su origen en la denuncia de una persona que afirmó haber sido amenazada y señaló que, presuntamente, un individuo habría contratado a otra persona para localizarla y dispararle.
El denunciante también habría advertido a las autoridades que el señalado contaba con diversas armas.
A partir de esa información, agentes de la Policía Federal Ministerial realizaron actos de investigación en el domicilio señalado. La FGR informó que, durante las indagatorias, se corroboró que la persona investigada no contaba con permiso o autorización para portar armas de fuego.
Con esos elementos, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de cateo, misma que posteriormente fue ejecutada en el inmueble ubicado en el municipio de Los Cabos.
Durante la diligencia, las autoridades localizaron y aseguraron:
– Dos armas de fuego cortas.
– Un revólver.
– Un rifle de aire.
– Cinco cargadores.
– 130 cartuchos.
Además del armamento y las municiones, el inmueble donde se realizó el cateo quedó asegurado por la autoridad federal.
La FGR informó que dos personas fueron detenidas durante el operativo y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.
Los indicios también fueron entregados al Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen, características y posible uso del armamento localizado.
El caso comenzó con una acusación que planteaba un escenario particularmente delicado: una persona que habría sido amenazada y que, según su declaración, podía ser localizada para posteriormente ser atacada con un arma de fuego.
La denuncia permitió a los investigadores avanzar hacia el domicilio donde presuntamente se encontraban las armas.
La FGR no informó que las armas hubieran sido utilizadas en el supuesto intento de agresión ni que las personas detenidas hayan sido responsables de las amenazas denunciadas.
Ese punto deberá ser esclarecido durante el desarrollo de la investigación ministerial.
Por ahora, el aseguramiento representa un golpe a la disponibilidad de armas y municiones que, de acuerdo con la autoridad federal, se encontraban en un inmueble donde no existía autorización para su portación.
El caso podría tener consecuencias penales importantes si el Ministerio Público acredita que alguna de las armas aseguradas se encuentra dentro de aquellas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
El artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla sanciones para quienes, sin el permiso correspondiente, posean o acumulen armas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Las penas dependen de factores como el tipo y cantidad de armas involucradas y, en determinados supuestos establecidos por la legislación, pueden alcanzar de seis a 30 años de prisión, además de las multas correspondientes.
Sin embargo, será la autoridad ministerial y, posteriormente, en su caso, un juez, quien determine si el armamento asegurado encuadra en alguno de los supuestos contemplados por la legislación federal.
